Países Bajos: la salud mental en el ámbito forense

Tras la Segunda Guerra Mundial, un arrebato de humanismo y de fe en la ciencia médica¹ dio lugar a una considerable inversión en el sistema de TBS, y el Ministerio de Justicia comenzó a brindar apoyo financiero a estos centros de salud mental.

“Dame el dinero y curaré a todos los delincuentes” es una célebre frase de aquellos tiempos, atribuida al psiquiatra forense Pieter Baan. En esa época, se construyeron instalaciones nuevas y modernas y se confió al Estado la salud mental de muchas personas en conflicto con la ley. En los años 50, casi 1500 pacientes TBS recibieron tratamiento. Más tarde, en los años 80, este número era inferior a 400 debido a que durante las dos décadas anteriores hubo un cambio de enfoque que favoreció las garantías legales sobre la privación de libertad.

El Ministerio de Salud cubría entonces el 80 % del presupuesto, destinado al tratamiento, y el Ministerio de Justicia asumía el 20 % restante, destinado a la seguridad.

Por aquella época, las instalaciones reservadas a los pacientes TBS recibían a menudo visitantes internacionales, interesados en esta forma única de tratar a los delincuentes con trastornos mentales. Los ingleses parecían tener un interés particular, como lo podemos ver en artículos académicos como: “La muy envidiada orden TBS de los Países Bajos” (“the much-envied TBS provision in the Netherlands, de Conor Dugan) o “El sentimiento de que, al otro lado del Mar del Norte, los holandeses hacen mejor las cosas” (the feeling that the Dutch, just accross the North Sea, were doing things so much better, deTony Maden). La idea de brindar tratamiento a delincuentes peligrosos y con trastornos de personalidad fue uno de los principales argumentos que justificaron la creación de las unidades DSPD² en Inglaterra. Sin embargo, este sistema nunca podría adoptarse por completo sin importar con él las características correspondientes y únicas del derecho penal holandés.

A finales de los años 80, el endurecimiento de las políticas penales y el número cada vez más alto de pacientes con diversos trastornos mentales y adicciones a las drogas provocaron un aumento de la población TBS, lo que comenzó a plantear problemas de dinero, principalmente por falta de plazas y debido a la mayor duración de los tratamientos.

En 2008, cuando la población TBS alcanzó un máximo de 2100 personas, se introdujo un nuevo modelo de financiación: el Ministerio de Justicia asumiría todos los costos de tratamiento de estos pacientes, incluidos aquellos que se brindaban en las instalaciones de salud mental general (no TBS).

Con la mentalidad de que “el que paga al músico elige la canción”, el objetivo de este sistema era favorecer los traslados de los centros forenses de salud mental hacia instalaciones con menor seguridad. En contrapartida, el ministerio podría pedir que se reforzaran las medidas de seguridad de las instalaciones de salud mental general. Este último aspecto surgió tras varios casos graves de reincidencia, que provocaron la introducción de nuevas normas de seguridad en la ejecución de las órdenes TBS. La duración media del tratamiento en régimen de internamiento se extendió entonces a más de diez años, lo que hizo que las personas se negaran cada vez más a realizar evaluaciones psicológicas ─necesarias para que los tribunales emitan una orden TBS─, a menudo, aconsejados por sus abogados. La medida también perdió popularidad entre los jueces, que se veían obligados a imponer la orden. Diez años después, en 2018, la población TBS pasó a 1300 personas.

El cambio que se observó en la política aplicada a los pacientes TBS permitía identificarlos más fácilmente, por lo que tenían que cargar con el doble estigma de “enfermos mentales y peligrosos”.

Esto podría explicar la reticencia de los centros de salud generales para brindarles tratamiento. En realidad, la frontera entre el tratamiento dentro del ámbito jurídico y el tratamiento general parece haberse desplazado en lugar de desaparecer como lo pretendía este cambio de política.

En 2019, la ley de atención forense (Forensic Care Act) codificó el modelo introducido en 2008. La población TBS está de nuevo en aumento, y el presupuesto, bajo fuerte presión.
Las instalaciones reservadas para los pacientes TBS han interpuesto demandas legales contra el Ministerio de Justicia, que ha retirado progresivamente la ayuda financiera.

El ámbito académico insiste en que el Ministerio de Salud debería hacerse cargo de nuevo del presupuesto, ya que, si los servicios TBS continúan bajo la responsabilidad de la Justicia, sufrirán nuevos recortes.

En una nación de comerciantes y contables, el dinero verdaderamente importa, incluso cuando se trata de salud mental forense.
Si en realidad nos preocupamos por este asunto, deberíamos comenzar a compartir los gastos relativos a los servicios TBS; si dividiéramos el presupuesto entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud podríamos brindar a las personas en conflicto con la ley atención y tratamiento adecuados, y la sociedad obtendría, a un precio justo, la protección que necesita.