Gaspard Onokoko. El GRA-REDEP trabaja para promover y proteger los derechos de la persona y de la juventud. Para ello, apoya acciones educativas que forman sobre los derechos de las personas privadas de libertad, de los migrantes, de los menores no acompañados, así como de las mujeres y niñas. En este contexto, sus objetivos son dinamizar el proceso de ratificación de los instrumentos internacionales y regionales destinados a garantizar el respeto del derecho de las mujeres y de las niñas, así como de las personas con discapacidad, y que los principios de dichos instrumentos internacionales se plasmen en la legislación. Para el GRA-REDEP, las violencias sexuales que las mujeres sufren con frecuencia son una forma de tortura. Nuestro equipo realiza visitas periódicas a los centros de privación de libertad, tras lo cual envía informes o avisos urgentes a la administración penitenciaria. Fue precisamente en ese marco de acción que nuestra ONG empezó a estudiar el centro penitenciario femenino Liberté VI. 

La visita del centro de privación de libertad se efectuó el 23 de diciembre de 2020 durante la crisis sanitaria derivada de la Covid-19: un contexto que no se puede ignorar y que ha puesto de manifiesto la dimensión sanitaria de la misión de seguridad que recae en la administración penitenciaria.

Esta situación ha conllevado, entre otras cosas, restricciones y medidas de protección, como la suspensión del acceso a las instalaciones y las visitas de ONG y de asociaciones de representantes de misiones diplomáticas, el ingreso de investigadores e, incluso, las visitas de familiares, que son las que proporcionaban a las personas privadas de libertad la oportunidad de estar en contacto con sus familiares al menos una vez por semana y de forma gratuita.
Por esta razón, los familiares y seres queridos de las personas detenidas alertaron al GRA-REDEP de todos estos problemas derivados de la Covid-19 y nos pidieron que investigáramos la situación dentro del centro penitenciario femenino Liberté VI. Eso nos llevó a solicitar y obtener una autorización oficial por parte de la dirección de la administración penitenciaria. Primero realizamos una visita previa que nos permitió hablar con la superintendente¹ del centro penitenciario y creamos los cuestionarios, con una total transparencia para establecer un clima de confianza y cooperación entre el GRA-REDEP y los responsables del establecimiento.

A continuación, quisimos ganarnos la confianza de las mujeres privadas de libertad, para lo que tuvimos que hacerles ver la importancia de nuestra visita. Recogimos sus testimonios y visitamos las instalaciones.
Por último, redactamos nuestras observaciones y las enviamos a la administración penitenciaria, a los ministerios y a todos departamentos a los que conciernen los derechos de las personas privadas de libertad.

GO. En general, no hay muchas mujeres en reclusión: en Senegal, las mujeres privadas de libertad representan más o menos el 2,7 % de la población carcelaria. Su reclusión está sometida a unas reglas muy concretas. Al visitar el centro, nuestra intención era comprobar hasta qué punto se estaban respetando los derechos de las personas privadas de libertad y de las mujeres. Estudiamos las posibilidades que tienen de cursar programas de formación o de reinserción. En total, hablamos con 84 reclusas, lo que representa el efectivo completo del centro penitenciario femenino Liberté VI. Nos dimos cuenta de que en el centro se habían llevado a cabo unas mejoras considerables con respecto a nuestras anteriores visitas, efectuadas en 2007 y 2015.

Observamos que los perfiles de mujeres que se encuentran privadas de libertad están estrechamente vinculados a las problemáticas de género que siguen presentes en la sociedad senegalesa. Como indicamos en nuestro informe, el infanticidio es la principal causa de ingreso en prisión de mujeres y niñas (hasta un 46 % están en prisión por este tipo de delito), mientras que, en el momento de nuestra visita, un 23 % de mujeres estaban en reclusión por haber abortado.

**Se hace necesario precisar que, muy a menudo, el delito de infanticidio es la consecuencia de discriminaciones o violencias anteriores, en concreto en el caso de embarazos causados por actos de violencia sexual: violaciones, incesto o delincuencia pedófila. La prohibición tajante y absoluta del aborto también explica en parte la cantidad de condenas por infanticidio, ya que este puede estar sancionado con penas de hasta cinco años de prisión.

Las mujeres que ejercen la prostitución son consideradas como delincuentes potenciales. A pesar de que la prostitución es legal en Senegal, si la trabajadora del sexo no dispone de un carnet sanitario o no está inscrita en un registro administrativo, la actividad se convierte en un delito sancionado con penas de prisión. A esto se añade la falta de formación y de educación, en particular, sexual y reproductiva.

No podemos ignorar que la masificación penitenciaria sigue siendo la característica más importante de la mayoría de centros de reclusión de Senegal. En el caso del centro penitenciario femenino Liberté VI, la sobrepoblación contribuye de manera capital a la violación de los derechos de las mujeres privadas de libertad y afecta sus condiciones de reclusión y el trabajo del personal penitenciario.

GO. Los centros penitenciarios femeninos deberían poder responder a las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad y, en el caso del centro Liberté VI, sus necesidades parecían estar relativamente tenidas en cuenta. Nosotros estudiamos sobre todo la cuestión de la maternidad en reclusión. El marco legal prevé, entre otras cosas, que haya dispositivos adecuados y suficientes para garantizar la dignidad de las mujeres embarazadas y las madres lactantes.

Avisamos de que la situación concreta de las reclusas embarazadas, lactantes o que tenían a sus hijos con ellas no se tenía suficientemente en cuenta. En general, la administración penitenciaria tiene que garantizar unas condiciones apropiadas para el parto e introducir un sistema y un ritmo de visitas médicas adaptados. Somos conscientes de que los responsables del centro penitenciario se han esforzado para conseguir ese objetivo; por ejemplo, hicieron un fondo común entre ellos para hacerse cargo de una mujer que acababa de dar a luz.

Por otra parte, las mujeres se ven especialmente afectadas por la falta de instrucción y, por lo tanto, es más fácil que se vean aisladas social y económicamente. También insistimos en la importancia de que la administración penitenciaria facilite la reinserción de las mujeres privadas de libertad, a través de programas educativos y de alfabetización o de formaciones profesionales, actividades culturales y deportivas e, incluso, de acompañamiento espiritual.