Condenas a muerte¶

La ley prohíbe pronunciar la pena capital contra las mujeres, los menores y los hombres de más de 65 años. Si bien la información relativa a esta sentencia es un secreto de Estado, algunas organizaciones de la sociedad civil señalan que, entre 1994 y 2014, 245 personas fueron condenadas a muerte. La cadena perpetua, introducida en 1999, ha reducido de manera considerable la imposición de la pena capital. La mayoría de las penas de muerte se dicta por homicidio.

Ejecuciones¶

Desde la independencia de Bielorrusia en 1991, se ha ejecutado a cerca de 400 personas. La ejecución tiene lugar una vez que se notifica la denegación de la gracia presidencial, y su fecha no se comunica ni al recluso ni a su familia, lo que genera una fuerte angustia psicológica. En junio de 2019, Amnistía Internacional reportó la ejecución de Viachaslau S. Las autoridades no confirmaron dicha información, pero uno de sus compañeros declaró durante su audiencia que la noche del 15 al 16 de mayo de 2018 a Aliaksei M. y a Viktar L. los sacaron de su celda y nunca regresaron.

Personas condenadas a muerte a la espera de su ejecución¶

Las personas condenadas a muerte pasan entre seis y dieciocho meses en prisión a la espera de su ejecución. Algunos reclusos, como Ihar H. y Siamion B., han sido ejecutados cuatro meses después de la confirmación de su pena.

Indultos y conmutaciones¶

La pena de muerte se puede conmutar por cadena perpetua mediante un indulto presidencial. Sin embargo, este procedimiento no es muy común y no suele documentarse. Aunque existe una comisión que estudia de manera sistemática todas las penas de muerte, su funcionamiento se considera opaco, ya que sus decisiones no se comunican ni se publican antes de la ejecución de la persona. Desde el inicio de su mandato, en 1994, el presidente de la República solo ha concedido un indulto: los familiares de S. et I. Kostev, informaron que durante la primavera de 2021, los dos hermanos condenados a muerte en enero de 2020, obtuvieron un indulto presidencial.

Si bien las personas acusadas de delitos capitales tienen derecho a recibir asistencia letrada, su defensa se confía, a menudo, a abogados de oficio con poca experiencia. Las personas declaradas culpables deben reembolsar al Estado los honorarios de los abogados.
Un abogado denunció la falta de independencia de su profesión: ”Rápidamente, los abogados comprenden el excesivo control que se ejerce sobre ellos, hasta que se van a estudiar al extranjero (…). Por esta razón, temen pronunciarse públicamente, criticar las comisiones de investigación, los tribunales, y los investigadores.”
Las visitas de los abogados solo se pueden llevar a cabo tras solicitud escrita de la persona privada de libertad. En teoría, no existen restricciones en cuanto a la cantidad y a la duración de las visitas, pero, en la práctica, el reglamento interior de los centros penitenciarios suele restringirlas, sobre todo, por razones de seguridad. Las visitas siempre tienen lugar en presencia de los guardias. Un abogado declaró: “Para poder visitar a sus clientes por primera vez, los abogados deben recibir la autorización del investigador. Del mismo modo, la correspondencia con los clientes suele censurarse.”
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha condenado al país en seis ocasiones por violar el derecho a un juicio justo de personas condenadas a la pena de muerte.

Todas las personas condenadas a la pena capital se alojan en la prisión de Minsk, en la que se llevan a cabo las ejecuciones. Este centro penitenciario (Minsk Pretrial Detention Centre N°1) es el único que se encuentra bajo la autoridad de una Policía especial: el Comité para la Seguridad del Estado (KGB en inglés), conocido por aplicar una política más represiva.

Las personas condenadas a muerte se separan del resto de la población carcelaria y están sujetas a un régimen de seguridad máxima. Sus expedientes llevan las menciones “riesgo de fuga”, ‘ataques contra la administración” y “riesgo de suicidio”. Todas llevan un uniforme especial, en el que está escrito “medida excepcional de castigo”.
Las asociaciones de defensa de los derechos humanos afirman que, en las prisiones bielorrusas, las condiciones de vida de los condenados a muerte son inhumanas y degradantes. Dos personas comparten una celda, en la que hay un sanitario, un lavabo y un estante para guardar sus cartas, así como una mesa y un banco fijados al suelo. Las celdas miden cinco metros de altura y una luz blanca está encendida en permanencia; en las paredes hay unas pequeñas y opacas ventanas compuestas de tres capas (rejillas, rejas y persianas fijas). La escasa luz de las celdas apenas permite distinguir el día de la noche, y en las puertas hay una trampilla para distribuir las comidas.

