Dinámica de penalización de la pobreza en Haití y en Túnez, y transmisión de la herencia colonial francesa. [extractos]¶

Arnaud Dandoy. Varios estudios realizados en todo el mundo han puesto de relieve el desproporcionado impacto de algunas leyes y normativas que penalizan a las categorías más desfavorecidas de la sociedad por delitos menores. Según la información recopilada por el CRESEJ, las pequeñas infracciones y contravenciones representan el 25 % de los casos que trata la justicia haitiana.
En Túnez, la situación es similar, ya que una gran cantidad de jóvenes se encuentra tras las rejas por delitos menores, como es el caso de tres personas a las que el Tribunal de Primera Instancia de Kef condenó a 30 años por consumo de marihuana. Otro joven, en espera de juicio, recluido en la prisión de Sfax, falleció hace poco debido a que no se le suministró la insulina que necesitaba para su diabetes.

En vista de las condiciones de reclusión deplorables que existen en Túnez y Haití, la prisión mata y lo seguirá haciendo. La sobrepoblación de las prisiones es un problema general y, pese a que las normas internacionales recomiendan una superficie mínima individual de 4 m2, las personas privadas de libertad disponen de tan solo 2 m2 cada una, por una tasa de ocupación del 126 %. En Haití, esta tasa era mucho más alta, incluso antes de la fuga masiva de varios miles de personas, que tuvo lugar el pasado mes de febrero. Los índices de sobrepoblación alcanzaban un 400 %, y cada persona contaba con solo 0,5 m2 de superficie. En la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, la prisión más grande del país, las condiciones de vida eran demasiado inhumanas. Tanto así, que las personas privadas de libertad tenían que turnarse para dormir por falta de camas. En otra prisión al sur del país, las celdas estaban tan abarrotadas que se necesitaban varios miembros del personal penitenciario para cerrar las puertas.

Siempre ha existido una profunda brecha entre lo que debería ser la prisión y lo que en realidad es. Y, aunque los regímenes penitenciarios evolucionan, la brecha sigue ahí. La prisión no cumple con la función de castigo, reinserción y disuasión que se le ha atribuido. En Haití y Túnez, por ejemplo, esta no puede ni siquiera calificarse, de una manera u otra, de institución penitenciaria, puesto que, en la práctica, no desempeña su papel de sanción. La mayoría de las personas privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva, sin que se haya pronunciado una sentencia en su contra y, por lo tanto, se presumen inocentes, o, mejor, culpables, si no ¿por qué se mantendrían en prisión? En tales condiciones, la prisión no puede asumir su papel de instrumento penitenciario, en el sentido en que no se pronuncia una pena en respuesta a la comisión de un delito.

La prisión tampoco reinserta, sino que descapitaliza, desocializa y empobrece.

Otra de las funciones que se le atribuyen a la prisión es la de la corrección y rehabilitación. Desde los trabajos de Michel Foucault, sabemos que la prisión es la escuela del crimen. Para retomar las palabras de una reclusa haitiana: “es en el trullo en donde te consigues todos los contactos. La prisión es un lugar en el que te conviertes en delincuente; conoces a las vendedoras de drogas, te explican otros circuitos. Allí entras por un pequeño delito y sales convertida en una verdadera gánster”. Así pues, la prisión no parece cumplir tampoco su función de disuasión, ya que, como se ha observado en Haití y Túnez, los índices de reincidencia son altísimos. Por otra parte, también podríamos cuestionar su capacidad para neutralizar la delincuencia, teniendo en cuenta las numerosas evasiones que se presentan; en Haití, por ejemplo, cerca de 1000 personas se fugan cada año. En otras palabras, podríamos decir que la prisión no logra cumplir ninguna de las misiones que se le han atribuido.

El fracaso de la prisión también tiene que ver con la herencia colonial y la circulación de modelos penitenciarios que no se han concebido para ajustarse a cada contexto.

La penalización de la pobreza no es un fenómeno reciente. Los estudios del CRESEJ sobre la genealogía de la prisión haitiana revelan que, desde sus inicios, bajo la colonización francesa (1630-1803), el sistema penal haitiano se ha ensañado con las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, a las que ha percibido como una amenaza para el orden colonial y esclavista. Sin embargo, nunca ha habido una reflexión profunda sobre la adaptación de los modelos normativos y represivos importados de otros países e implantados en el contexto haitiano. En Haití, el reducido índice de encarcelamiento con respecto a los demás países de la región se debe a la reticencia de la población a recurrir a la Policía y a la Justicia para resolver sus diferendos, y a su preferencia por otros modos “alternativos” de resolución de conflictos. Ha ocurrido incluso que algunas personas perseguidas por otro-as habitantes busquen refugio en prisión. Por otra parte, promover alternativas a las penas de prisión en un contexto en el que las condiciones materiales son sumamente deficientes también es una utopía por el momento. La medida del brazalete electrónico, por ejemplo, se aplica muy poco, ya que su uso requiere un acceso a la electricidad, de la que solo dispone, de manera regular, el 38,5 % de las personas de las categorías más privilegiadas y, por lo tanto, menos afectadas por el sistema carcelario.

