Condiciones sanitarias y atención médica¶

5 de septiembre. Con el objetivo de evitar la propagación del virus, el personal de la prisión Arthur Gorrie (Queensland) recibió la orden de desplazarse únicamente entre su domicilio y su lugar de trabajo, sin realizar paradas. El sindicato Together comunicó su incomprensión y pidió explicaciones.

27 de junio. Alrededor de 160 reclusos de la prisión de Bunbury, en Australia Occidental, comunicaron su intención de unirse al programa dedicado a la reintegración de toxicómanos dirigido por la Asociación Doors Wide Open. Las autoridades penitenciarias calcularon, a partir de las incautaciones y las pruebas realizadas, que el consumo y el tráfico de drogas habían disminuido en un 75 % desde la suspensión de las visitas.

22 de mayo. En un depósito de la prisión de Long Bay en Sídney se ha instalado un hospital con capacidad para 33 plazas como preparación ante una posible propagación. Las autoridades de Nueva Gales del Sur afirman llevar desarrollando e implementando estrategias de prevención desde enero.

20 de abril. Se están llevando a cabo pruebas en la prisión de Silverwater, a las afueras de Sídney, a la que llegan la mayoría de los detenidos.

8 de abril. Se pone en aislamiento durante dos semanas a los reclusos que llegan a las prisiones de Queensland. Todos los presos son examinados al entrar y al salir de prisión y solo se permite la entrada a las instalaciones al personal penitenciario y sanitario esencial.

31 de marzo. El ministro federal de Sanidad anuncia la incorporación de los hospitales privados al servicio de salud pública durante la duración de la epidemia de coronavirus. Estos últimos recibirán de forma prioritaria a los prisioneros enfermos.

Sistema judicial¶

24 de octubre. La fiscal general de Victoria prevé una serie de reformas que permitan asegurar la sostenibilidad de las medidas adoptadas durante la pandemia. Una de ellas pretende reducir el número de personas en prisión preventiva y se referiría a la ley sobre la libertad bajo fianza. El número de personas en libertad bajo fianza ha aumentado en un 640% en siete años. Algunas medidas temporales, como el alojamiento transitorio de las personas que salen de prisión, también deberían volverse permanentes.

9 de junio. Las autoridades penitenciarias y judiciales del estado de Victoria han registrado una disminución de la población carcelaria: ahora hay 7 902 reclusos, un 10 % menos que el año anterior. Desde el comienzo de la epidemia, los jueces han optado por tomar medidas alternativas a la reclusión.

10 de mayo. La Oficina de Estadísticas del Servicio Penitenciario de Nueva Gales del Sur registró una disminución del 10.7 % en la población penitenciaria entre el 15 de marzo y el 10 de mayo, la cual se redujo de 14 157 a 12 649, debido principalmente a una importante disminución del número de personas en prisión preventiva, como parte de las medidas de prevención contra la COVID-19.

5 de mayo. El Gobierno federal proporciona 63,3 millones de dólares de emergencia para el sistema judicial, con el objetivo de luchar contra la violencia doméstica y apoyar el desarrollo digital.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

25 de septiembre. El Gobierno del Estado de Victoria ha acordado una reducción excepcional de la pena de un día por cada día de confinamiento estricto. Son 4313 reclusos los que se benefician de una reducción de condena de unos 16,4 días de media. Un funcionario de la administración penitenciaria ha recordado que esta última se reserva el derecho de poner fin a este acuerdo en caso de mala conducta. Sin embargo, ha reconocido que, “a pesar de las dificultades y las restricciones actuales que están enfrentando los reclusos, estamos observando los niveles más bajos de violencia entre ellos desde hace seis años”.
11 de mayo. El programa FreeHer, dirigido por la ONG Sisters Inside, posibilitó la libertad condicional de 125 mujeres reclusas desde el comienzo de la epidemia. Asimismo, la organización paga sus fianzas y les proporciona alojamiento, así como apoyo material y psicológico.

1 de mayo. Un juez de la Corte Suprema ordenó al gobierno de Victoria y a G4S, la compañía a cargo de la prisión de Port Phillip, que mejore las medidas preventivas en la prisión tras la denuncia de un recluso.

22 de abril. El servicio penitenciario de Tasmania está reorientando la producción de sus talleres textiles para tener mascarillas protectoras hechas por los reclusos, de las que ya han confeccionado más de 1 000 ejemplares.

1 de mayo. El antiguo centro de detención de Maribyrnong en Melbourne se está habilitando para recibir, a principios de junio, a las personas que salen de prisión y no tienen alojamiento; las personas condenadas por delitos sexuales quedan excluidas de este dispositivo de emergencia. El establecimiento contará con personal de seguridad y una red de videovigilancia.

31 de marzo. Las autoridades sanitarias federales publicaron una directiva para los establecimientos penitenciarios, la cual especifica las medidas preventivas y el aislamiento de los reclusos bajo sospecha de ser portadores.

25 de marzo. Los servicios penitenciarios del Territorio del Norte se preparan para liberar a varias docenas de prisioneros considerados no peligrosos con el objetivo de evitar la propagación del virus. El 80 % de las 1 700 personas detenidas en el territorio son aborígenes.

22 de marzo. El fiscal general de Nueva Gales del Sur anuncia la libertad condicional de varias centenas de prisioneros del Estado para evitar la propagación del coronavirus en las prisiones. Varias asociaciones de aborígenes aceptan con alivio esta decisión, aunque solicitan medidas más ambiciosas. Los aborígenes, que constituyen solo el 2,5 % de la población australiana, representan un 27,4 % de la población penitenciaria del país y están más expuestos a numerosas patologías.

