Türkiye: una lucha por el control

Arda İbikoğlu. Durante gran parte del siglo XX, el Estado turco pareció olvidarse por completo de las prisiones, pues las autoridades penitenciarias no contaban ni con los medios ni con el poder para imponer un régimen estricto a las personas privadas de libertad. Si bien el sistema de justicia penal fue objeto de profundas reformas, las prisiones, por su parte, siguieron en las mismas condiciones de hacinamiento e insalubridad. En la segunda mitad del siglo XX, bajo un Estado militar centrado en la seguridad y la identidad nacionales, surgieron los movimientos de izquierda y el nacionalismo kurdo. Con esta escalada de las tensiones y de la resistencia al Estado, la pertenencia a estos grupos comenzó a penalizarse.

El aumento del número de prisioneros políticos¹ trajo consigo un modo de vida muy politizado y organizado, que estructuró las prisiones y dio lugar a acuerdos informales con la administración penitenciaria. Los grupos políticos manejaban sus propios módulos, dormían en celdas comunes y controlaban su vida diaria en prisión.

Los reclusos crearon estructuras de vida comunitaria y establecieron sus propios regímenes, con horarios definidos para las salidas al patio, el sueño, el ejercicio, las comidas, y las formaciones teóricas, en las que se leía literatura política.

Las jornadas se organizaban de forma muy rigurosa y se establecían roles para las diferentes tareas, como cocinar, conseguir cigarrillos o distribuir el correo. La administración penitenciaria alojaba a los nuevos prisioneros políticos en el módulo de su respectivo grupo para evitar que se iniciaran motines o huelgas de hambre. Muchas personas murieron en las protestas.

Con el tiempo, esta situación se hizo cada vez más molesta para el Estado. Por ejemplo, los directores de prisión no podían entrar en los módulos sin la autorización de los reclusos.

En 1991, con la introducción de la ley antiterrorista, el Estado incrementó la penalización de la oposición. Las disposiciones eran tan vastas, que hasta las personas que habían tenido un mínimo contacto con estas organizaciones se enviaban a prisión, acusadas de terrorismo. Muchas de ellas terminaron acercándose más a estos grupos durante su reclusión.

En la década de los 90, las autoridades lanzaron ataques contra las prisiones para limitar el control de las organizaciones políticas. Muchos reclusos murieron y otros sufrieron mutilaciones. Finalmente, el Estado decidió que era necesario construir nuevas prisiones.

Aİ. En 1996, la administración penitenciaria introdujo el Eskişehir, un modelo de prisión especial basado en las celdas individuales. El objetivo era separar a los reclusos y evitar que se organizaran entre ellos. Esta situación dio lugar a manifestaciones y huelgas de hambre, tras las que muchos murieron después de 60 días. Al final de las protestas, los reclusos lograron imponer un régimen abierto e instaurar de nuevo el sistema de módulos. En ese entonces, el Estado aún no se había organizado, a diferencia de los grupos políticos, que colaboraban de manera efectiva en sus protestas. Sin embargo, más tarde, la situación daría un vuelco; los grupos políticos perdieron su cohesión y el Estado comenzó a estructurarse, lo que dio paso a la introducción de un nuevo modelo penitenciario en 1999: las prisiones de máxima seguridad tipo F.

Este modelo se inspiró de las prisiones inglesas y estadounidenses, con la intención de derribar la mentalidad comunitaria. Las celdas de los nuevos establecimientos se diseñaron para un máximo de tres personas y solo diez reclusos podían reunirse en las áreas comunes por un tiempo limitado. El nuevo régimen impuso un sentido de la pertenencia individual y los reclusos tuvieron que dejar de compartir sus recursos (dinero, ropa, cigarrillos, comida, etc.). Por ejemplo, se crearon cuentas bancarias individuales y subsidios semanales. La idea era que los reclusos tuvieran su propio dinero y lo usaran para sus necesidades personales, con la prohibición de compartirlo con los demás.

Los prisioneros políticos levantaron barricadas en sus módulos e iniciaron huelgas de hambre para evitar que los trasladaran a estas prisiones.

En el mes de diciembre del año 2000, el Estado atacó sus propias prisiones con equipos de demolición y bombas de gas, lo que le permitió tomar por la fuerza a los reclusos en huelga de hambre y trasladarlos a las nuevas prisiones de máxima seguridad parcialmente terminadas.

Muchas personas murieron tras la huelga de hambre, y otras se mantuvieron en vida con vitaminas.

Las autoridades argumentaron que las antiguas prisiones se encontraban en condiciones insalubres y vulneraban los derechos de las personas privadas de libertad. Los prisioneros políticos refutaron este argumento y afirmaron que el Estado solo quería controlar a los reclusos. En realidad, todo esto se trató más de una lucha entre los opositores y el Estado que de un verdadero esfuerzo por reformar el sistema penitenciario. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) apoyó la construcción de las nuevas prisiones, al considerar que eran más salubres y ofrecían mejores condiciones de vida, ya que las celdas individuales contaban con un patio al que podían acceder durante el día, salvo en caso de sanción disciplinaria.

Aİ. Las prisiones de máxima seguridad tenían sobre todo una finalidad política, pues se construyeron para encarcelar a las personas condenadas en virtud de la ley antiterrorista, usada para penalizar a los opositores. Lo que pretendía el Estado con esta reforma, que formaba parte de un enfoque neoliberal importado de los Estados Unidos y Europa, era derribar el régimen de vida comunitario que habían establecido los prisioneros políticos.

Las organizaciones políticas introdujeron una rutina estricta y un régimen disciplinario con el propósito de crear “reclusos-soldados”, mientras que el Estado quería crear individuos utilitarios responsables de su propia conducta. Los que respetaban las reglas recibían beneficios y los que no, los perdían y se sometían a sanciones disciplinarias. También se puso en marcha un sistema de puntos para indicar el nivel de riesgo de cada recluso.

La administración penitenciaria no ve a los reclusos como individuos que se deben rehabilitar, sino como personas que eligen comportarse bien o no, con el fin de recibir beneficios.

Estas prisiones se crearon para controlar a los prisioneros políticos y desmantelar sus estructuras comunitarias. Sin embargo, ahora se han convertido en la norma y caracterizan el sistema penitenciario en su conjunto.

Otras reformas penitenciarias siguieron la misma lógica neoliberal. Por ejemplo, las penas no privativas de libertad se introdujeron en 2006, junto con las sentencias mínimas obligatorias y la cadena perpetua agravada. Este tipo de reformas se habían llevado a cabo en Estados Unidos al comienzo de la era neoliberal, a finales del siglo XX. En el año 2000, las prisiones turcas alojaban unas 58 000 personas. Hoy en día, hay más de 300 000. Esta cifra sumada a las 300 000 que se encuentra en libertad condicional, nos lleva a un total de 600 000 sometidas al sistema de justicia penal.

En 2006 y 2007, entrevisté a antiguos prisioneros políticos, así como a varios funcionarios del Ministerio de Justicia y de la administración penitenciaria, que me dieron autorización para entrar en los establecimientos. El clima político era otro en ese entonces, ya que Türkiye quería que se le reconociera como un modelo de país islámico democrático. Sin embargo, esto cambió a partir de 2010, con la dificultad para acceder a la información.

Hoy en día, la situación a este respecto es alarmante. Cuando se trata de acceder a ciertos documentos, las autoridades, que no suelen ser muy cooperativas, son las que tienen la última palabra sobre el uso de los datos. El acceso a la información para las organizaciones de derechos humanos se restringe cada vez más. En términos de calidad, existe más información sobre las prisiones otomanas que sobre las contemporáneas.