Como lo afirmó Michel Foucault, la intención de reformar la prisión surgió al mismo tiempo que la prisión. Desde el momento de su creación, nos dimos cuenta de que no funcionaba y hemos intentado transformarla. Aun así, nos seguimos empeñando en reforzar la fortaleza carcelaria. ¿Por qué? Porque cumple otras funciones que facilitan el mantenimiento del orden social dominante. Para retomar la expresión de Foucault, la prisión es “un instrumento que permite gestionar los ilegalismos populares”. Su objetivo es encerrar a las personas marginadas de la sociedad o a cualquier otro individuo que se perciba como una amenaza para este orden social, inclusive a militantes y oponentes. Podemos observar entonces de que las prácticas actuales para el mantenimiento del orden social coinciden, de cierto modo, con las del periodo colonial, y que el sistema penitenciario sigue teniendo en su mira a los mismos grupos de la población.

Cuanto más el Estado desatiende sus funciones sociales, más el sistema penal toma el relevo y asume tareas que no le competen.

El criminólogo canadiense Álvaro Pires utiliza la metáfora de la botella para moscas. Estamos enfrascados en la idea de que la prisión es la sanción de referencia, y, en la actualidad, nos cuesta concebir una sociedad sin prisiones. Las penas alternativas no logran reducir el hacinamiento, sino que, al contrario, solo resultan ampliando el arsenal punitivo del sistema penal. Las personas a las que tal vez no se les habría impuesto una pena, terminan cumpliendo una medida alternativa acompañada de condiciones, a menudo, restrictivas, y, en caso de no respetarlas, la sanción es la misma: la prisión.

Las organizaciones que trabajan en el entono carcelario no siempre son conscientes del papel que pueden jugar en la reproducción de la institución penitenciaria.

En este contexto, ¿debemos seguir promoviendo los derechos de las personas privadas de libertad? ¿No sería mejor cuestionarse sobre esta intención de reformar la prisión?

Es una cuestión compleja, pero mientras las prisiones existan, es fundamental luchar por los derechos de las personas privadas de libertad. No obstante, esta lucha debe sostenerse sin perder de vista el escepticismo sobre el papel de la prisión, como lo señalan Dan Kaminski y Gilles Chantraine. Es por esta razón que en Avocats sans frontières además de nuestros esfuerzos por denunciar las condiciones de reclusión, luchamos por la despenalización de ciertas “situaciones problemáticas”. Impugnamos, por ejemplo, la ley N° 52 en Túnez, que penaliza el consumo de estupefacientes. Nuestro objetivo es militar para que la prisión deje de ser una respuesta automática.

François Tulkens decía que “tal como el derecho a la vida rechaza la pena de muerte, el derecho a la libertad rechazará algún día el encarcelamiento como forma de castigo”. Es importante tener esta idea en mente para empezar a contemplar la manera de salir de la espiral infernal que es la construcción de más y más prisiones.

La prisión preventiva y sus consecuencias para el sistema penal y penitenciario marroquí. [extractos]¶

Fatna El Bouih. Alrededor de 100 000 personas se encuentran privadas de libertad en Marruecos. Entre ellas, más del 40 % en prisión preventiva. Marruecos tiene la tasa de encarcelamiento más alta de la región árabe, con cerca de 272 personas reclusas por cada 100 000 habitantes. La propia administración penitenciaria ha expresado su preocupación por las desastrosas consecuencias del mal funcionamiento del sistema penal y el uso excesivo de la privación de libertad, que conduce al hacinamiento. Las penas de prisión se usan como la solución fácil para combatir la delincuencia, incluso en casos de delitos menores. Este enfoque contrasta con los objetivos de una política penal moderna, que debería incluir medidas sociales, económicas, culturales y educativas con el fin de atajar las causas profundas de la delincuencia. Las personas pobres son las que siempre terminan en prisión, ya sea debido al alcoholismo o el consumo de drogas, puesto que no tienen los medios para beneficiar de un tratamiento médico. La prisión se ha convertido en el basurero de todos los males de la sociedad.

Su fracaso se refleja en varios aspectos. Lo vemos, por ejemplo, en el aumento de la reincidencia y la ineficacia de los programas de reinserción, que no pueden implementarse de manera adecuada debido a la gran cantidad de personas que se encuentran en prisión preventiva por periodos demasiado largos. El problema es que es muy probable que las personas que no se han preparado como debe ser para su regreso a la sociedad vuelvan a delinquir. La falta de recurso a la libertad condicional, que podría aliviar la presión de las prisiones, es también una limitación de nuestras políticas penitenciarias. Lo mismo ocurre con el fracaso de la revisión del Código Penal, que podría despenalizar varios delitos menores y limitar el recurso a las penas privativas de libertad.

