Durante las últimas décadas se ha observado un aumento acelerado y constante de la población carcelaria, lo que se traduce en más de once millones de personas privadas de libertad en el mundo, de las cuales más de tres millones se encuentran en prisión preventiva.

Si bien las causas de este incremento son complejas, muchas de sus consecuencias son bastante claras: sobrepoblación carcelaria y condiciones de vida inhumanas y degradantes. De acuerdo a sus propias medidas de capacidad, la mayoría de los sistemas penitenciarios de todo el mundo presenta problemas de sobrepoblación ─lo que afecta tanto la salud mental como física de los reclusos, pone en riesgo la seguridad de las prisiones y del personal, y reduce las probabilidades de reinserción─. Los países con mayores índices de sobrepoblación son Filipinas (con una tasa de ocupación del 460 %),Haití (450 %) y Guatemala (370 %). El recurso excesivo al encarcelamiento no solo impone altos costos al erario público y afecta de manera desproporcionada a las personas pobres y a los grupos marginalizados de todas las sociedades, sino que además impide a los sistemas penitenciarios ocuparse de manera eficaz de la minoría de los reclusos que suponen un verdadero problema para la seguridad pública.

Cifras, índices y tendencias de la población carcelaria en diez países¶

Los países incluidos en el presente proyecto tienen grandes diferencias en cuanto a las cifras y los índices de población carcelaria. Estados Unidos cuenta con más de dos millones de personas privadas de libertad, la población carcelaria más alta del mundo, lo que equivale a una tasa de encarcelamiento de 639 (proporción de reclusos por cada 100 000 habitantes), una vez más, la más alta del mundo. Tailandia, cuya población carcelaria se eleva a 320 000, la octava más alta del mundo, tiene una tasa de encarcelamiento de 459 y una tasa de ocupación del 340 %.

Por su parte, India, donde casi medio millón de personas se encuentran privadas de libertad, tiene una tasa de encarcelamiento de solo 35 ─lo que la sitúa en el puesto 209 de las 223 jurisdicciones del mundo en la clasificación de tasas de encarcelamiento de World Prison Brief─. Otro aspecto destacable en cuanto a la población carcelaria de la India es que casi el 70 % de los reclusos son preventivos. Otros Estados como los Países Bajos y Kenia también tienen tasas de encarcelamiento relativamente bajas, 63 y 83 respectivamente.

Algunos de los diez países del proyecto han observado un crecimiento espectacular de la población carcelaria durante los últimos 40 a 50 años.

El número de personas privadas de libertad en Estados Unidos se multiplicó por más de cuatro y pasó de casi medio millón de personas, en 1980, a más de 2.3 millones de personas, en 2008 (año en que alcanzó su pico), lo que aumentó la tasa de encarcelamiento de 220 a 775. La población carcelaria de Brasil se ha multiplicado por veinte y pasó de 30 000, en 1973, a más de 759 000 personas, lo que provocó un incremento de la tasa de encarcelamiento, que pasó de 32 a 357, durante el mismo periodo

Las líneas de tendencias revelan, sin embargo, que nada es imposible en términos de crecimiento de la población carcelaria: en los Países Bajos, durante los años 90 y principios de los años 2000, se observó un aumento de la tasa de encarcelamiento, tras el que se presentó un considerable descenso; el fuerte incremento de la tasa de encarcelamiento en Estados Unidos ha retrocedido y la creciente tasa de Brasil parece haberse estabilizado.

Comprender las tendencias y las pautas de encarcelamiento¶

Como lo concluimos en los primeros resultados del proyecto de diez países, Prison: Evidence of its use and over-use from around the world, no existe una única causa que explique las tendencias y las variaciones de las tasas de encarcelamiento; las cifras de la población carcelaria, en un país y en un momento determinados, dependen de varios factores que se relacionan entre sí.

Entre los factores que pueden provocar un aumento de la población carcelaria se encuentra el debate público, las políticas cada vez más punitivas, la ampliación de las conductas consideradas delictivas, el endurecimiento de la ley, y los cambios en las pautas de la delincuencia. Dichos factores participan en el incremento del número de personas acusadas que comparecen ante los tribunales y en el mayor recurso a la prisión para las personas enjuiciadas. El aumento de la prisión preventiva es una de las tantas manifestaciones de las políticas punitivas y de las trabas de los procesos judiciales.

