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14 de septiembre. Un brote de la variante Delta estalló en la prisión de Parklea. Los familiares explicaron que la mayoría de los reclusos no han sido vacunados, pese a sus reiteradas solicitudes. Por otra parte, no se exige a las personas liberadas someterse a una prueba de PCR, lo que representa un riesgo sobre todo para las poblaciones aborígenes.
1 de julio. El ministro de Sanidad ha anunciado que los reclusos y el personal penitenciario de Australia Occidental recibirían la vacuna de Pfizer en las próximas semanas.
11 de junio. El retraso en la entrega de vacunas ralentizó la campaña de vacunación de los reclusos y del personal penitenciario. Esta situación contradice los anuncios del ministro de la “Respuesta a la COVID-19” que aseguró que no habría desaceleración.
7 de noviembre. Las estadísticas mostraron que,tras el inicio de la pandemia, se observó una reducción de al menos el 10 % de la población carcelaria masculina en Nueva Gales del Sur. Esta tendencia es menos significativa si se tiene en cuenta la población aborigen, que sigue siendo sobrerrepresentada en las prisiones australianas.
18 de octubre El Gobierno desplegó importantes medios logísticos y organizacionales para reabrir los tribunales en completa seguridad. Solo los jurados que estén vacunados podrán participar en los procesos, sus comidas se servirán individualmente y se estudia la idea de instalarlos en “burbujas” herméticas.
4 de marzo. En el estado de Victoria, todos los nuevos reclusos tendrán que guardar una cuarentena obligatoria de 14 días hasta abril de 2022. La prórroga de esta medida, en vigor desde el inicio de la pandemia, debería votarse en quince días. No se ha observado ningún contagio entre reclusos desde la llegada del virus al país.
Los defensores de los derechos humanos denuncian el aislamiento al que se enfrentan estos reclusos, que pasan más de 22 horas al día en las celdas sin ningún contacto humano. El Human Rights Law Center ha denunciado esta decisión: “La cuarentena preventiva es, a menudo, un aislamiento solitario, que, como sabemos, es una práctica inhumana y degradante … y tiene efectos a largo plazo […] Una respuesta más proporcionada implicaría observar el riesgo de COVID-19 y hacer una evaluación individual de todas las personas que ingresan a las prisiones para conocer cuál es su riesgo de COVID-19“.
3 de febrero. El número de menores encarcelados en Nueva Gales del Sur ha disminuido un 32 %, según el NSW Bureau of Crime Statistics and Research (BOSCAR). En diciembre de 2019, esta población ascendía a 270, contra 184, en 2020. La disminución del número de menores encarcelados se debe a las medidas preventivas adoptadas contra la propagación del virus en las prisiones del país. BOSCAR ha informado que, hoy en día, hay más personas que esperan su juicio en libertad y que se han pronunciado menos condenas debido al aplazamiento de los juicios.
3 de febrero. El número de reclusos en el país es equivalente a las cifras registradas en 2016. Este número disminuyó un 6 % entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. La población carcelaria femenina se redujo un 12 % durante el mismo periodo.
1 de julio. Los reclusos y el personal penitenciario de Nueva Gales del Sur rechazan cada vez más la vacuna de AstraZeneca por temor a los raros efectos secundarios.
13 de octubre. Una ola de contagios de COVID-19 se declaró en la prisión de Shortland. La administración puso a una parte de establecimiento en cuarentena y trasladó a los reclusos positivos a la prisión de Silverwater.
30 de marzo. Varios abogados han denunciado la cuarentena obligatoria que impone el estado de Victoria a los nuevos reclusos. Los letrados han afirmado que esta medida, que no se basa en ninguna recomendación sanitaria concreta, repercute de manera negativa en la salud mental de los reclusos. Un miembro de la judicatura ha reiterado: “El Gobierno debería comenzar inmediatamente a realizar una evaluación transparente, regular y rigurosa del uso de la cuarentena preventiva”.
30 de junio. La administración penitenciaria ha prohibido las visitas presenciales a todas las prisiones de Queensland hasta nueva orden.
2 de junio. Una prisión del estado de Victoria tuvo que permanecer en total aislamiento después de que uno de sus agentes estuviera en uno “de los lugares con mayor riesgo de contagio”. Se han suspendido los desplazamientos y las visitas hasta nuevo aviso, y los reclusos deben aislarse en sus celdas. Por el momento, no se ha lamentado ningún caso de COVID-19 en los centros penitenciarios del estado de Victoria.
2 de junio. Una prisión en Melbourne entró en cuarentena debido a la presencia de un agente en una zona con un alto número de contagios. Cientos de reclusos tuvieron que permanecer en sus celdas y se suspendieron las visitas. No se reportó ningún caso de contagio entre los reclusos.
19 de noviembre. La administración penitenciaria consideró que no era necesario separar a los reclusos vacunados y los no vacunados, ya que estimó que las medidas de control adoptadas eran suficientes (cuarentena para los nuevos reclusos y test PCR regulares).
24 de octubre El Gobierno publicó las cifras de vacunación penitenciaria. Un total de 5312 reclusos recibieron su primera dosis y 4003 estarían completamente vacunados.
27 de agosto. La prisión de Spring Hill inició su campaña de vacunación. Se ha administrado la primera dosis a 404 reclusos y 45 están completamente vacunados.
3 de enero. Amnistía Internacional pidió a las autoridades que adoptaran una estrategia de desescalada para poner fin al motín de la prisión de Waikeria que llevaba seis días. Los manifestantes, que denunciaban las condiciones inhumanas y degradantes de reclusión, fueron privados de agua y alimentos.
3 de enero. Los reclusos de la prisión de Waikeria se rindieron tras seis días de manifestaciones.
1 de enero. El motín ha durado varios días en la Cárcel de Waikeria. Hasta la fecha no se ha concluido ninguna negociación. La administración afirmó que privaría de agua a los manifestantes hasta que se rindieran. Un recluso declaró: “Nos quedaremos aquí el tiempo que haga falta […] Dentro o fuera de la prisión, todos somos humanos y queremos que nos traten como tal.
2 de noviembre El ministro de Salud declaró que se detectaron nuevos casos de COVID-19 en la prisión de Auckland.
31 de agosto. Un guardián de la prisión de Spring Hill dio positivo. La administración identificó 23 casos de contacto cercano entre los otros agentes penitenciarios. Todos ellos estaban vacunados y fueron sometidos a un estricto procedimiento de cuarentena antes de presentar una prueba negativa.