Michel Kalemba. Las personas condenadas a la pena capital conviven con los demás reclusos, ya que no hay ninguna separación entre la población carcelaria. Todas viven en las mismas condiciones infrahumanas en prisiones extremamente sobrepobladas. Para mencionar un ejemplo, la prisión de Makala, que tiene una capacidad para 1500 personas, aloja casi a 9000, algunas de ellas condenadas a muerte. Muchas duermen en el suelo por falta de camas, la atención sanitaria es deficiente y los medicamentos son escasos. Debido a esta situación, el trabajo de las ONG es muy necesario en las prisiones del país. Con la FIACAT, distribuimos durante varios años alimentos y medicinas en esa prisión, en el marco de un proyecto llamado “lucha contra el uso abusivo de la prisión preventiva”.

Las personas privadas de libertad por lo general viven muy aisladas. Las familias a menudo las abandonan por falta de recursos para ir a visitarlas. El aislamiento de las personas condenadas a muerte es aún peor, pues, con frecuencia, se les recluye en prisiones alejadas, que son las que disponen de niveles de seguridad más altos. Las demás instalaciones datan de la época colonial y se encuentran en un estado deplorable.

MK. Hace algunos años se presentó una propuesta de ley para abolir la pena de muerte. Pero, la Asamblea Nacional la rechazó. El país acababa de salir de la guerra y la principal preocupación era el tema de la seguridad. El honorable diputado, André Mbata, que presentó la primera propuesta, hizo un segundo intento en 2019. Pero, el Parlamento ni siquiera la ha incluido en su calendario y la Asamblea Nacional no la ha revisado todavía.

Durante el 6.º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que tuvo lugar en Oslo en 2016, el Gobierno se comprometió a abolir la pena capital. Pero estas palabras se las llevó el viento, pues aún no ha presentado ningún proyecto de ley ante el Parlamento ─y esto a pesar de que su partido es mayoritario─. Si bien el presidente de la República ha utilizado en varias ocasiones su derecho al indulto para liberar a personas condenadas a muerte, esto no es suficiente. El Gobierno debe mostrar su férrea voluntad de abolir la pena capital, sin preocuparse solo por las elecciones o la seguridad.

Tras una ley que se adoptó hace poco, la pena capital ha dejado de aplicarse en los casos de violencia sexual que conducen a la muerte de la víctima. Para ese delito, se “abolió” la pena de muerte. Lo que nosotros pedimos es que esto se extienda a todos los delitos.

En repetidas ocasiones, se ha presentado la oportunidad de abolir la pena capital. Por ejemplo, en 2015, se modificó el Código Penal Militar para adaptar la legislación nacional al Estatuto de Roma, con el que se creó el Tribunal Penal Internacional. Imaginamos que al no aplicarse en este tribunal la pena de muerte, el país la aboliría definitivamente. Por desgracia, eso no sucedió. El código incorporó los delitos internacionales del Estatuto de Roma, pero los castiga con la pena de muerte.

MK. La abolición judicial es una posible solución. Estamos considerando presentar un recurso de inconstitucionalidad, pues, según nuestra Constitución, la vida humana es sagrada y el Estado debe protegerla. Por lo tanto, se trata de una pena incoherente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido un dictamen sobre esta cuestión, afirmando que en la actualidad no existe ninguna base para aplicar la pena capital en la RDC.

También estamos trabajando con la FIACAT para establecer una relación entre la pena de muerte y la tortura. Nuestro objetivo es demostrar que la tortura se sigue practicando a pesar de haberse abolido en 1996, ya que, el hecho de esperar en el corredor de la muerte en condiciones de reclusión deplorables constituye en sí una tortura. Presentamos sistemáticamente este argumento a las autoridades con la esperanza de que nos comprendan mejor.

Hace un tiempo, defendí a algunos partidarios del régimen actual, a los que el Tribunal Militar de Kinshasa condenó por haber participado en la sublevación. Durante nuestra defensa, recordamos a los distintos ministerios que estas personas aún podían ser condenadas a muerte. Si no aprovechan que están en el poder para abolir la pena de muerte, puede llegar el día en que, como ocurrió en 2003, se levante la moratoria y se reanuden las ejecuciones. Un sistema bajo moratoria es frágil. Aunque en la actualidad la abolición directa parece poco probable, una solución intermedia sería introducir una moratoria de iure, que proporcionaría mayor seguridad y evitaría que alguien se levante una mañana con la idea de reanudar las ejecuciones.

Como miembros de la sociedad civil, seguimos llevando a cabo actividades de promoción y sensibilización. Por ejemplo, en 2019 organizamos un taller para sensibilizar a los líderes de opinión sobre la necesidad de abolir la pena de muerte. Trabajamos con redes de parlamentarios y periodistas abolicionistas. También estamos participando en programas de radio y televisión para animar al público en general a discutir y debatir sobre la necesidad de abolir la pena capital. Al mismo tiempo, estamos presionando a la Asamblea Nacional para que incluya por fin en el orden del día el proyecto de ley sobre la abolición.

Nuestra lucha por la abolición de la pena de muerte es sin tregua. La sociedad civil congoleña e internacional debe abordar esta cuestión a pie firme.