Vínculos con el exterior¶

21 de noviembre. Las autoridades han distribuido 800 tablets en las prisiones de Dillwynia, de John Morony y de Clarence. Los beneficiarios pueden llamar a sus familias tres veces a la semana sin limitación de tiempo, y, además, tienen acceso a las noticias, a formaciones en línea y a servicios relacionados con su reinserción (apoyo psicológico, cursos sobre el comportamiento, etc.). Si la experiencia resulta positiva, las autoridades plantean introducir esta medida en otras prisiones. Las visitas presenciales se reanudaron a partir del 23 de noviembre.

16 de noviembre. En * Nueva Gales del Sur**, se han reanudado las  visitas. El número de visitantes y la duración de la visita se han limitado y se han implementado medidas de distanciamiento físico.

20 de octubre. Las visitas en los estados de Nueva Gales del Sur y de Victoria continúan prohibidas. A pesar de que las videollamadas están autorizadas, la falta de contacto físico afecta la salud de los reclusos y de sus allegados.

29 de septiembre. Los menores encarcelados en las prisiones de Parkville y Malmsbury (Victoria) han sido privados de contacto físico desde hace siete meses. Los voluntarios que solían visitarlos ahora solo pueden hacerlo por videoconferencia.

16 de septiembre. En la prisión de Risdon (Tasmania), se cancelaron todos los talleres y las clases.

13 de septiembre. En la prisión de Arthur Gorrie (Queensland), se han retomado progresivamente las actividades después de un confinamiento total de dos semanas. Las visitas «no esenciales» siguen prohibidas.

20 de agosto. Se suspendieron las visitas en las prisiones de Brisbane, Arthur Gorrie, Wolston, Borrallon y Southern Queensland.

29 de julio. Las autoridades sanitarias consiguieron suspender las visitas familiares de todas las prisiones del suroeste de Queensland, las cuales se habían retomado desde el 10 de julio. Se siguen autorizando las visitas oficiales y profesionales de abogados, pero deben cumplir con estrictas normas de distanciamiento físico.

24 de julio. El confinamiento total aún vigente en la prisión privada de Ravenhall y en la cárcel de menores de Malmsbury, en el estado de Victoria, solo se permite a los reclusos adultos salir de sus celdas para hacer llamadas telefónicas. Los menores de edad pueden dar paseos, pero más cortos. Muchos de los reclusos de la prisión de Ravenhall no han salido de sus celdas durante varios días.

21 de julio. Las prisiones de Ravenhall, Hopkins, Langi Kal Kal, Barwon, Fulham y Loddon, en el estado Victoria, han sido puestas en aislamiento total después de la detección de varios casos positivos entre los reclusos y el personal.

13 de julio. El Estado de Australia Meridional ha autorizado una reanudación limitada de las visitas familiares a las prisiones. Se han aplicado numerosas medidas preventivas, como la restricción del número de visitantes, la toma de temperatura y el respeto de una distancia obligatoria de 1,5 metros entre el recluso y el visitante en encuentros limitados a 45 minutos.

8 de julio. Un camionero ha sido acusado de contrabando tras ser descubierto traficando con tabaco y esteroides en la prisión de Geoffrey Pearce en el estado de Nueva Gales del Sur. Afirmó que el contrabando en prisión es “fácil”, que los productos los pagan los parientes en el exterior, y que se decidió a hacerlo para compensar los recortes de salario debidos al confinamiento.

5 de julio. Varios agentes del servicio penitenciario del estado de Victoria se han encargado de vigilar el hotel y el aeropuerto de Melbourne, donde los viajeros están en cuarentena. Su experiencia debería ayudar a los servicios de salud a contener mejor la epidemia. A los presos que van a ser deportados del territorio, especialmente a Nueva Zelanda, también se les mantiene en cuarentena en centros similares antes de su deportación.

1 de julio. Las autoridades de Queensland programaron el reinicio de visitas a prisión para el 10 de julio, respetando nuevas condiciones: toma de temperatura, lavado de manos y prohibición de contacto físico. Se ha autorizado una visita por semana por recluso.

27 de junio. Las visitas a prisión se han reanudado en Australia Occidental. El gobierno está emitiendo nuevas leyes que castigan, mediante multas y penas de prisión, a los visitantes culpables de introducir drogas u objetos prohibidos en prisión.

12 de junio. Las actividades deportivas y religiosas se han reanudado en Australia Occidental. La administración penitenciaria está preparando también la reanudación de las visitas para las próximas semanas. Los reclusos y sus allegados deberán respetar medidas de distanciamiento físico. Los dispositivos digitales de videoconferencia continuarán estando disponibles.

Las visitas oficiales, de intervinientes externos, de capellanes o líderes espirituales se han reanudado en las prisiones de Queensland. Las autoridades están preparandose para reanudar las visitas de allegados el 10 de julio.

5 de junio. La administración penitenciaria de Queensland ha instalado un servicio de mensajería vocal para facilitar el contacto entre los reclusos y sus familiares. Este nuevo dispositivo se suma a la correspondencia por correo electrónico y a las videollamadas. La suspensión de las visitas sigue vigente.

10 de abril. Reclusas de la prisión para mujeres de Darwin en el Territorio del Norte continúan, pese al confinamiento, con la emisión de su podcast Birds Eye View.

26 de marzo. Se han suspendido las visitas a prisión en Queensland.

25 de marzo. Se han suspendido las visitas a prisión en el Territorio del Norte.

23 de marzo. Se han suspendido las visitas a prisión en Australia Meridional.

22 de marzo. Las visitas a la prisión han sido suspendidas las visitas a prisión en el distrito de Canberra.

21 de marzo. Se han suspendido las visitas a prisión en el estado de Victoria y en Tasmania.

20 de marzo. Se han suspendido las visitas a prisión en Australia Occidental. Los prisioneros recibieron un crédito telefónico suplementario.

5 de mayo. El Gobierno federal lanza un programa titulado “Safe travel plans” , destinado a garantizar el regreso de los reclusos aborígenes que terminen de cumplir sus penas a sus comunidades con la puesta a disposición de transporte y alojamiento. Los reclusos que salen de prisión deben cumplir obligatoriamente un periodo de confinamiento.