Si bien es cierto que existen muchos factores que fomentan, de manera directa o indirecta, el recurso al encarcelamiento, también existen otros que lo moderan o lo reducen. Por ejemplo, tanto en los países ricos como en los pobres, la escasez de recursos limita el uso de la prisión, por la sencilla razón de que las prisiones son caras. Además, se ha tomado cada vez más conciencia de que el encarcelamiento no es la mejor solución para resolver los problemas sociales, y que muchos de estos problemas encontrarían una respuesta más eficaz fuera del ámbito de la justicia penal. Por otra parte, algunos países, ya sea de forma abierta o encubierta, por motivos económicos o de otro tipo, han tomado la decisión política de frenar o reducir el recurso a la prisión.

La COVID-19 se suma a la lista de factores que favorecen la reforma penal y el desencarcelamiento. Al declararse la pandemia, algunos países decidieron reducir su población carcelaria para minimizar los riesgos sanitarios que supone la sobrepoblación. Pero aún está por verse hasta qué punto se mantendrán dichas medidas.

Reformas¶

Así como no existe una única razón que explique las diferencias en el uso del encarcelamiento entre los países, tampoco existe una sola vía que nos conduzca hacia una reforma totalmente eficaz. Sin embargo, algo que sí está claro es que, para que las reformas sean exitosas, es necesario abordar varias cuestiones trasversales. Algunas de las prioridades estratégicas son:
• determinar la función del encarcelamiento y sus límites;
• reducir la politización de las sentencias;
• despenalizar los delitos menores y las infracciones contra el orden público;
• identificar y resolver los problemas de desproporcionalidad contra los grupos marginalizados a la hora de dictar sentencias y medidas de prisión preventiva;
• reformar la política de drogas e incluir la despenalización y la reducción de daños;
• asegurarse de que las medidas de prisión preventiva se apliquen únicamente como último recurso y durante el menor tiempo posible; • analizar las repercusiones del uso excesivo de la prisión sobre la salud pública.

Todos los países recurren al encarcelamiento para castigar ciertas formas de comportamiento ilegal. Sin embargo, de un país a otro, los tipos de comportamiento que se consideran merecedores de una pena de prisión (en lugar de una pena alternativa) difieren considerablemente, al igual que la duración de la pena impuesta. En las últimas décadas, se ha observado una marcada tendencia al endurecimiento de las penas, lo que se traduce en un recurso más frecuente a la prisión, y por periodos más prolongados. De manera evidente, este endurecimiento ha aumentado las tasas de encarcelamiento, sin lograr resolver las causas subyacentes de la reincidencia. Las condenas que cada país impone por la misma conducta varían de forma significativa, lo que demuestra que, si bien todos los países hacen frente a los mismos dilemas con respecto a los comportamientos ilegales de sus ciudadanos, las respuestas son muy diferentes.

Condenas por delitos relacionados con las drogas¶

Más de dos millones de personas están encarceladas por delitos relacionados con las drogas, y casi un tercio de la población reclusa femenina ha sido condenada por este tipo de delito. De estos dos millones de personas, muchas de ellas han desempeñado un papel insignificante, fácilmente remplazable y con poco beneficio económico, dentro de las redes de delincuencia organizada; otras simplemente han sido detenidas en posesión de drogas para uso personal.

El recurso excesivo a la prisión por delitos de drogas no ha logrado disuadir a los proveedores ni reducir el consumo, pero sí ha puesto una enorme carga sobre los sistemas de justicia penal. La aplicación de leyes más punitivas ha exacerbado los problemas económicos y sociales en las comunidades afectadas por altos niveles de pobreza, desempleo y drogodependencia. Sin embargo, en algunos lugares, están cobrando cada vez más fuerza las medidas de tratamiento terapéutico, ya sea dentro o fuera del sistema de justicia penal. La despenalización y la aplicación de penas más leves caracterizan ahora la política en materia de drogas de varios países del mundo. Nuestras recomendaciones relativas a las condenas impuestas por delitos de drogas están encaminadas a la adopción de un enfoque más proporcionado.