El personal penitenciario visiona en permanencia las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en todas las celdas. Además, los guardias hacen un control cada quince minutos a través de una mirilla. Las personas condenadas a muerte deben dormir todo el tiempo con las manos sobre las mantas.
Se prohíbe a las personas condenadas a la pena capital salir al patio, participar en actividades, y tumbarse o sentarse entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m. Por lo general, estas personas pasan todo el día caminando en sus celdas, y cuando desean un libro o un cigarrillo deben pedírselo al guardia, quien se lo puede entregar a través de la trampilla de la puerta. La radio permanece encendida todo el día.

Los reclusos solo pueden salir de su celda para ducharse, recibir visitas o durante los registros de las celdas. Cada vez que se desplazan, las personas deben mantener la cabeza baja, las manos esposadas en la espalda y por encima de la cabeza; una posición humillante. El desplazamiento de un condenado a muerte implica considerables medidas de seguridad. Hasta diez guardias, acompañados de perros, escoltan a la persona; se prohíbe cualquier otro desplazamiento en las instalaciones; las puertas que no utiliza el “convoy” permanecen cerradas, y el resto del personal debe mantenerse a distancia.

Las personas condenadas a la pena capital pueden recibir paquetes o dinero cada tres meses, y se les permite comprar productos básicos y alimentos, dentro de los límites establecidos por la administración.

Las personas condenadas a la pena capital pueden recibir une visita de capellanes.

Las personas condenadas a la pena capital pueden recibir una corta visita de sus familiares cercanos, una vez al mes. Los visitantes deben pedir al centro que autorice la visita con varios días de antelación para que se puedan poner en marcha las medidas de seguridad necesarias. En teoría, las personas condenadas a muerte pueden enviar y recibir correo. Sin embargo, en la práctica, la administración suele confiscar las cartas. También se autorizan las visitas de los capellanes. Se prohíbe el uso de teléfonos.

”Cuando lo vi, le pedí que me escribiera, y él me aseguró que lo había hecho. Llamé a todas las personas a las que él había escrito, pero nadie recibió sus cartas.”

— Aliaksandra Y., hija de un hombre condenado a muerte.¶

Aliaksandra Y., hija de un hombre condenado a muerte, describió las condiciones de las visitas: “En el locutorio hay un anuncio con una lista de prohibiciones: no se puede hablar del caso, ni dar un nombre o una dirección, ni entregar fotos, ni tomarse una, ni golpear el cristal, ni moverse, y tampoco se puede hablar sobre las condiciones de reclusión. Las visitas tienen lugar en presencia de los guardias.“

El corto plazo entre el anuncio de la ejecución y su realización impide a los familiares visitar a sus seres queridos por última vez. La ley no prevé informar a las familias sobre la ejecución; tampoco se les entregan los restos ni se les comunica dónde se han enterrado ─según las autoridades, para evitar cualquier profanación─. En ocasiones, puede pasar un mes antes de que la familia se entere de la ejecución. Algunas personas condenadas a muerte se suicidan para que se les entreguen sus restos a sus familiares.
De manera general, los objetos personales de los ejecutados se devuelven a los familiares, aunque no es una obligación legal y se pueden aplicar censuras. La madre de un condenado a muerte afirmó: ”Mi hijo llevaba un diario en prisión, pero nunca me lo entregaron”. Los padres de Uladzislau K., ejecutado en 2012, revelaron no haber tenido acceso a las notas que su hijo tomó durante su juicio.

Si bien ley prevé la atención sanitaria de los condenados a la pena de muerte, el HRC Viasna afirma que este no es el caso. A las personas se les distribuyen sedantes y antidepresivos sin ninguna supervisión médica, y las dosis, que a menudo se aumentan, provocan adicciones.

• HRC Viasna, Death penalty in Belarus, 2016. (en inglés)
• HRC Viasna, “They should have shot me instead”: The stories of death row inmates’ family members, 2018. (en inglés)
• HRC Viasna, Human Rights Defenders against the Death Penalty. 10 years of fight., 2019. (en inglés)
• L’Express, Un prisonnier condamné à mort exécuté en Biélorussie, 2019. (en francés)
• Amnesty International, Belarus: The death penalty in Europe, 2018. (vídeo subtitulado en inglés)
• ACAT France, En attendant l’exécution. Vivre dans les couloirs de la mort, 2018. (en francés)
• Vanessa Uenning et Gabrielle Trottmann, Biélorussie : le dernier bourreau de l’Europe, 2017. (en francés)
• Antioffice, A Job Responsibility. A conversation with Oleg Alkaev, 2012. (video subtitulado en inglés)
• Oleg Alkaev (Aleh Alkajeu), Shooters Team: There is a Profession Killing People, 2010.