1 de mayo. El servicio penitenciario estatal de Victoria indicó que hasta 600 visitas virtuales se autorizan diariamente.

16 de abril. La suspensión de visitas llevaría a los reclusos a utilizar medios alternativos para procurarse drogas. Presuntamente, se está usando el correo confidencial de los bufetes de abogados, cuya correspondencia no se controla.

13 de abril. Alrededor de 1 200 visitas virtuales tienen lugar en las prisiones de Nueva Gales del Sur. Los 14 000 detenidos de este estado están confinados desde hace un mes y privados de visitas presenciales.

19 de marzo. El estado de Nueva Gales del Sur suspende todas las visitas hasta nueva orden. Ha anunciado que va a proporcionar a las personas detenidas 600 tabletas para que realicen visitas por videoconferencia.
En el estado de Queensland, se ha sometido a miembros del personal y personas detenidas a controles como medida preventiva. Las autoridades de la región de Australia Meridional están elaborando escenarios de crisis para generar una eventual propagación de coronavirus en prisión. Los estados de Queensland y de Australia Occidental anuncian la creación de unidades especiales para gestionar la situación.

Movimientos de protesta¶

3 de septiembre. Algunos internos en la prisión de Borallon, al oeste de Brisbane, protestaron contra el confinamiento del establecimiento. Los reclusos dañaron cuatro celdas, arrojaron basura por las ventanas e intentaron iniciar un incendio. Dos guardias fueron evacuados a un centro de salud debido a “una reacción a los químicos de un extintor de incendios”.

1 de septiembre. Los reclusos de la prisión de Arthur Gorrie, al oeste de Brisbane (Queensland), se amotinaron como consecuencia de un retraso en la distribución de alimentos y medicinas. Debido al cierre total (lockdown) del centro tras el despistaje de dos guardias infectados, los reclusos tuvieron que pasar varios días confinados en sus celdas sin posibilidad de salida (caminata) ni de comunicación. Los amotinados intentaron empezar incendios, rompieron las ventanas, lanzaron basura a los patios e inundaron sus celdas para expresar su exasperación. Dos internos y un guardia fueron evacuados al hospital tras haber inhalado humo.

28 de junio. Un responsable sindical ha informado de más de veinte agresiones de guardias penitenciarios durante las dos últimas semanas en el estado de Queensland. En relación con el mismo incidente, tres vigilantes fueron heridos en la prisión de Borallon, otro fue golpeado en la cara en la prisión de Woodford y otro golpeado durante la apertura de una celda en Townsville. El responsable atribuye las agresiones a la combinación del confinamiento, la superpoblación carcelaria y la ausencia de formación para tratar con las personas que sufren trastornos psiquiátricos.

13 de mayo. Cerca de veinte reclusos de la prisión de Darwin en el Territorio del Norte protestaron contra las medidas de distanciamiento social, escapándose de sus celdas, subiéndose al techo del establecimiento y encendiendo fuegos que dañaron tres edificios y destruyeron uno. Se calculan daños de varios millones de dólares. Alrededor de cien vigilantes y policías se movilizaron para reprimir el movimiento. Al menos dos prisioneros resultaron heridos, uno de ellos fue mordido por un perro.

7 de mayo. Tres prisioneros fallecieron en las prisiones de Woodford y Wolston en Queensland en un periodo de cuatro días. Dos de ellos fueron encontrados con signos de automutilación. Las investigaciones están en curso y Debbie Kilroy, de la ONG Sisters Inside, cuestiona la presión psicológica del encierro.

13 de abril. En las prisiones de Wellington y Goulburn en Nueva Gales del Sur tienen lugar motines. Los guardias reprimen la protesta utilizando gas.

6 de abril. Algunos prisioneros se refugian en el tejado de la prisión privada Arthur Gorrie, en protesta contra la suspensión de las visitas en las prisiones de Queensland. El comisario de las prisiones ordena el confinamiento general de los establecimientos penitenciarios del estado para prevenir otro motín.

28 de marzo. Deux prisonniers mettent le feu à leur cellule dans l’aile de haute sécurité de la prison de Cessnock (Nouvelle-Galles du Sud). Ils protestent contre les restrictions qui leur sont appliquées. La suspension des parloirs réduit, selon l’administration pénitentiaire, le trafic de drogues en détention et accroit les tensions. Dos prisioneros han prendido fuego a sus celdas dentro del ala de alta seguridad de la cárcel de Cessnock (Nueva Gales del Sur). Protestan contra las restricciones que se les han aplicado. La suspensión de locutorios reduce, según la administración penitenciaria, el tráfico de drogas en detención y acrecienta las tensiones.

Llamamientos y recomendaciones¶

14 de diciembre. Los abogados de los derechos humanos han solicitado que se ponga a fin a la cuarentena obligatoria de 14 días en la prisión de Victoria para los reclusos entrantes. El establecimiento no registra actualmente ningún caso de COVID-19. Una defensora de los derechos humanos ha denunciado “el aislamiento en las celdas, que es una práctica inhumana y degradante, que se sabe que inflige daños irreversibles a largo plazo en las personas”. Según el Gobierno, desde julio, 24 reclusos dieron positivo durante su cuarentena. Se han suspendido las visitas presenciales en esta prisión y se prevé reanudarlas a finales de esta semana.

Los establecimientos para menores han suspendido la cuarentena obligatoria desde el 30 de noviembre. Los nuevos reclusos permanecen aislados hasta que los resultados de sus pruebas den negativo.

30 de octubre. Un miembro de la Comisión para los Niños y Jóvenes (Commission for Children and Young People) manifestó su preocupación por el estado de salud física y mental de los menores recluidos en el estado de Victoria. Estos menores no han tenido contacto físico con sus allegados desde hace siete meses: “Estos chicos han estado confinados por siete meses, mucho más tiempo de lo que cualquier persona de Melbourne podría imaginar. Ya han sufrido suficiente. Han estado expuestos a la violencia de las prisiones desde temprana edad. No solamente ha llegado el momento de aumentar la edad de responsabilidad criminal, sino también de liberar a estos niños”.

