República del Congo: una ardua tarea

Christian Loubassou. La ACAT Congo tiene autorización para visitar todos los lugares de privación de libertad del país. Nuestra asociación brinda asistencia humanitaria a las personas encarceladas, mediante la distribución de artículos de primera necesidad, y lucha contra el uso excesivo de la prisión preventiva. Cuando visitamos un centro, hablamos con todos los reclusos para identificar a aquellos que están en prisión preventiva de manera abusiva, y luego, realizamos el seguimiento de sus expedientes con la ayuda de abogados referentes.

Nuestras visitas de control nos han permitido hacer varias observaciones. En primer lugar, la sobrepoblación de las cárceles y el alto índice de personas en espera de juicio, que, en todos los establecimientos, son mucho más numerosas que las penadas. En este contexto, la ACAT ha emprendido un proyecto para luchar contra el uso excesivo de la prisión preventiva y lograr que todas las personas privadas de libertad sean juzgadas. En 2021, pudimos obtener más de 106 fallos.

En segundo lugar, hemos observado que las condiciones de reclusión son inaceptables. No hay suficiente comida, el hacinamiento es altísimo y la atención sanitaria es casi inexistente. En nuestro país, abandonamos a su suerte a las personas enfermas, que deben curarse como puedan.

CL. Las comisarías están llenas de personas de las que se presume que han cometido un delito, pero la Policía Judicial tarda demasiado en tratar sus expedientes. La mayoría de las personas que entrevistamos han excedido el plazo legal de la custodia policial, que es de máximo 72 horas, prorrogable de 48 horas por el fiscal de la República. En la práctica, los expedientes se acumulan porque no se envían a tiempo, lo que provoca la sobrepoblación de estos locales.

Pero, desde luego, otros factores entran en juego. Por ejemplo, los oficiales de Policía muy a menudo desconocen la legislación relativa a la custodia policial y el hecho de no respetarla no les causa problema alguno, pues las comisarías no están sujetas a un control por parte de la Fiscalía o la Inspección General de la Policía.

La situación también es compleja para los jóvenes en conflicto con la ley, arrestados por delitos en banda organizada y detenidos en gran cantidad en las comisarías. Los menores, por su edad, están sujetos a otros procedimientos, aun más disfuncionales que los de los adultos, y algunos de ellos son demasiado lentos o ni siquiera se aplican. Creemos que es urgente encontrar una solución favorable para estos jóvenes.

CL. Creemos que existen varios medios para lograr que se respeten los derechos. Lo primero es vulgarizar los instrumentos jurídicos relativos a los derechos de las personas privadas de libertad. De este modo, el personal penitenciario y judicial, así como las agentes de la Policía, podrán tener acceso al Código Penitenciario y al Código de Procedimiento Penal. Asimismo, es necesario que haya un control sobre las comisarías, los juzgados de instrucción y los centros penitenciarios. Esto permitiría identificar las violaciones de los derechos y sancionar a los autores con mayor facilidad o forzarlos a modificar sus prácticas.

Se debe pedir al Gobierno que se apoye más en las ONG para controlar los lugares de privación de libertad, como las estaciones de Policía y los centros penitenciarios. Los jóvenes, entre otros, deberían recibir mayor asistencia y acompañamiento por parte de nuestros abogados referentes. El objetivo es realizar un seguimiento y conocer los expedientes de todos aquellos que estén en prisión preventiva, sobre todo, los que no cuentan con un abogado.

Nuestra asociación también sigue instando al Gobierno a que cree un Mecanismo Nacional de Prevención (MNP). El Congo firmó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas que prevé la implementación de dicho mecanismo, pero aún no lo ha ratificado. Si bien el presidente de la República promulgó los textos necesarios para su ratificación, todavía no se han transmitido a la secretaría de las Naciones Unidas. Creemos que un MNP facilitará las visitas de control de todos los lugares de privación de libertad, incluidas las estaciones de Policía.

Por último, está el tema de las reformas. La revisión del Código Penal, que comenzó en 2008, aún no se ha terminado, y no ha sido posible aplicar el Código Penitenciario, que se promulgó hace poco, ya que requiere la creación de varios dispositivos. Hay que reconocer que ha habido cierto progreso, aunque no sea muy evidente. Sin embargo, la impunidad persiste, y, a pesar de que hemos identificado las violaciones de los derechos de las personas privadas de libertad y sus necesidades, todavía no contamos con un mecanismo que nos permita llevar a cabo un control estricto de los lugares de privación de libertad de nuestro país.