República Centroafricana: brujería

Bruno Langhendries y Julien Moriceau. Primero que todo, hay que recordar que en Centroáfrica la brujería en sí no se considera como algo malo. Lo que la ley condena es su “uso nefasto”, es decir, las prácticas de charlatanería y brujería (pratiques de charlatanisme et de sorcellerie, PCS) que pueden alterar el orden público o causar daños tanto a las personas como a las propiedades.

Diferentes formas de marginación social se relacionan con las acusaciones de PCS. Por ejemplo, muchas de ellas se presentan en entornos rurales, en los que hay pocas instituciones judiciales. A menudo, se acusa a las personas vulnerables, a las que se les considera indeseables, solo para deshacerse de ellas. El estudio señala que, si bien cualquier persona puede enfrentarse a cargos por brujería, en la mayoría de los casos se trata de mujeres aisladas, solteras, viudas, divorciadas o sin hijos, y, con frecuencia, pobres y de edad avanzada. Entre enero de 2020 y junio de 2021, casi el 60 % de las mujeres recluidas en la cárcel de Bimbo, en Bangui, estaban allí por brujería. La media de edad era de 55 años.

Asimismo, los menores aislados y extranjeros suelen enfrentarse a este tipo de cargos. Y en su caso, su situación de marginación también tiene mucho que ver. Si bien no se trata de un fenómeno reciente, podríamos decir que la situación se ha agravado en los últimos años. Y aunque aún es muy pronto para arrojar conclusiones certeras, no podemos dejar de relacionar el aumento de los jóvenes procesados por brujería con las crisis sucesivas que han azotado la República Centroafricana en estos diez años. Estas crisis han provocado el desplazamiento de las poblaciones y un incremento del número de jóvenes aislados. Por supuesto, esto no es más que una hipótesis. Pero, otros fenómenos existentes también se han agravado, como la desestructuración de los vínculos sociales y familiares, los desplazamientos de varios grupos de la población, y la fragilización de las comunidades rurales.

BL y JM. Los litigios se resuelven de dos maneras: a nivel local, a través de los líderes de los barrios o de los pueblos o de los líderes religiosos; y a nivel judicial, mediante las cortes y los tribunales. Estas autoridades funcionan a veces de maneras diametralmente opuestas, aunque en ambas la confesión juegue un papel crucial.

Recoger pruebas en los casos de brujería y charlatanería es sumamente difícil, así que la mayoría de las condenas se basan en la confesión. A nivel local, las autoridades tradicionales ven como algo positivo e indispensable el hecho de que las personas admitan su culpabilidad. Se percibe como un intento de acercamiento a la víctima y una muestra de respeto a la institución. Por otra parte, las personas que no confiesan pueden ser objeto de represalias e incluso de violencia colectiva. Así pues, lo mejor es confesar para minimizar los riesgos. Al contrario, a nivel judicial, la confesión puede dar lugar a una sentencia, por lo que negar los cargos puede resultar muy eficaz. Esta disparidad entre los dos sistemas complica de manera significativa el ejercicio del derecho a la defensa de las personas inculpadas.

Los casos de PCS son bastante sensibles, ya que pueden suscitar reacciones muy fuertes entre la población. Por lo tanto, los jueces confrontados a ellos deben proceder con mucha cautela para evitar represalias. Estos casos ponen a los jueces en una posición de vulnerabilidad, en la que buscan obtener una confesión a toda costa. Algo que resulta problemático cuando conocemos las prácticas de la Policía y los múltiples fallos del sistema penal centroafricano.

Asimismo, hemos observado un recurso excesivo a la prisión preventiva en el país, que presenta incluso el índice más alto en el mundo. Las autoridades detienen a las personas, pero no celebran los juicios; no se asignan suficientes recursos al sistema judicial; y muchas mujeres acusadas de brujería permanecen en prisión preventiva, mientras sus expedientes duermen durante meses, o incluso años sobre un escritorio. A veces, los jueces y los procesados nos dicen que ir a la cárcel los protege de la justicia popular. Pero, de manera general, el sistema judicial no está preparado para resolver estos casos, que, más que un delito, son el reflejo de varios problemas sociales. Los casos de PCS desacreditan el sistema judicial, que la población ya considera ineficaz.

BL y JM. Al salir de prisión, las mujeres tienen que arreglárselas por sí solas, ya que, por lo general, no pueden regresar a sus comunidades por temor a las represalias. De este modo, terminan en medio de una terrible situación de precariedad, pues si ya se encontraban marginadas antes de ir a prisión, la pena las excluye aun más. Pero más allá de los dramas humanos individuales, encarcelar a las personas marginadas conlleva un coste social demasiado alto, ya que su resocialización puede resultar más compleja, larga y costosa.

Si bien existen algunas opciones de alojamiento, la oferta es insuficiente. En la ciudad de Mbaiki, un centro religioso alberga a las mujeres acusadas de brujería que no pueden regresar a su comunidad. Pero a menudo su estancia allí es indefinida y no existe ningún programa de resolución de conflictos que permita a estas mujeres regresar a sus pueblos o a sus comunidades.

Hemos observado un verdadero desinterés por parte de las autoridades, que no proponen ninguna solución estatal o paraestatal. Lo único que se ofrece son unos talleres de sensibilización que, por ahora, no han tenido mucho éxito.