La población carcelaria peruana viene aumentado de manera exponencial desde finales de los años 90: se registró un crecimiento de 269 % en veinte años. El número de reclusos subió de un 6 % tan sólo entre el 2016 y el 2017.

Este fenómeno puede ser atribuido en parte a una política penal basada en la represión. Desde el 2013, se redujeron los criterios que permiten beneficiar de una reducción de pena o una liberación condicional. Actualmente, solo un 10 % de la población penitenciaria es elegible a un beneficio penitenciario.

También se constata el aumento de los establecimientos penitenciarios de gran escala: un tercio de los recintos reciben a más de mil reclusos. La población carcelaria se concentra principalmente en el área metropolitana de la región de Lima (48 % de los reclusos).

Esta situación impacta de manera considerable las condiciones de detención. 90 % de los reclusos ejecutan su pena en un penal sobrepoblado. El acceso a la atención médica es limitado: se cuenta un médico por cada 1 146 reclusos y un psicólogo por cada 305 reclusos. La tuberculosis y otras enfermedades respiratorias son la primera causa de mortalidad (datos del INPE – 2014). También se señala la presencia de grupos de autogobierno de reclusos y prácticas de corrupción y malos tratos por parte del personal penitenciario.