Argentina: “El sistema filtra las quejas”

Graciela Dubrez. La situación es desastrosa. Las prisiones están superpobladas desde hace mucho tiempo; tres de cada cuatro reclusos duermen en el mismo suelo y, seis o siete internos tienen que compartir celdas previstas para dos. La higiene es deficiente y hay escasez de alimentos. La administración penitenciaria es sumamente corrupta y a menudo se roban los paquetes que las familias envían a los reclusos antes incluso de que se los entreguen. Los agentes carecen de formación y no tienen derecho a sindicarse. Por lo tanto, no pueden hacer oír sus reivindicaciones a menos que hagan una huelga.

Cada provincia dispone de su propio servicio penitenciario y existe un servicio federal. En 2019, hubo unos 450 casos de tortura en el sistema penitenciario federal. Sin embargo, el secretario de Asuntos Penitenciarios ocupa el cargo desde hace 15 años; es responsable de estas cifras y todavía no ha sido despedido. Además, la administración penitenciaria federal asegura que en sus prisiones no hay hacinamiento.

En realidad, las personas que deberían estar recluidas en prisiones federales son trasladadas a centros provinciales, destinados a las personas condenadas por delitos menores, y es en esos establecimientos donde a menudo hay superpoblación… Haciendo esto, la administración federal oculta las verdaderas cifras.

Para garantizar el respeto de los derechos de los reclusos, debería haber en cada prisión una persona que se dedicara a recopilar diariamente sus preocupaciones y necesidades. Actualmente, son las familias las que dan la voz de alarma cuando a sus allegados encarcelados les faltan medicamentos, no tienen acceso a educación o son víctimas de una injusticia. Los agentes penitenciarios solo transmiten las quejas de los reclusos con quienes se llevan bien. Los casos de maltrato o tortura no salen a la luz: el sistema filtra las quejas.

GD. Primero, los reclusos empezaron por seguir las decisiones de las autoridades; renunciaron a ver a sus familias para evitar que el virus entrara en prisión. Pero, para eso, también era necesario que el personal tuviese cuidado y, sin embargo , ellos fueron los primeros en infectarse. Cuando los reclusos se enteraron, aunque no hubiesen estado en contacto directo con los agentes en cuestión, empezaron a entrar en pánico. Aquellos que estaban cumpliendo largas penas esperaban obtener el arresto domiciliario, puesto que las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaban enviar a casa al mayor número posible de detenidos. En este contexto de preocupación y solicitudes de liberación, presionaron a otros reclusos para que se unieran a la rebelión. En Argentina, la protesta más representativa fue la de los reclusos de Devoto¹, que son los que iniciaron el movimiento. Después comenzaron las negociaciones.

Ahora estamos estancados ya que la Justicia, así como el resto del país y del mundo, se ha suspendido durante la cuarentena. Solo los guardias trabajan, pero ellos solos no pueden resolver todos los problemas.

Las solicitudes se tratan una a una, lo cual lleva mucho tiempo y, hoy por hoy, muchos reclusos ya deberían estar en arresto domiciliario. También hay que resolver el tema de los brazaletes electrónicos como medio de vigilancia: se debe revisar todo el sistema.

GD. Recomendamos primero retirarle a la administración penitenciaria algunos poderes. Ya no debería estar a cargo de la salud, esta competencia debería estar bajo la autoridad del Ministerio de Salud, y la educación debe confiarse al Ministerio de Educación. Cada juez de ejecución de penas debería contar con un equipo multidisciplinario que estuviese a cargo de las supervisiones posteriores a la sentencia para que no sean gestionadas únicamente por la administración penitenciaria, ya que es ampliamente conocido que esta ha llegado a negar la libertad a ciertos reclusos por una simple impertinencia.
Por otra parte, habría que revisar el concepto de Patronato de Liberados, organismo del Ministerio de Justicia que redacta los dictamentes de las supervisiones. Debería llamarse Oficina de ayuda al preso, por ejemplo.

El personal a cargo de la seguridad en reclusión debería estar formado según las recomendaciones internacionales. Actualmente, sigue las directivas de una administración penitenciaria que actúa como en tiempos de dictadura. La administración penitenciaria del país es un resurgimiento de la época militar.

Por último, apoyamos el uso del brazalete electrónico para los arrestos domiciliarios de las personas que estén en espera de juicio. Es una forma de ahorrar dinero público, de evitar la prisión provisional, así como de permitir a los reclusos quedarse con sus allegados y seguir con sus compromisos antes del juicio.
Sin embargo, hemos sabido que el Gobierno anterior confió el suministro de brazaletes electrónicos y pantallas a una empresa privada, lo que, hasta diciembre de 2019, le costaba al Estado un millón de pesos al día. Asimismo, plantea un problema ético: cuando se priva a alguien de libertad, pasa a estar a disposición del Estado y de la Justicia. La gestión penitenciaria debería ser únicamente pública.