Condenas anteriores¶

El aumento de la población reclusa se ve agravado por el encarcelamiento de un gran número de delincuentes, a menudo de bajo nivel y, generalmente, no violentos. En la mayoría de los países, la ley prevé penas más estrictas para los delincuentes con condenas previas. Esto se debe a dos razones: los reincidente son más culpables, ya que no han respondido de la manera esperada a las penas anteriores y, además, es más probable que reincidan de nuevo. Por lo tanto, se aplican castigos más severos para hacer frente a este riesgo, lo que significa que a menudo se impondrá una pena de prisión cuando, de no ser por los antecedentes, se aplicaría una pena no privativa de la libertad.

Es evidente que encarcelar a los reincidentes no tiene efectos positivos en la prevención de la reincidencia, aparte del efecto de inmovilización temporal. En prisión, no solo es difícil resolver los problemas subyacentes, como la drogodependencia, sino que, al dejar a las personas con menos oportunidades y con menos qué perder, se aumenta el riesgo de reincidencia. Nuestras recomendaciones relativas a las condenas impuestas están encaminadas a la adopción de un enfoque más justo y realista.

Penas de prisión de corta duración¶

La estancia en prisión por un periodo de corta duración desestabiliza la vida de las personas y rara vez ofrece perspectivas de intervención constructiva que aborden las causas de la reincidencia. Las penas cortas suelen aplicarse para castigar la reincidencia y, en algunos países, en los que las medidas no privativas de libertad son menos frecuentes, se utilizan incluso para sancionar a las personas que cometen delitos menores por primera vez. En ocasiones, las personas terminan en prisión por varias semanas o varios meses solo porque carecen de recursos para pagar una multa o para contratar un abogado que asegure su defensa.

Nuestras recomendaciones van encaminadas a evitar el recurso excesivo a la prisión por periodos cortos y fomentar la adopción de medidas alternativas.

Cadena perpetua¶

De los once millones de personas privadas de libertad, casi quinientos mil están cumpliendo cadena perpetua, de una u otra forma, lo que significa que el Estado tiene el poder para encerrarlas de por vida. En algunos países, la cadena perpetua se impone obligatoriamente para ciertos delitos.

El uso de esta pena ha aumentado de manera significativa durante los últimos años, lo que significa que se han ampliado los delitos por los que se impone ─o se obliga─. Esto se debe principalmente a la carrera política por el orden público. Sin embargo, en algunos países, como Brasil, este tipo de pena no existe; en otros, se aplica en ciertas ocasiones, por ejemplo, en los Países Bajos, una persona condenada por homicidio podría cumplir una pena de prisión de doce años, tras lo que se le brindaría un tratamiento psiquiátrico (si se considera que padece una enfermedad tratable).

La cadena perpetua, sobre todo, cuando se impone con periodos de seguridad excesivos o sin posibilidad de libertad condicional, se considera inhumana, ya que tiene graves consecuencias en la salud mental debido a la incertidumbre o a la imposibilidad de recobrar la libertad, y al sentimiento de desesperanza que produce.

Nuestras recomendaciones van encaminadas a reducir el uso de la cadena perpetua, eliminar la obligación de su aplicación y garantizar que se mantenga el principio de proporcionalidad de las penas para los delitos más graves, incluido el homicidio.

El uso indebido de la prisión preventiva ─es decir, la privación de libertad de las personas en espera de juicio o de sentencia firme─ es una de las principales causas, aunque evitable, de la sobrepoblación carcelaria, y constituye una grave violación de los derechos fundamentales. Desde el año 2000, el número de reclusos preventivos ha aumentado considerablemente en todo el mundo, a pesar de que existen medidas más económicas y menos restrictivas, como el uso de los brazaletes electrónicos.