En Marruecos, ciertos comportamientos se penalizan con severidad, a menudo debido a la rigidez del orden social y cultural.

La penalización de la homosexualidad, las relaciones sexuales extramatrimoniales y el aborto son ejemplos claros de dicha tendencia. Estas leyes, en parte heredadas del periodo colonial, y reforzadas por interpretaciones conservadoras de la religión, perpetúan la estigmatización y la marginación de muchas personas. Por otra parte, la severidad de las leyes sobre las drogas —un fenómeno que las autoridades han decidido abordar desde un punto de vista punitivo y no sanitario— contribuye al hacinamiento y a la propagación de enfermedades como el VIH y la hepatitis C en las prisiones. El sistema penitenciario es, en resumen, la encarnación judicial de la violencia de nuestra cultura y nuestra educación.

Hoy en día, hay más de 1000 menores privado-as de libertad en Marruecos; el 80 % se encuentra en prisión preventiva. Por lo general, se recluyen en centros de protección de la infancia, que no disponen ni de presupuesto suficiente ni de personal educativo especializado. A pesar de que estos centros deberían reservarse para los y las jóvenes que han cometido un delito, en ellos se reúne a menores provenientes de contextos muy diferentes: en conflicto con la ley, en situaciones difíciles, víctimas de violencia, inmigrantes o con necesidades especiales.

La cantidad de jóvenes que terminan tras las rejas por problemas económicos, familiares o de salud es muy alta. Las chicas se enfrentan a mayores limitaciones y es probable que permanezcan inactivas debido a las obligaciones domésticas. La vulnerabilidad de las personas jóvenes que abandonan de manera prematura sus estudios también es evidente.

La despenalización de ciertas prácticas, como el consumo de drogas y las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas, podría reducir la presión sobre el sistema penitenciario y permitir abordar estas cuestiones de manera más humana y eficaz. Las políticas punitivas que existen en la actualidad deberían remplazarse por medidas basadas en la salud pública y los derechos humanos.

Pese a todo esto, la única respuesta del Estado es construir prisiones más modernas que se supone mejorarán el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad. El director general de la administración penitenciaria tiene una gran capacidad para movilizar fondos estatales en este sentido. Si bien el contexto en el que se aplica el castigo es más confortable, la realidad es que no se está abordando el verdadero quid del problema. Por ejemplo, las mujeres siguen encarceladas en módulos de establecimientos diseñados para hombres y gestionados por ellos.

Irónicamente, el actual director de la administración penitenciaria es un antiguo prisionero político, con el que yo estaba recluida en el mismo establecimiento. Es una situación compleja.

Vivo con el dolor de trabajar en una prisión que, en mi opinión, no debería existir. Tengo la impresión de apoyar el sistema. Pero dada la respuesta positiva que recibo, sobre todo por parte de los y las jóvenes, no puedo bajar los brazos.

Presentación del informe de Emaús Francia y Caritas,  “Au dernier barreau de l’échelle social : la prison” [extractos].¶

Marion Moulin. En 2021, Emaús Francia y Caritas publicaron un informe titulado Au dernier barreau de l’échelle social : la prison (La prisión en el último peldaño de la escala social) que pone de relieve la relación que existe entre la pobreza y la prisión. El informe nació de la intuición de las personas que trabajan en el campo, quienes han observado una sobrerrepresentación de las categorías más precarias en prisión. Como ninguna cifra reciente corroboraba dicha intuición, distribuimos un cuestionario entre las personas privadas de libertad. Gracias al apoyo inesperado de las direcciones de los establecimientos, que nos ayudaron a distribuirlo, recibimos un gran número de respuestas.

A través de este cuestionario, logramos recopilar información para comparar la situación socioeconómica de las personas antes, durante y después de su encarcelamiento. Reservamos una página para que las personas pudieran escribir sus propuestas de cambio, y organizamos entrevistas para profundizar en ellas. Estas propuestas figuran en el informe final.

Las cifras obtenidas confirmaron nuestras intuiciones. Hoy en día, el 75 % de la población francesa tiene un empleo. En el caso de las personas que ingresan en prisión, la cifra es inferior: el 50 % de las personas entrevistadas trabajaban antes de su encarcelamiento, en particular, en labores manuales, con contratos sumamente inestables, de duración determinada, trabajos temporales, etc. Cerca del 31 % vivían en alojamientos precarios: en casas okupadas, con familiares, en albergues de emergencia, y el 8 % no tenía hogar. Alrededor del 15 % carecía por completo de recursos, incluso ilegales. Por último, el 35 % no tenía ninguna cualificación, con respecto al 14 % de la población francesa. Con gran preocupación, observamos que esta tasa representaba el 56 % entre los menores de 27 años.