24 de octubre. Algunos abogados notaron una fuerte disminución del recurso al apoyo especializado del que suelen disponer los reclusos con discapacidades intelectuales. Las audiencias disciplinarias internas y las sanciones atribuidas a estas personas se llevarían a cabo sin apoyo externo. Un miembro del RMIT’s Centre for Innovative Justice agregó: “Muchos no serían identificados como personas que necesitan un [agente de apoyo]. Si no han sido diagnosticados… es más probable que tengan problemas disciplinarios. Y para colmo, tienen audiencias sin la asistencia adecuada“.

24 de agosto. Varios abogados, junto con la ONG Sisters Inside, pidieron la liberación inmediata de los menores recluidos en la Prisión de Menores de Brisbane (Queensland).

22 de junio. Varios investigadores publicaron un artículo en el Australian & New Zealand Journal of Psychiatry para alertar tanto a sus colegas como al público sobre la salud mental de los reclusos, en particular durante los períodos de confinamiento.

30 de julio. Un portavoz de la Australian Lawyer Alliance (ALA) ha pedido al Gobierno que autorice la liberación de los reclusos no violentos, para aliviar la congestión de las cárceles y, además, cree que «el confinamiento en las prisiones no puede ser la solución. Confinar una prisión significa imponer el aislamiento en celdas y que no haya programas de reinserción ni visitas, lo que representa un mayor riesgo de provocar trastornos mentales.».

24 de julio. El comisionado de Derechos Humanos de Victoria ha instado al Gobierno estatal a liberar urgentemente a los reclusos por la epidemia de la Covid-19.

17 de julio. El partido ambientalista pidió la liberación de los reclusos que estén terminando de cumplir sus condenas, en prisión preventiva, encarcelados por delitos menores o que sufran patologías graves “para proteger a los reclusos y al personal de una eventual propagación de la epidemia”.

27 de mayo. La coalición de ONG Change the record invitó a los gobiernos federales y estatales a que consideraran la situación de las poblaciones aborígenes y originarias del Estrecho de Torres que están encarceladas. La coalición recomendó la liberación de todos los presos aborígenes considerados no peligrosos, así como de los ancianos, los enfermos graves, los menores y los presos en prisión preventiva. Asimismo, pide que se garanticen sus derechos a la justicia, a mantener los lazos familiares, a una atención psiquiátrica adecuada y a la educación. La coalición considera que el sistema judicial debe someterse rápidamente a reformas estructurales para proteger a los aborígenes y a los isleños del Estrecho de Torres.

15 de abril. La organización Human Rights Watch compara el coronavirus con “una bomba de relojería para las prisiones del país”. La organización está particularmente preocupada por la situación de los reclusos con discapacidad, quienes suelen ser víctimas de agresiones y de que abusivamente les priven de comida o medicamentos. Pide la puesta en libertad de los reclusos en prisión preventiva y de los condenados por infracciones no violentas, así como que se garantice la buena salud mental y física de los presos.

5 de abril. El comisario de los derechos humanos del estado de Queensland y Amnesty International Indigenous se preocupan por el encarcelamiento masivo de menores y el endurecimiento de la política penal contra estos. Recomiendan una puesta en libertad rápida de los menores y la adopción de políticas sociales ambiciosas para protegerlos de la epidemia del coronavirus. La gran mayoría de adolescentes encarcelados son de origen aborigen y procedentes de áreas desfavorecidas.

Casos identificados¶

16 de noviembre. Un miembro del personal penitenciario de la prisión de Yatala ha dado positivo. Las autoridades penitenciarias están buscando otros posibles casos entre los reclusos y el resto del personal de la prisión.

10 de septiembre. Una interna de la prisión para mujeres de Adelaida (Australia Meridional) presentó síntomas de covid-19. Varias reclusas más se colocaron con aislamiento preventivo.

28 de agosto. Un docente de la academia penitenciaria de Queensland dio positivo.

26 de agosto. La fiscal general del estado de Victoria anunció que 23 reclusos adultos, 19 menores y diez funcionarios penitenciarios han dado positivo desde el inicio de la epidemia.

24 de agosto. Se detectaron aproximadamente diez casos positivos entre el personal de la correccional de menores de Brisbane.

19 de agosto. Una enseñante de 70 años de edad que trabaja en la institución correccional de menores de Brisbane en Queensland dio positivo por coronavirus y fue ingresada al hospital. Los 127 reclusos del centro, la mayoría de los cuales están a la espera de juicio y algunos de ellos tienen 13 años, tuvieron que permanecer confinados en sus celdas.

30 de julio. Un recluso ha dado positivo en la prisión de Parklea, cerca de Sídney (Nueva Gales del Sur). Los servicios penitenciarios lo trasladaron a un pabellón especializado de la cárcel de Silverwater.

24 de julio. Seis educadores de la prisión de menores de Malmsbury (Victoria) han dado positivo. Uno de ellos afirmó que la administración no les proporciona material de protección, a diferencia de al personal de vigilancia.

21 de julio. Un guardia contratado por la empresa GEO en la prisión privada de Ravenhall, en el estado de Victoria, ha dado positivo.

20 de julio. Un educador de la prisión para menores de Malmsbury, en el estado de Victoria, ha dado positivo.

17 de julio. Un menor dio positivo en el momento de su encarcelación en la prisión para menores de Parkville en Melbourne.

15 de julio. Una persona dio positivo en el momento de su ingreso en la prisión para acusados de Melbourne, en el estado de Victoria

11 de mayo. Tres prisioneros dieron negativo por coronavirus en la prisión de Hopkins en Victoria, después de que una prueba inicial los identificara como positivos. El establecimiento permanece confinado mientras se examina a otros 200 prisioneros.

