Japón
Capital — Tokio
Población del país
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i07/2018Tipo de Gobierno
Índice de desarrollo humano
Tasa de homicidio (por 100 000 habitant…
Nombre del ministerio responsable de la…
Número de reclusos
Duración media de encarcelamiento (en m…
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i31/12/2014/ ICPRNúmero total de establecimientos
i31/12/2014Se ha creado un MNP
Reclusas
i31/07/2018/ ICPRMenores reclusos
i2014/ ICPRPorcentaje de personas en prisión preve…
Se ha abolido la pena de muerte
Salvaguardias
Admisión y evaluación
Se pone a disposición de los reclusos un ejemplar del reglamento interno
sí
A los presos se les comunica el reglamento interno y la administración se asegura de que tengan un manual a su disposición en cada celda.
Acceso a los derechos
Los reclusos pueden ser asistidos por un abogado cuando lo necesitan
Los reclusos pueden escribir a sus abogados, pero dichas cartas las leerán las autoridades y estarán sujetas a censura. Los guardias de la prisión también supervisan a menudo las reuniones con los abogados.
Integridad física
Número de muertes en reclusión
298
Número de muertes por suicidio
-
Cada institución comunica el número de muertes entre los reclusos y sus (posibles) causas. Sin embargo, las estadísticas oficiales no incluyen un desglose de dichas causas.
La prohibición de la tortura está consagrada en la Constitución o en la legislación
sí
La prohibición de la tortura está consagrada en el artículo 36 de la Constitución.
Los artículos 195 y 196 del Código Penal establecen las penas para esos delitos.
La Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas ha sido
sí, en 1999
Denuncias
Las personas detenidas tienen la posibilidad de presentar una denuncia sobre sus condiciones de detención contra la administración penitenciaria.
Las leyes japonesas ofrecen tres vías a los reclusos condenados para que expresen sus inquietudes en cuanto al trato que reciben en la cárcel:
-
Un procedimiento llamado “revisión de queja” o shinsa no shinsei, en japonés. Se trata de quejas que se trasmiten al superintendente regional de prisiones con respecto a la implementación de ciertas reglas (como puede ser un castigo o la denegación de tratamiento médico) treinta días después de cualquier incidente.
-
Un procedimiento llamado “informe de casos” o jijitsu o shinkoku, en japonés. Se trata de una queja dirigida al superintendente regional de prisiones en caso de que un recluso considere que se le ha agredido o que se le han impuesto restricciones infundadas treinta días después de cualquier incidente.
-
La tercera vía para expresar sus preocupaciones consiste en la redacción de una queja o kujo no shinshutsu, en japonés. Dicho documento puede ir dirigido a la atención del director de la institución, de un auditor que lleve a cabo una inspección in situ, o del Ministro de Justicia.
Si el interno no queda satisfecho con el resultado de ninguno de estos dos procedimientos puede apelar ante el Ministerio de Justicia.
Para comunicar sus inquietudes por alguna de las tres vías, el interno debe pedir a un guardia el formulario correspondiente. Pese a que las autoridades permiten a los penados y a los preventivos enviar sus quejas sin censura y solicitar investigaciones sobre las malas condiciones, las respuestas que reciben, más allá de la decisión final, son a menudo parcas en detalles.
Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) y otros órganos de control externos
El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) ha sido
no
El gobierno ha sido hasta ahora reacio a ratificar el Protocolo Opcional de la UNCAT, también conocido como OPCAT. Dicho protocolo requiere la creación de un Mecanismo de Prevención Nacional independiente.
Se ha creado un MNP
no
Sustitución de penas
La legislación prevé la sustitución de penas
La pena se puede sustituir durante su ejecución
No existe una norma clara y fundada para la concesión de la libertad condicional. El nivel de libertad condicional que conceden los funcionarios de prisiones es muy restringido.
Se excluye a ciertas categorías de reclusos de la medida de sustitución de penas
Las personas condenadas a cadena perpetua no tienen derecho a la libertad condicional en virtud de una orden administrativa general de 1998.
La legislación prevé los permisos de salida
A veces se les permite desplazarse a puestos de trabajo en el exterior o se les conceden permisos con el fin de alentarlos a reformarse y a rehabilitarse para su posterior reintegración en la sociedad.