Una Ventana a la Libertad monitoreó 175 CDP durante 2018, en 15 estados del país. Se pudo constatar un índice de hacinamiento global del 314 % (16 719 personas detenidas en una capacidad instalada para 5332).

En 2018, se registraron 305 muertes; el 57 % fueron causadas por motivos violentos (motines, riñas entre reclusos, enfrentamientos tras fugas, etc.) y el 38% por la tuberculosis. A título de comparación, en Francia mueren alrededor de 250 personas al año, por una población carcelaria cuatro veces mayor (70 000 reclusos en enero de 2019).

El suministro de elementos básicos para la supervivencia como alimentos, agua, medicinas y ropa están enteramente a cargo de los allegados de los reclusos. Todo esto agravado en el contexto de emergencia humanitaria actual, en el que la inseguridad alimentaria es altísima para todos los habitantes del país.

Solo la mitad de los CPD cuentan con acceso al agua potable. Los familiares de los reclusos deben suministrar el agua, la cual llevan en botellas de plástico hasta los calabozos.

Un tercio de los calabozos no tiene servicio de recolección de basura, por lo que los desechos permanecen en el área externa del recinto hasta que un camión los recoge.

Ninguno de los CDP monitoreados cuenta con un área o servicio médico ni con un comedor, de manera que, los derechos a la asistencia médica y a la alimentación se encuentran permanente amenazados.

Este sistema “paralelo”, que funciona en los CDP, ha colocado a los funcionarios policiales y militares (en menor medida) en situación de custodios penitenciarios de facto, sin contar con la preparación y la formación necesaria para garantizar la adecuada atención de las personas bajo custodia. Esto no solo representa un riesgo para los derechos de las personas privadas de libertad, sino también para los funcionarios públicos, que podrían incurrir fácilmente en infracciones por falta de formación.

En el 32% de los CDP monitoreados por UVL, los familiares de los reclusos reportaron el uso de medidas disciplinarias que incluyen la suspensión de las visitas y de la entrada de alimentos, así como golpes, palizas, torturas y sometimiento por “pranes” (jefes reclusos) con autorización de los custodios. Además, algunos funcionarios cobran para permitir el ingreso de alimentos, ropa y teléfonos.

En el estado Zulia (fronterizo con Colombia) fue donde se registró el mayor número de detenciones arbitrarias. Al menos 50 personas fueron arrestadas entre el 30 de abril y el 1 de mayo, entre ellas, cuatro menores de edad.

Las condiciones de detención en esa región son particularmente duras, debido a que las fallas del sistema eléctrico son aún más pronunciadas que en el resto del país. “Durante los apagones generales, el recinto queda sin el servicio durante las horas que tarde para restablecer el servicio. No los someten a racionamientos programados (se les garantiza el servicio como si se tratara de un centro de salud). En mayo, los constates bajones ocasionaron que el sistema eléctrico del penal colapsara y se quemara parte del cableado y el transformador. Los internos estuvieron, se desconoce con exactitud la cantidad de días, sin energía eléctrica hasta que Corpoelec (empresa nacional de electricidad) sustituyó el cableado y el transformador quemado” ¹.
Cabe mencionar que en este casonos referimos al CPD de Cabimas, en el que se encuentran más de mil seiscientos reclusos.

Félix Luporsi, Israel Augusto Villasana e Israel Antonio Villasana ─dos estudiantes y un comerciante─, fueron detenidos cuando salían de cargar la batería de sus teléfonos celulares del local de un amigo en Castillito, Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Al parecer, los uniformados se los llevaron detenidos al verlos con los brazaletes que habían sido repartidos en la manifestación.

Según información recabada por Una Ventana a la Libertad, los calabozos de la Subdelegación albergan más de 60 personas, las cuales ocupan lo que antes era el baño de caballeros de los funcionarios ─lo que refleja un alto grado de hacinamiento─; este cuenta con luz artificial, un solo retrete y no tiene ducha.

Hoy en día, el personal médico se encuentra particularmente amenazado en Venezuela. El régimen busca amedrentar a los profesionales de la salud para que no denuncien la grave crisis que atraviesa el sistema de salud nacional. Además, busca justificar los decesos, causados por falta de insumos básicos y medicinas, acusando a los profesionales de la salud de mala praxis.

Once médicos fueron detenidos arbitrariamente cuando participaban en las protestas. Los detenidos en el estado Zulia son: Nelson Reites, César Perozo Wong (cardiólogos), Sheyla Montero y Neiro Ferrer; todos de la Unidad de Hemodiálisis.

En Carabobo detuvieron a Jean Pierre Lizárraga, ginecobstetra y Gabriel Ramírez, cirujano plástico; en Aragua, los médicos aprehendidos fueron identificados como: Carmelo Gallardo, hematólogo jefe del servicio del hospital de Maracay, y Gabriel Flores.

En Caracas fue detenido Jorge Carlos Favrin, traumatólogo, y en Falcón, Ismael Rosillo, ginecobstetra.

Medios regionales destacaron que desde febrero pasado habían informado que tenían registrados (desde el 13 de enero) cerca de 45 casos de persecución, amenazas y amedrentamientos en contra de profesionales del área de la salud.

En esa oportunidad, se detalló que el registro de persecución y amenazas lo tenían en los estados de Táchira, donde las víctimas fueron cinco médicos y un estudiante de Medicina detenido y posteriormente expulsado del proceso formativo; asimismo, 12 enfermeras fueron destituidas del IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) por protestar en Trujillo, Carabobo, Aragua y Caracas.

Por último, desde Una Ventana a la Libertad, exigimos a las autoridades competentes garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos detenidos en las protestas de los días 30 de abril y 1 de mayo, de acuerdo a lo establecido en la legislación nacional e internacional que rige la materia. Estos ciudadanos detenidos no han cometido ningún tipo de delito, sino que han ejercido su legítimo derecho a protestar, establecido debidamente en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.