23 de abril. Un segundo miembro del personal penitenciario dio positivo en la prisión de Wolston y unos 20 prisioneros fueron puestos en aislamiento después de haber estado en contacto con él.

26 de marzo. Dos miembros del personal del Hospital Penitenciario de Long Bay, en Nueva Gales del Sur, dieron positivo por coronavirus.

25 de marzo. Un miembro del personal penitenciario de Wolston en Queensland ha dado positivo por coronavirus.

2 de abril. 69 personas detenidas en Nueva Gales del Sur presentan síntomas característicos de la Covid-19. Han sido colocadas en aislamiento y se están efectuando las primeras pruebas.

25 de abril. La Cruz Roja de Micronesia ha realizado una intervención ante unos treinta reclusos y miembros del personal de la prisión de Yap para presentarles las medidas de prevención. La organización ha donado también material y productos de higiene.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

22 de septiembre. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha enviado 20 000 equipos de protección (mascarillas, guantes, pantallas, ropa protectora, etc.), así como termómetros infrarrojos para la administración penitenciaria.

14 de abril. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dona 200 cajas de guantes, productos de limpieza, alcohol en gel y jabón a la administración penitenciaria.

Sistema judicial¶

25 de junio. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por medio del Proyecto Acceso a la Justicia financiado por la Unión Europea, facilitó la distribución de dispositivos para videoconferencia en las cárceles del archipiélago. Las autoridades penitenciarias ahora planean organizara partir de ahora las audiencias de ciertos reclusos, especialmente ante el Tribunal Supremo, por videoconferencia.

15 de mayo. La administración penitenciaria y las autoridades judiciales prevén celebrar las audiencias de las personas detenidas por videoconferencia. Recientemente, los establecimientos han instalado el software Skype con el objetivo de permitir el contacto entre los reclusos y sus allegados o sus abogados sin necesidad de desplazamiento ni visitas.

Vínculos con el exterior¶

19 de marzo. Se han suspendido las visitas a prisión.

Llamamientos y recomendaciones¶

22 de abril. La Coalición para los Derechos Humanos de las Islas Fiyi lamenta la muerte de un acusado el 14 de abril en la prisión de Suva. El deceso habría sido causado por violencia por parte del personal penitenciario. La Coalición apela a las fuerzas del orden para que no atenten contra los derechos humanos bajo el pretexto de las medidas de emergencia relacionadas con la pandemia. Cuatro guardias han sido acusados de homicidio.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

19 de julio. La administración penitenciaria realizará pruebas a todo el personal y a la población carcelaria.

21 de abril. Las autoridades penitenciarias comunican que se empiezan a distribuir mascarillas a los 600 reclusos de la isla. Cada interno de la prisión de Mangilao recibe una. En la prisión de Hagåtña se reciben dos por persona. Las autoridades se comprometen a distribuir productos de higiene en cantidades suficientes.
El número de ingresos en reclusión desciende de 11 a 4 personas por día entre febrero y abril.

8 de abril. La administración penitenciaria afirma haber proporcionado a los prisioneros los productos de higiene y limpieza necesarios. El pariente de un preso se queja de que las declaraciones oficiales no se corresponden con la realidad: “Los reclusos ni siquiera tienen papel higiénico y, mucho menos, productos de limpieza u otros productos higiénicos”. La cancelación de las visitas priva a los reclusos de recibir productos higiénicos mediante sus familias. Añade que “los guardias tienen que adquirir sus propios guantes y mascarillas. La mayoría de ellos ni siquiera usaban mascarillas y guantes hasta hoy”.

14 de marzo. El defensor público federal recomienda aislar a los detenidos infectados en los hospitales y que, a partir de ahora, solo se encarcele a los prisioneros considerados como “violentos”. Ha solicitado a la administración penitenciaria que proporcione jabón y productos desinfectantes a las personas detenidas. Teme que los establecimientos, masificados e insalubres, faciliten la propagación del corona virus.

Sistema judicial¶

5 de mayo. Un presupuesto de emergencia votado especialmente para la lucha contra el coronavirus asigna dos millones de dólares a la administración penitenciaria.

Llamamientos y recomendaciones¶

10 de julio. El defensor público federal deploró la falta de transparencia de la administración penitenciaria hacia la población carcelaria, después de que los reclusos descubrieran, a través de los medios de comunicación, que había guardias infectados. También consideró problemático que no se haya hecho despistaje a ningún recluso y que las autoridades sanitarias no se hayan tomado la molestia de buscar a quien haya estado en contacto con las personas infectadas en las prisiones.

Casos identificados¶

26 de junio. Un guardia del módulo para mujeres de la prisión de Mangilao ha dado positivo. La prisión se encuentra en confinamiento mientras que los servicios de salud tratan de identificar otros casos entre los guardias y los reclusos. Las visitas, incluidas las de los abogados, se han suspendido.

6 de abril. Un miembro del personal penitenciario da positivo por la Covid-19 después de pasar una semana en la prisión de Mangilao. Los servicios penitenciarios de la isla se aseguran de que los guardias usen guantes y mascarillas mientras están en prisión. Se suspenden las visitas y los servicios religiosos. Los reclusos recién llegados son puestos en aislamiento y se les toma la temperatura. El movimiento está restringido al mínimo necesario.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

8 de agosto. El Comité International de la Cruz Roja (CICR) entregó jabón, detergente y productos de desinfección a la prisión de Arorangi.

3 de mayo. Las visitas semanales a la prisión se han vuelto a permitir. El Gobierno le puso fin a la mayoría de las restricciones después de declarar el archipiélago libre de coronavirus.

27 de marzo. Las visitas a la prisión de Arorangi, la única del archipiélago, están suspendidas. Los reclusos y los guardias participan en una campaña de limpieza y retirada de basura para participar en la lucha contra el coronavirus e impedir la propagación del dengue.