En muchos países, existe una gran brecha entre la legislación y la práctica en cuanto al uso de la prisión preventiva. Si bien los sistemas judiciales (en conformidad con los estándares internacionales) afirman que se trata de una “medida excepcional”, el recurso a la prisión preventiva suele ser la norma. A menudo, el problema no reside en la ley en sí, sino en factores socioeconómicos y sistémicos mucho más amplios que influyen en su (mala) aplicación. Nuestra investigación exhaustiva ─que incluye entrevistas con más de 70 abogados penalistas expertos─ nos ha permitido comprender por qué esta medida, que debería aplicarse como último recurso, se utiliza de manera tan habitual.

Las recomendaciones de ICPR para la reforma se basan en las conclusiones de esta investigación.

Comprender el uso excesivo de la prisión preventiva¶

Desventajas socioeconómicas. Las personas provenientes de entornos desfavorecidos tienen más probabilidades de ser arrestadas. Además, la falta de medios económicos para pagar su fianza y su representación legal favorece el recurso a la prisión preventiva.

Sistemas de justicia penal. Otros aspectos de la “maquinaria” de la justicia penal también forman parte del panorama. Además de la falta de recursos de la Policía y de la Fiscalía, así como de los servicios y las infraestructuras judiciales ─que provocan enormes retrasos en las investigaciones y los juicios─, la deficiencia de la asistencia jurídica y la falta de medidas alternativas a la privación de libertad dan lugar a un uso indebido de la prisión preventiva y a su prolongación.

Cultura y prácticas judiciales. Los jueces tienden a hacer suposiciones infundadas acerca de los riesgos y desestimar rápidamente los argumentos de la defensa sobre la falta de pruebas o las posibilidades de mitigar dichos riesgos sin recurrir a la prisión. Asimismo, están muy influenciados por el temor a la crítica por parte de los medios de comunicación (y las redes sociales) y no suelen dar razones concretas sobre la decisión de aplicar la prisión preventiva.

Condiciones de vida en prisión preventiva¶

En muchos países, los reclusos preventivos son alojados en centros sobrepoblados, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, y son objeto de malos tratos y violencia; sus condiciones de vida suelen ser peores que las de los reclusos penados, ya que no tienen acceso al trabajo, a la educación o a programas de rehabilitación.

Las personas en prisión preventiva pueden ser forzadas a confesar o a aceptar acuerdos de culpabilidad. El hecho de estar encarceladas, obstaculiza la preparación de su defensa y la posibilidad de consultar un abogado o revisar las pruebas de la Fiscalía. Estos factores reunidos aumentan el riesgo de errores judiciales.

Mientras en el año 2000, la población carcelaria mundial se elevaba a 8.7 millones de personas, hoy en día, supera los 11 millones. El aumento estable del número de personas privadas de libertad ha provocado un grave hacinamiento en las prisiones, tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados. La mayoría de los sistemas penitenciarios en el mundo están sobrepoblados.

Debido a la falta de inversión en materia de personal, infraestructura y otros recursos necesarios, millones de reclusos en todo el mundo viven en pésimas condiciones de higiene, privados de atención sanitaria, bienestar y seguridad. Las repercusiones sobre la salud, no solo la de los reclusos y el personal, sino también la de los familiares y las comunidades, son graves. A menudo, las personas que ingresan en prisión tienen problemas de salud física o mental, que suelen empeorarse debido a las condiciones de reclusión o al simple hecho de estar privado de libertad.

La excesiva dependencia en la intervención de la justicia penal supone varios riesgos para la salud pública y la seguridad de la comunidad. Otras medidas que permitan luchar contra la injusticia social y las desigualdades en materia de salud podrían resultar más eficaces a la hora de reducir la delincuencia y mejorar las condiciones sanitarias mejorar las condiciones sanitarias.

Reformas posibles¶

Los Gobiernos tienen la obligación de proteger la salud física y mental de las personas, por lo que deben ofrecer condiciones humanas dignas y proporcionar atención sanitaria y tratamiento adecuados. Sin embargo, la prisión no es un entorno propicio para tratar las enfermedades, y las personas privadas de libertad suelen sufrir, de manera desproporcionada, de mayores problemas de salud. Las prisiones sobrepobladas y sin recursos no pueden garantizar condiciones sanitarias favorables ni atención médica apropiada. Por lo tanto, la reforma penal debe comprender el tema de la salud, teniendo en cuenta las siguientes prioridades estratégicas:
• reducir la población carcelaria;
• reducir el número de personas con trastornos mentales que ingresan (o permanecen) en prisión;
• atender de forma adecuada las necesidades sanitarias de la comunidad (en particular, los problemas de salud mental, y el consumo de drogas y alcohol);
• mejorar el acceso a la asistencia sanitaria, a los exámenes y a los tratamientos para las personas que deben estar en prisión;
• fomentar la salud y el bienestar de los reclusos; y
• garantizar condiciones de vida adecuadas y entornos saludables y seguros.