Lo que puso de relieve el informe es el papel tan importante que juega la privación de libertad en la pauperización. Mientras que casi el 45 % de las personas estimaba ser pobre antes de su encarcelamiento, este porcentaje se eleva al 75 % una vez en prisión.

Constatamos que la prisión es un factor de empobrecimiento, ya que dos tercios de las personas encuestadas afirmaron encontrarse en una situación de endeudamiento excesivo. La creencia popular es que la vida en prisión no cuesta mucho. Sin embargo, las personas privadas de libertad no solo tienen que cubrir sus gastos en prisión, sino también al exterior: un préstamo, el alquiler, una pensión, una multa, las suscripciones en curso, etc. Y dada la fragilidad de los servicios de acceso a los derechos, no existe ningún medio eficaz para prevenir el sobreendeudamiento.

La pobreza tras la salida de prisión es otro tema en el que nos interesamos. Observamos, por ejemplo, que solo el 36 % de las personas que entran en prisión como inquilinas logran conservar su alojamiento, aunque, aunque esto signifique, a menudo, adquirir una importante deuda de alquiler. Una cuarta parte sale sin ninguna solución; y las cifras son mucho peores para algunas categorías específicas, como para las personas extranjeras privadas de libertad. En resumen, la prisión es una fábrica de sinhogarismo.

Este informe comprueba que la prisión es el último eslabón de la cadena de desafiliación social causada por las fallas, o incluso el fracaso, de las políticas públicas. Es una forma de ocultar la pobreza, sin resolverla.

Otro fenómeno que no incluye el estudio, pero que me parece de particular importancia, es la inflación legislativa que existe en Francia. Según la sección francesa del Observatorio Internacional de Prisiones, en los últimos cinco años se han creado o endurecido cerca de 125 delitos. Existe una tendencia a inventar una nueva infracción cada vez que sale una noticia, sin pensar en el sentido de la pena ni en la eficacia de las medidas. Por ejemplo, las carreras conocidas como “rodeos urbanos”, se han tipificado cuando ya era ilegal circular a 120 km/h en el centro de las ciudades. Esta inflación legislativa dificulta la comprensión del derecho penal y hace que las cuestiones sociales se traten a través del prisma judicial. ¿Por qué no, por ejemplo, considerar el consumo de drogas y la adicción como un problema de salud pública y no un problema jurídico?

En nuestro cuestionario, preguntamos a las personas privadas de libertad qué les gustaría ver cambiar en primer lugar. La gran mayoría desea poder trabajar y tener ingresos; nadie ha pedido un aumento de los subsidios, como podría creerse. A este respecto, el ministro de Justicia pretende que, de aquí a 2027, el 50 % de la población carcelaria tenga un empleo, frente al 30 % actual. También hay que señalar que los Ministerios de Trabajo y Justicia han elaborado una hoja de ruta conjunta y que se han creado talleres de inserción en los centros penitenciarios, en particular a través de asociaciones.

Estos progresos son menos ambiciosos que los que proponemos en materia de salarios y contratos de trabajo. Si bien existe un contrato de trabajo penitenciario, este no es conforme a la legislación laboral. Pero cuando pedimos que se aumenten los sueldos de las personas privadas de libertad, el ministerio responde que establecer salarios equivalentes a los de la población general, ahuyentaría a las empresas privadas que buscan mano de obra barata.

Sobre la cuestión del papel de las asociaciones, recuerdo una reunión interasociativa en la que se plantearon las siguientes preguntas: ¿La estrategia actual es la correcta? ¿No sería mejor cesar las intervenciones en prisión, dejar que el sistema se desplome y reconstruir sobre esa base?

Todas las personas presentes respondieron de la misma manera: las observaciones de las personas privadas de libertad acerca de la importancia de nuestras acciones asociativas nos animan a continuar. Por lo que hemos optado en este caso, es por seguir defendiendo al mismo tiempo nuestros puntos de vista. Es un camino lento, tal vez demasiado lento con respecto a lo que está en juego. Pero en mi opinión, los espacios de concertación interasociativos como Concertina o las coaliciones internacionales como la Campaña para la Despenalización de la Pobreza y el Estatus, son buenos ejemplos de emulación colectiva que pueden hacer avanzar la cuestión. También creo que hay que obrar para convencer a la opinión pública, aunque es una batalla que aún está lejos de ganarse. Estamos viviendo un momento crucial, con el regreso del populismo penal, la reintroducción de las penas mínimas y el afán por construir cada vez más prisiones.