28 de mayo. El comisario de prisiones anuncia que no se ha registrado ningún caso positivo, ni entre reclusos ni entre el personal.

18 de mayo Se hacen las pruebas a los reclusos veinte días después de habérselas hecho al personal penitenciario.

17 de marzo Los tribunales están cerrados al público y sus actividades son limitadas. Las audiencias de los detenidos se llevan a cabo de forma remota, a través de pantallas.

2 de junio. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) envía productos de higiene a la administración penitenciaria.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

1 de septiembre. El grupo de coordinación de urgencia de servicios sanitarios visitó la prisión de Gizo, en la provincia occidental, para comprobar las medidas de prevención implementadas a la entrada y dentro del establecimiento: control de temperatura, lavado frecuente de manos, limpieza y desinfección de ambientes, simulacros. El comisario de la administración penitenciaria felicitó a dichos servicios por su preparación. Ya se han efectuado visitas similares en las prisiones de Lata y Kirakira.

13 de mayo. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) donó a la administración penitenciaria 116 cajas de jabón, 85 litros de detergente líquido, 45 litros de cloro, 20 litros de productos sanitarios y 27 botellas de gel antiséptico.

Vínculos con el exterior¶

15 de julio. La administración penitenciaria ha informado que, debido al estado de emergencia sanitaria, los programas y los talleres que se suelen ofrecer a los reclusos permanecerán suspendidos hasta nuevo aviso. Sin embargo, reitera que estos talleres tienen una función esencial en su reinserción.

31 de marzo. Los servicios penitenciarios del archipiélago reciben por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja nueve teléfonos móviles y 500 tarjetas de prepago destinadas a toda la población penitenciaria. Los detenidos tienen prohibidas las visitas desde el 23 de marzo.

31 de mayo. Una misión diplomática y técnica taiwanesa ha instalado una granja dentro de la prisión de Topside. Los miembros esperan ayudar a Nauru a garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de la epidemia de COVID-19 y del calentamiento global.

9 de abril. Se ha vuelto a poner en funcionamiento la antigua prisión de Yaren para aislar a las personas que fueron arrestadas especialmente por haber infringido el toque de queda vigente en la isla.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

6 de octubre. En la prisión de Spring Hill, se detectó un caso de tuberculosis. El recluso ha permanecido en aislamiento, está recibiendo tratamiento y se encuentra estable.
Los guardias no fueron informados inmediatamente sobre la situación, por lo que el sindicato de agentes penitenciarios reprochó al departamento de correccionales la falta de comunicación en este periodo de crisis sanitaria.

15 de septiembre. Dos reclusos y cerca de veinte guardias fueron confinados en la prisión de Auckland luego de que un allegado del personal diera positivo.

27 de marzo. Se sospecha que dos presos de la prisión regional de Hawk Bay pueden haber contraído el COVID-19 y se les ha puesto en aislamiento. Uno de ellos se niega a someterse a la prueba.

19 de marzo. Científicos y personal penitenciario temen la llegada del coronavirus a las cárceles de Nueva Zelanda. Varios casos sospechosos sometidos a aislamiento en las cárceles de Waikeria y Rotorua arrojaron resultados negativos. El año pasado, las autoridades penitenciarias habían implementado medidas de prevención sanitaria, por una epidemia de sarampión en el penal de Mt Eden y el penal de mujeres de Auckland.

Sistema judicial¶

14 de diciembre. La COVID-19 ha retrasado los procedimientos de expulsión. Las personas que han cumplido su condena o las que han excedido la duración de su estancia autorizada a veces pasan más de 200 días en prisión. Un abogado ha denunciado “una completa falta de compasión y empatía”. No existe ninguna ley que limite la duración de la estancia en prisión de un extranjero que tiene que abandonar el territorio. Las autoridades esperan la reapertura de las fronteras y el aumento del número de vuelos antes de reanudar los procedimientos.

22 de junio. El defensor del pueblo (ombudsman) presentó los resultados de su investigación sobre el confinamiento en las prisiones: a las personas en reclusión en diferentes establecimientos no se les facilitaba el acceso diario al aire libre. Asimismo, la organización ha resultado muy complicada en las prisiones donde ha continuado habiendo ingresos.

17 de junio. Las autoridades judiciales calculan que desde el mes de marzo se han tenido que posponer 60 000 procesos. Estos deberían retomar en agosto. Se ha instaurado una comisión especial con el objetivo de organizar el rápido reinicio de los procesos. En su mayoría, los expedientes se encuentran en formato físico y una transición digital podría ser necesaria. Se considera que “el número de personas en prisión preventiva es inaceptable. Están en espera de juicio, sin tener acceso al más mínimo programa de reinserción y, frecuentemente, son juzgados y liberados inmediatamente. Como sociedad, esto debería preocuparnos a todos”.

16 de abril. Les audiencias se suspenden hasta el 31 de julio.

Vínculos con el exterior¶

13 de agosto. La administración penitenciaria suspendió de nuevo las visitas en prisión en la región de Auckland. Las visitas del Defensor del Pueblo y los servicios de inspección son posibles, mientras que las de los familiares, los abogados y la comisión de revisión del cumplimiento de las penas se realizan por videoconferencia.

26 de junio. Los allegados de los reclusos de la prisión de Rimutaka han lamentado que se mantengan las medidas de distanciamiento físico, cuando el nivel de alerta mínimo de las prisiones permite de nuevo el contacto. La administración penitenciaria central afirma que ha ordenado a los directores de los centros que pongan fin a estas medidas.

13 de mayo. La administración organiza la reanudación de las visitas de allegados, abogados, voluntarios e investigadores a prisión. Una cámara térmica se ha instalado en la entrada de los establecimientos para prohibir el acceso a las personas que presenten una temperatura superior a 38 °C. Se pide a los visitantes que se laven las manos periódicamente y que lleven mascarilla. Se siguen aplicando ciertas medidas de distanciamiento social para limitar el número de visitantes en un mismo espacio.
La administración mantiene el crédito telefónico semanal concedido a los reclusos durante el confinamiento y les anima, a ellos y sus allegados, a utilizar el correo electrónico y los dispositivos de videollamada.

