ACBB. La eterna cuestión es la de la financiación y el coste de estas medidas. Las personas reclusas son portadoras de ITSS con mayor frecuencia que las de la población general. Su atención constituye una necesidad para la salud pública, ya que muchas personas reclusas entran y salen de prisión con regularidad, y existe el riesgo de que transmitan estas ITSS durante una de sus liberaciones. Está claro que las medidas adoptadas en los centros penitenciarios tienen un impacto directo en la salud pública. Sin embargo, lograr que las personas reclusas enfermas, o portadoras asintomáticas, puedan recibir atención es una lucha constante.
Al mismo tiempo, nosotros, como personal sanitario, siempre tenemos margen de mejora. Aún se puede mejorar el cribado y el cuidado de las personas que necesitan tratamiento. Intentamos, por ejemplo, actuar en el menor tiempo posible. Pero esto no es nada fácil.
A veces es complicado poner en marcha un tratamiento sin saber cuánto tiempo va a permanecer la persona y cómo vamos a ser capaces de llevar un seguimiento. La dificultad consistirá siempre en garantizar la continuidad del tratamiento una vez que la persona haya sido trasladada o puesta en libertad.
Aunque nuestro objetivo es garantizar de la mejor manera posible la continuidad de los cuidados de las personas, esto sigue representando un desafío. Este es un aspecto mejorable y perfeccionable que depende en gran medida del tipo de población involucrada. Por ejemplo, la situación no será la misma para una persona integrada en la sociedad que tiene un techo, o para alguien sin hogar que no tiene un permiso de residencia. Sin embargo, existen recursos externos para garantizar la continuidad de la atención a las personas que salen de prisión. También es nuestro papel informar a los responsables del seguimiento de la persona acerca de su salida, para asegurarnos de que pueda acceder a su tratamiento hasta que la reciban en el lugar de acogida. Si la persona sale un viernes por la noche o un sábado por la mañana, por ejemplo, recibe hasta tres días de tratamiento. Esto le permite aguantar hasta el lunes y poder recibir el resto de su tratamiento directamente en el lugar de acogida. El objetivo es evitar que la persona sufra la abstinencia y adopte un comportamiento de riesgo que pueda llevar a una sobredosis.
En términos más generales, siguen existiendo muchos desafíos en materia de reducción de riesgos. Seguimos, por ejemplo, pensando en cómo las prácticas de tatuaje se pueden implementar con menos riesgo. La idea es también ver cuáles son las expectativas de las personas reclusas. Tal vez la cuestión del tatuaje ya no es tan apremiante como hace unos años y la prioridad está en otro lugar. Nuestro trabajo también consiste en identificar las necesidades y ver cómo se pueden satisfacer.
También hay que tener en cuenta que los programas disponibles en prisión son un reflejo de lo que se acepta y se practica en el exterior. En el cantón de Ginebra se prevén, entre otras cosas, salas de inyección y tratamientos con prescripción de heroína para las personas dependientes. Por tanto, su existencia facilita la implementación de este tipo de acciones dirigidas a las personas reclusas. Evidentemente, existen obstáculos logísticos, financieros y relacionados con el grado de aceptación de estas medidas. La reducción de riesgos no suele ser la prioridad de la administración penitenciaria, así que hay que seguir trabajando en ello.