Cuando se declaró la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, los sistemas penitenciarios tuvieron que tomar medidas urgentes para evitar una catástrofe sanitaria en las prisiones, ya que, de producirse un brote en este entorno cerrado y hacinado, sería muy difícil controlar la rápida propagación tanto dentro como fuera. La vida de las personas privadas de libertad, de los funcionarios de prisiones, de las familias y de las personas de la comunidad estaba en juego. Y el riesgo sería aún más alto en las prisiones sobrepobladas, con escasez de personal, en las que condiciones sanitarias son deplorables y el acceso a la atención sanitaria es deficiente ─la situación de la mayoría de los países en marzo de 2020, como lo habíamos informado unos meses antes─.

Desde principios de marzo de 2020, las prisiones de todo el mundo cerraron sus puertas. Rápidamente, se suspendieron las visitas y se cancelaron las actividades diarias, por lo que los reclusos pasaban la mayor parte del día en sus celdas, sin ninguna ocupación y sin ningún contacto humano significativo, preocupados por su salud y la de sus familiares en medio de una crisis sanitaria mundial.

Las restricciones adoptadas en las prisiones se mantuvieron vigentes durante varios meses y, en muchos países, aún no se han retirado, lo que ha tenido graves repercusiones en la salud física y mental de las personas privadas de libertad y de sus familiares. En el marco de este estudio, hemos reunido algunos relatos de primera mano sobre la vida en prisión antes y durante la pandemia en varios países del mundo.

Lecciones en términos de política y práctica¶

La pandemia impulsó a muchos Gobiernos a adoptar medidas encaminadas a reducir el número de personas privadas de libertad con el fin de contener la propagación del virus dentro del sistema penitenciario. Si bien se ha observado una disminución de la población carcelaria en varios países, aún es necesario adoptar medidas concretas a largo plazo para asegurarse de que este resultado positivo sea duradero. Por otra parte, se requieren medidas urgentes para garantizar que las restricciones impuestas no afecten, de manera desproporcionada, la salud, el bienestar y los proyectos de reinserción de los reclusos.

Recomendaciones¶

Condiciones de vida en prisión¶

Prioridades que las administraciones penitenciarias deberían tener en cuenta:

• reanudar las actividades diarias, el trabajo, la educación, el contacto humano, y permitir a los reclusos pasar la mayor parte del día fuera de sus celdas en condiciones sanitarias seguras;
• reanudar las visitas de las familias, en conformidad con los protocolos de salud pública;
• complementar las visitas de contacto con visitas virtuales cuando sea posible;
• mejorar el acceso a la salud, a los exámenes y a los tratamientos, y solucionar los retrasos de los tratamientos;
• adoptar medidas proactivas para fomentar la salud y el bienestar de los reclusos y brindarles condiciones de vida dignas.

Desencarcelamiento – desde la perspectiva de la salud¶

Prioridades estratégicas para garantizar que la reducción de la población carcelaria perdure:

• asegurarse de que las medidas de prisión preventiva se apliquen únicamente como último recurso y durante el menor tiempo posible;
• abordar el problema de la politización de las sentencias y la libertad condicional;
• despenalizar los delitos menores y las infracciones contra el orden público;
• identificar y resolver los problemas de desproporcionalidad contra los grupos marginalizados a la hora de dictar sentencias y medidas de prisión preventiva;
• reformar la política de drogas e incluir la despenalización y la reducción de daños;
• reducir el número de personas con trastornos mentales que ingresan (o permanecen) en prisión;
• atender de forma adecuada las necesidades sanitarias de la comunidad (en particular, los problemas de salud mental, y el consumo de drogas y alcohol);