6 de abril. Los reclusos permanecen confinados en sus celdas entre 20 y 23 horas al día. Algunos centros, como el de Spring Hill, ya no aceptan la entrada de paquetes para los reclusos.

27 de marzo. Los centros penitenciarios aplican medidas de confinamiento de nivel 4. Todos los nuevos reclusos deben cumplir un aislamiento de catorce días desde su llegada. Las entrevistas con los abogados solo se pueden realizar por teléfono. La administración reparte tarjetas prepago con cinco dólares neozelandeses cada semana y facilita el acceso al correo electrónico. Además, los vigilantes llevan mascarillas y guantes dentro de los centros. También deben llevar gafas y un equipo de protección individual en caso de que se sospeche que un recluso es portador del coronavirus.

24 de marzo. Se suspenden las visitas y los permisos penitenciarios.

Movimientos de protesta¶

30 de diciembre. Veintiún reclusos causaron incendios en la prisión de Waikeria para protestar contra el deterioro de sus condiciones de vida desde el inicio de la pandemia; en ocasiones, pasan hasta 23 horas en una celda “en forma de jaula” casi privada de luz natural. Los reclusos también denunciaron la falta de agua, comida y suministro de productos básicos, así como de una atención médica de calidad. Las negociaciones siguen en curso.

8 de mayo. Los guardias se quejaron de que, dentro de la prisión, eran más a menudo que de costumbre el blanco de escupitajos.

Llamamientos y recomendaciones¶

10 de septiembre. La coordinadora nacional de Amnistía Internacional criticó la organización de la administración penitenciaria, en especial en ciertas instituciones como la cárcel de mujeres de Auckland. En su opinión, el confinamiento de las prisiones ha puesto de manifiesto las deficiencias del sistema actual. Pidió a la Primera Ministra y al Gobierno que revisaran urgentemente su política de prisiones.

24 de abril. El Defensor del Pueblo (Ombudsman) lamenta que la administración penitenciaria intente “disuadirlo” de acceder a los establecimientos del país y se preocupa por los efectos que el aislamiento pueda tener sobre los reclusos que pasan la mayor parte del día en sus celdas.

17 de abril. La organización Just Speak expresa su preocupación ante las peticiones de la Solicitor-General (segunda autoridad jurídica del Estado) y las últimas medidas adoptadas por la administración penitenciaria y advierte del incumplimiento de los derechos de los presos y del peligro que representan estas medidas para algunos de ellos. Invita a los ciudadanos neozelandeses a contactar y presionar a sus representantes legislativos y a las autoridades gubernamentales.

16 de abril. La Solicitor-General (segunda autoridad jurídica del Estado) pide a las autoridades judiciales que se opongan a la concesión de libertad bajo fianza y a que se dicte sentencia a los detenidos que den positivo o que sean sospechosos de estar infectados. También pide que se niegue la puesta en libertad anticipada de las personas cuyo alojamiento se encuentre en un entorno considerado de riesgo.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

6 de julio. Las audiencias para conceder y supervisar medidas de revisión de penas se han reanudado en prisión. Durante el confinamiento, la comisión encargada de acordar las medidas de libertad condicional (parole board) ha llevado a cabo 600 entrevistas por videoconferencia.

11 de abril. Ocho detenidos extranjeros a la espera de repatriación permanencen en prisión a pesar de la revisión o el fin de sus penas. Permanecerán en las prisiones del archipiélago hasta principios del mes de mayo, por petición de la administración penitenciaria.

Casos identificados¶

9 de mayo. Una mujer fue detenida durante 10 días después de negarse a ser examinada a su regreso de los Estados Unidos. Ella dio positivo el día después de ser liberada de la prisión de Auckland. La administración penitenciaria informó además que dos de sus miembros, que no habían estado en contacto con la población carcelaria, dieron positivo en las pruebas de coronavirus, pero que desde entonces ya se han curado.

18 de marzo. Se suspendieron las visitas a prisión.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

24 de agosto. El director de la prisión de Buiebideclaró que solo aceptará a los nuevos reclusos que hayan dado negativo en la prueba.

19 de agosto. Los reclusos ahora deben llevar mascarillas para evitar la propagación de la epidemia en un contexto de sobrepoblación carcelaria. El Centro Nacional de Control prevé entregar 80 000 mascarillas y 19 200 botellas de gel hidroalcohólico a las 19 prisiones del país. Los reclusos de las prisiones de Buimo, Manus o Bomana comenzaron a coser sus propias mascarillas. El director de la prisión de Bihute, que no cuenta con pabellón de aislamiento, se niega a aceptar nuevos reclusos sin que las autoridades sanitarias les hayan realizado una prueba, cuyos resultados sean negativos.

27 de julio. La administración penitenciaria ha comunicado que se están estableciendo medidas preventivas adicionales para proteger a los reclusos, particularmente en la prisión de Bomana. Se ha pedido a las autoridades sanitarias que apoyen a la administración penitenciaria y realicen pruebas diagnósticas, tanto a los reclusos como a los guardias y sus familiares.

7 de mayo. Una empresa privada y políticos locales entregan ropa y productos de higiene a la prisión de Buimo. La directora del establecimiento afirma que es imposible aplicar las medidas de prevención .

25 de abril. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) distribuye mascarillas para 700 reclusos y 200 miembros del personal en la prisión de Bomana. La organización financia también la reparación de la red hídrica de la comisaría de Mount Hagen, así como la distribución de productos de higiene a Tari, Wabag, Mendi y a la prisión de Bui Lebi. La comisaría de Buka y las prisiones de Beikut y Kerevat, en Bougainville, reciben existencias para un mes de productos sanitarios y de higiene.

