Ucrania: noticias desde el frente

Vadim Chovgan. Según la información que recibimos nosotros mismos y nuestros colaboradores, la situación en los territorios ocupados es mucho peor que en el resto del país. Nos enteramos de que las autoridades rusas están movilizando a los reclusos de su propio territorio y los lanzan a la guerra como carne de cañón. Su lógica de explotación de los reclusos también se aplica en las prisiones ucranianas. Dos ejemplos: las autoridades rusas no logran convencer a suficientes ciudadanos ucranianos para que acepten la ciudadanía rusa, por lo que obligan a los reclusos a firmar un documento para solicitarla. Por otra parte, utilizan a las personas privadas de libertad para realizar trabajos forzados y, bajo amenaza, se les obliga a cavar trincheras para el ejército ruso. Si se niegan, son objeto de intimidaciones, tortura y muchas cosas peores. Esto demuestra que las autoridades utilizan a las personas privadas de libertad con fines políticos porque tienen más control sobre ellas que sobre los ciudadanos libres.

En las zonas ocupadas, los rusos colocan lanzacohetes y sistemas de misiles junto a las prisiones, que se utilizan como bases militares para almacenar municiones y alojar a sus soldados durante la noche. Estas instituciones son de gran interés para las autoridades rusas, ya que allí se concentran cientos de personas y las fuerzas ucranianas no las atacarán por miedo a matar a muchos de los suyos.
Algunos informes indican que no se les proporciona agua ni alimentos en cantidad suficiente, pero no podemos confirmarlo. Hemos tenido que cortar toda comunicación directa con las personas encarceladas en los territorios ocupados, pues si se llegara a interceptar el mensaje de algún recluso, podría haber consecuencias mortales.

Del mismo modo, se observan graves violaciones de los procedimientos penales, con alrededor de un tercio de la población carcelaria que sigue en espera de juicio; muchas personas incluso han alcanzado el límite máximo legal de la prisión preventiva. Los tribunales no funcionan en los territorios ocupados y las decisiones sobre las sentencias se dejan en manos de comisiones compuestas por personal de la administración penitenciaria exclusivamente. Esto constituye una absoluta privación de los recursos legales básicos: los directores de la prisión asumen el papel de juez, los reclusos no tienen abogado y es imposible presentar una apelación.

Algunas prisiones de los territorios ocupados también se están utilizando para el arresto de civiles y de prisioneros de guerra. En cierto modo, los centros penitenciarios son fáciles de explotar, ya que los reclusos y el personal penitenciario representan mano de obra disponible a todo momento. Una parte del personal penitenciario se retiró cuando las fuerzas armadas rusas tomaron el control. A los que se quedaron, la ley ucraniana los considera como colaboradores.

VC. En las regiones que siguen bajo el control ucraniano, las cosas están empeorando, aunque la situación humanitaria no es tan catastrófica como habría de esperarse. De hecho, el personal de la prisión ha permanecido en su puesto, lo que significa que no es probable que se les movilice para la guerra.

Algunas prisiones han sido blanco de bombardeos o se han visto afectadas por ellos de una u otra manera. Las condiciones sanitarias han empeorado, sobre todo porque las instalaciones no se reparan. Utilizar el presupuesto del Estado para reparar las prisiones ya era bastante difícil en tiempos de paz, ahora es absolutamente imposible. En algunas regiones se han producido oleadas de desplazamientos por motivos de seguridad: muchos médicos se han ido, lo que ha perjudicado el acceso a la asistencia sanitaria de los reclusos. Lo mismo ocurre con los abogados, lo que ha provocado considerables retrasos en los procedimientos. La evacuación sigue siendo una cuestión muy urgente, pues algunas prisiones aún no se han evacuado a pesar de estar bajo la amenaza constante de bombardeos.

Se han registrado varios casos de violencia y disturbios. A principios de septiembre, el personal de la prisión Polytska nº 76 (en el oeste del país) inició una protesta; algo sin precedentes en Ucrania y prohibido por la ley. Los manifestantes denunciaron la corrupción del director de la prisión y afirmaron que este se quedaba con las primas del personal. Dos semanas después, en este mismo establecimiento, los reclusos ─que denunciaban las violaciones de sus derechos por parte del personal penitenciario─ se amotinaron, prendieron fuego a los comedores y colocaron barricadas en las puertas. Un video muestra al subdirector de la prisión apaleando a un recluso en las caderas.

Estos abusos son frecuentes y ya existían antes de la guerra. El Grupo de Derechos Humanos de Kharkiv incluso llevó algunos casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este año, al menos 12 reclusos de la prisión de Sokyriany nº 67 han presentado denuncias, algunos por haber recibido fuertes palizas, otros por la destrucción de sus bienes. Estos son los dos métodos que emplean las unidades de intervención especial ucranianas para disuadir a los reclusos de protestar, ya sea de manera silenciosa o pasiva. Este tipo de cosas ya ocurrían en las prisiones ucranianas incluso antes de la guerra.

VC. En los territorios controlados por Ucrania, el monitoreo de las prisiones de hace igual que antes. Aunque, en la actualidad, el MNP no funciona debido al cambio de Defensor del Pueblo, nuestros colaboradores continúan realizando visitas en el marco de otros mandatos, incluso como miembros del Consejo Consultivo Comunitario del Ministerio de Justicia. Pensamos que las autoridades ucranianas han sido bastante transparentes y abiertas desde el comienzo de la guerra. Tal vez a la administración penitenciaria le irritan un poco más las visitas, sin embargo, su obligación es permitir la entrada de los organismos de control, que además pueden resultarle muy útiles a la hora de actuar como intermediarios entre la prisión y las organizaciones humanitarias, o incluso dentro de la jerarquía penitenciaria.

En los territorios ocupados por las fuerzas rusas, la situación es muy diferente. Seguimos a distancia las fuentes de información pública y adaptamos métodos como los que se están desarrollando en el marco del Protocolo de Berkeley para Investigaciones de Código Abierto de Archivos Digitales, una herramienta muy completa. Al no estar construido específicamente para las numerosas particularidades de las prisiones, hemos desarrollado una metodología para este contexto, que incluye métodos específicos de control indirecto, como el hecho de recurrir a reclusos liberados o evacuados, familiares de los reclusos o personal penitenciario que ha abandonado los territorios ocupados. Estos métodos son obligatoriamente indirectos porque es difícil tener contacto con los reclusos in situ, incluso con aquellos que estarían dispuestos a darnos información. Esto violaría el principio de “no hacer daño”, que es fundamental en este tipo de contexto: acceder a la información es menos importante que la vida de una persona. A nadie se le permite ingresar en las prisiones de las zonas ocupadas, ni a las organizaciones de la sociedad civil ni a las organizaciones internacionales como la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Ucrania.