Austria: a través del prisma de los reclusos

La falta de información conduce a opiniones erróneas sobre el sistema penitenciario entre el público en general. Mientras el escrutinio público y los medios de comunicación tienen en la mira a otros pilares democráticos, el sistema de justicia pasa por una institución objetiva a cargo de implementar valores democráticos. Pero esta aparente objetividad es cuestionable cuando se observa la considerable disparidad de las decisiones judiciales entre el este y el oeste de Austria. En 2019, eran tres veces más frecuentes las penas de prisión en Viena (este del país) que en Innsbruck (oeste). Y viceversa, los tribunales del oeste del país son conocidos por imponer unos castigos más leves: Innsbruck impuso cuatro veces más sanciones financieras que Viena.

En algunos casos, la desinformación hace que se deshumanice a las personas que están en prisión. Seichter, directora de la prisión de Göllersdorf, declara: *“Cuando empezamos a hacer campaña en favor de la vacunación en la primavera de 2020, la gente no paraba de preguntarme por qué los reclusos merecían ser vacunados” *.

Se sigue viendo a las personas privadas de libertad como si no fueran ciudadanos. Para que los reclusos consiguieran el derecho al sufragio en 2010, hizo falta que Helmut Frodl, preso y antiguo periodista, demandara al Estado. Y, aun así, el tribunal puede seguir suspendiendo el derecho al voto de un recluso.

“La gente no se da cuenta de cuán rápidamente puede uno acabar en prisión”, dice Haindl, trabajadora social en una prisión. Las personas que cometen delitos no violentos a menudo no tienen la intención de hacer daño a otras personas. Muchas proceden de entornos con bajos ingresos y simplemente carecen de los mecanismos necesarios para lidiar de manera adecuada con una crisis, añade.

A menudo se pasa por alto la responsabilidad de la sociedad cuando se imponen penas de prisión y, en general, en los discursos relativos al sistema penitenciario. Pero aspectos como la raza y la clase social se hacen visibles cuando se toman en consideración las estadísticas penales –a pesar de la falta de estudios recientes en este campo─.

En 2012, las probabilidades de ser encarcelado tras cometer un delito eran tres veces más altas para los extranjeros que para los ciudadanos austríacos, quienes representan el 61% de las investigaciones policiales, pero solo el 35% de la población reclusa. Del mismo modo, el riesgo de enfrentar cargos es mucho más alto para las personas desempleadas y con bajos niveles de educación, como lo demuestra un estudio del Instituto austríaco para la sociología del derecho y la criminología.

Aunque el debate público sobre las prisiones es mínimo, es difícil ignorar las carencias del sistema penitenciario en cuanto se habla con el personal y con los propios reclusos. Abundan las historias sobre hacinamiento, o sobre reclusos a los que se les priva de su hora diaria al aire libre, por falta de personal. El sufrimiento que genera el sistema se cuela en cualquier conversación sobre la vida cotidiana en prisión.

Poco a poco, se descubren historias de absurda normalidad. Como la de un recluso migrante que accedió a ser deportado por propia voluntad y fue transferido de vuelta a la prisión debido a problemas burocráticos, después de haber gastado todo su dinero en los costes de deportación.

Como la de otro recluso, que no tuvo más opción que seguir un curso de carpintería, a pesar de ser alérgico a la madera y saber, por lo tanto, que nunca podría trabajar como carpintero. Aun así, en las estadísticas, figuró como “reinsertado con éxito.” O como la de un capellán de la prisión, que no pudo mantener sus citas por falta de salas disponibles y tuvo que dejar a los reclusos frente a su incertidumbre en varias ocasiones.

Las críticas del personal penitenciario a menudo obtienen como respuesta un aumento de la plantilla y de la capacidad. Pero hay estudios que demuestran que incrementar la capacidad de las prisiones tiende a aumentar, en la misma proporción, el número de reclusos, lo que anula los efectos de la medida. Las preguntas deberían ser: ¿Cuántas personas tienen que ir a prisión para que se garantice la seguridad pública? ¿Para qué tipo de delitos podrían considerarse medidas más eficientes como las penas alternativas a la privación de libertad? ¿Cómo se toman estas decisiones?

Tsekas trabaja en Neustart (‘nuevos comienzos’), una ONG que se centra en la reinserción y la prevención de la delincuencia. Según él, “las medidas de reinserción son menos efectivas cuando la gente tiene que cumplir toda su pena tras las rejas”. Por esa razón, y para afrontar la superpoblación, en 2010 se introdujo la vigilancia electrónica. Once años después, aproximadamente el 4% de la población reclusa en Austria fue autorizada a vivir en su casa, con una pulsera en el tobillo. La finalidad de esta iniciativa es evitar que se aparte a las personas de su entorno social y laboral.

Las cifras hablan por sí mismas: mientras el índice de reincidencia de la población reclusa general es del 50%, la cifra es dos tercios más baja entre las personas portadoras de una pulsera electrónica.

“Los medios de comunicación y la opinión pública a menudo perciben la vigilancia electrónica como un castigo ligero, o demasiado ligero, dirían algunos. Pero lo que ignoran es que las personas no pueden llevar una vida normal, ya que solo se les permite salir de casa para ir al trabajo; para ir al supermercado o a una consulta médica, necesitan que el director de la prisión emita una autorización con dos semanas de antelación. Si te presentas al trabajo cinco minutos tarde, tu jefe debe informar a tu responsable. Si no te comportas bien, te devuelven a la prisión. En este tipo de medida, el estrés permanente es la mayor parte del castigo”, como relata Moser¹ al recordar su época bajo vigilancia electrónica.

Para poder acceder a esta medida, el recluso debe tener un alojamiento permanente y un trabajo estable. Dado que la decisión recae principalmente en manos del director de la prisión, el centro en el que se esté interno juega un papel determinante a la hora de autorizar la vigilancia electrónica. Las diferentes modalidades de la medida no han sufrido cambios en los doce años que lleva vigente.

Según Neustart, la mejor manera de evitar la reincidencia es encontrar soluciones que no manden a los infractores a vivir entre rejas. Una de las alternativas es la medida conocida como “resolución extrajudicial del delito”. Este proceso reúne a víctima e infractor alrededor de una mesa para que negocien una solución que resulte satisfactoria para ambas partes. La idea proviene del movimiento de justicia restaurativa, en el que la justicia se logra mediante la reconciliación y compensación, en lugar del castigo.

Informar sobre las condiciones de reclusión puede contribuir a mejorarlas. Esto debe ir de la mano con la voluntad de crear alternativas para edificar una sociedad constructiva, segura y más equitativa. Una sociedad se juzga por el trato que reserva a los más vulnerables. Las prisiones austríacas no deberían transportarnos a la Rusia zarista que describió Tolstói en su obra “Resurrección”.