24 de marzo. Los establecimientos son puestos en cuarentena. Las visitas, los permisos de salida y los oficios religiosos se suspendien. Los centros establecen un toque de queda de 20 a 5, durante el que se prohibe toda entrada y salida. Se controlan las visitas de familiares del personal penitenciario así como las entregas. Las personas detenidas o los miembros del personal que presenten síntomas deben permanecer en sus respectivos dormitorios o en sus casas. Se receta cloroquina a quien tiene fiebre. Todo caso sospechoso es trasferido al hospital regional. El personal médico del país, en huelga desde hace un mes, alerta sobre la falta de medios.

Sistema judicial¶

12 de junio. Un magistrado lamentó que la administración penitenciaria no haya garantizado, durante el estado de emergencia, el acceso de los reclusos a los tribunales, afirmando que se deberían haber tomado medidas, ya que “la administración se enfrenta regularmente a epidemias de fiebre tifoidea y tuberculosis”.

Revisión del cumplimiento de las penas¶

30 de abril. El director de la administración penitenciaria anunció la próxima liberación de 100 reclusos ancianos, enfermos y considerados no peligrosos con el objetivo de descongestionar 20 establecimientos penitenciarios y puestos de policía. Más de 50 000 reclusos ocupan las prisiones del país, con una capacidad total para 4 000 personas. Resulta imposible aplicar las medidas de protección y el distanciamiento físico. El miedo a la epidemia se cierne tanto sobre la población reclusa como sobre el personal penitenciario. El director no descarta, en caso de que la situación empeore, «dejar salir a todo el mundo».

8 de abril. El Gobierno repatría a 60 personas encarceladas en las prisiones indonesias de Doyo Baru (Jayapura) y Bolangi (Sulawesi). Estas personas, condenadas por tráfico de estupefacientes y beneficiarias de las liberaciones anticipadas concedidas por Jakarta, estarán en aislamiento en Papúa.

Vínculos con el exterior¶

29 de julio. En la prisión de Bomana se suspendieron los permisos de salida y las actividades de reinserción en el exterior hasta nuevo aviso debido a la propagación de la COVID-19 en Port Moresby. Un funcionario de la prisión indicó que las actividades en el interior, como los deportes o las tareas domésticas, permitían a los reclusos mantenerse ocupados. Los visitantes deben utilizar mascarillas y lavarse las manos a la entrada de las instalaciones. Los recién llegados y los reclusos transferidos de otras instituciones son puestos en cuarentena durante dos semanas antes de integrarse con el resto de la población penitenciaria.

1 de mayo. Las visitas se reanudan progresivamente. Los reclusos dependen de sus allegados para obtener productos de higiene de primera necesidad y comida.

24 de marzo. Las visitas, los permisos de salida y los oficios religiosos se suspenden. Los establecimientos están sujetos a un toque de queda de las 20:00 a las 5:00 durante el cual las entradas y salidas están prohibidas.

19 de marzo. El ministro de los servicios penitenciarios anuncia el aislamiento total en los establecimientos. Cada nuevo detenido es testeado en el momento de su ingreso. Se suspenden las visitas hasta nuevo aviso. Las autoridades se disponen a realizar contrataciones para aumentar el personal sanitario, en colaboración con el Ministerio de Salud.

Movimientos de protesta¶

16 de agosto. Cerca de 50 reclusos, en su mayoría preventivos, participaron en una fuga en la cárcel de Buimo. Los guardias de la prisión dieron de baja a once internos, mientras que los demás lograron escapar.

Casos identificados¶

16 de agosto. Un guardia de la prisión de Buimo dio positivo por coronavirus.

8 de mayo. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) proporciona productos sanitarios y de higiene a 300 reclusos de la prisión de Tanumalala.

6 de mayo. Las autoridades autorizaron reanudar las visitas a las dos prisiones en Tunamalala y Vaiaata. Sin embargo, los parientes deben presentar una solicitud en una comisaría una semana antes de cada visita.

24 de marzo. Unos veinte reclusos se fugan de la nueva cárcel de Tanumalala. Al ser esta la segunda fuga en cuatro meses, la administración penitenciaria vuelve a pasar bajo el control de la policía.

20 de marzo. El gobierno declaró el estado de emergencia. Se suspendieron las visitas a prisión, mientras que las visitas a las comisarías, donde las personas están bajo custodia policial o en prisión preventiva, fueron limitadas a una persona a la vez. Los samoanos no indican ningún caso probado de coronavirus. El archipiélago permanece, sin embargo, traumatizado por una reciente epidemia de sarampión que tuvo lugar en 2018-2019.

18 de marzo. Las visitas a la única prisión del territorio, el Centro Correccional Territorial (TCF), fueron suspendidas.

24 de marzo. Las visitas de intervinientes externos se han suspendido en la prisión de Hu’atolitoli.

Condiciones sanitarias y atención médica¶

13 de agosto. El Comité International de la Cruz Roja (CICR) entregó nuevamente equipos de protección (mascarillas y guantes) y productos de higiene (jabón, detergente y cloro) a la administración penitenciaria.

18 de marzo. Se han suspendido las visitas y se ha prohibido a los allegados enviar alimentos a las prisiones. Sin embargo, para que los reclusos puedan mantener el contacto con sus familiares, se les han distribuido teléfonos móviles.

Los reclusos de los que se sospecha que podrían estar infectados, se aíslan en establecimientos públicos de salud; se distribuyen kits sanitarios dentro de las prisiones y se ofrece un servicio exclusivo de autobuses para transportar al personal penitenciario entre su domicilio y su lugar de trabajo con el fin de evitar el contacto con el público.

Los Gobiernos de Australia, Nueva Zelanda y de las Islas Salomón, al igual que organizaciones internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, brindan su apoyo a la administración penitenciaria con el objetivo de evitar la propagación de la epidemia.