Crisis penitenciaria global

Tríona Lenihan. Los programas de puesta en libertad que se introdujeron en muchos países como respuesta a la pandemia de la COVID-19 permitieron vislumbrar la esperanza de una reducción, tanto inmediata como duradera, de la población carcelaria mundial. Esto hizo que se centrara la atención en las graves consecuencias de la superpoblación carcelaria, sobre todo, en lo que respecta a la salud y la higiene. En algunos países, se puso en libertad a un gran número de personas, lo que nos lleva a preguntarnos si era necesario que muchas de ellas estuvieran en prisión en primer lugar. Pese a las reducciones iniciales que se observaron en la población reclusa de algunos países, la aplicación general de las medidas adoptadas para descongestionar las prisiones fue totalmente inadecuada en la mayoría de los casos. Cuando se reanudaron los procesos judiciales y las prisiones se familiarizaron con los nuevos procedimientos de ingreso, también vimos cómo el número de personas privadas de libertad empezó a aumentar de nuevo, y se perdió todo lo que se había logrado en muchos lugares. En Global Prison Trends 2021, observamos que, en 118 países, algunas prisiones aún funcionan por encima de su capacidad, y en 11 países superan incluso el 250%.

Para revertir esta tendencia, se necesitan reformas sistémicas que aborden el problema de la severidad de las penas, que resulta en el uso excesivo del encarcelamiento. Esto incluye las políticas punitivas sobre los delitos de drogas, la sobreutilización de la prisión preventiva, las penas mínimas obligatorias, las penas cortas para delitos menores, La aplicación cada vez más frecuente de penas de larga duración, como la cadena perpetua, y el recurso al encarcelamiento como respuesta a los nuevos delitos relacionados con la COVID-19 en algunos países.

Es necesario priorizar alternativas a la privación de libertad que se centren en la rehabilitación y eviten el aumento y el endurecimiento de las penas.

Del mismo modo, es necesario que el sistema de justicia penal proponga a las mujeres respuestas alternativas con perspectiva de género, de manera prioritaria, pues la población reclusa femenina mundial sigue creciendo a un ritmo más acelerado que la masculina, con más de 740 000 mujeres privadas de libertad en todo el mundo.

TL. When the COVID-19 pandemic hit, prisons globally were already in crisis – largely as a result of decades of under-resourcing. Low budgets, inadequate staffing, poor conditions and a growing number of people to provide for and supervise had left many prisons at the breaking point for too long. Prisons are not immune to health crises, conflict, or disasters that result from natural hazards or extreme weather. Their existing fragility is exposed when external crises hit.

Last year, Global Prison Trends 2020 reported that across 54 countries, government expenditures on prisons usually amounts to less than 0.3% of GDP. This year, we found staff to prisoner ratios vary from 1:1 to as much as 1:28 globally. Medical and mental healthcare staff are serving hundreds of prisoners in some cases, and vacancy rates are as high as 70% in some prison systems.

Without sufficient budget or staff, prisons cannot ensure the safety and security of those detained and prison staff, nor can they meet the healthcare, rehabilitation, and other needs of the prison population.

To divert prisons from perpetual crisis, we need to send fewer people to prison. We need to prioritise alternatives to imprisonment, ensure that only those who really need to be detained are in prison, and make sure prisons have adequate financial and human resources to meet the needs of the prison population. This includes addressing the impact of pandemic response measures on people in prison, including the impact on their mental health, now and in the longer term. Also, ensuring prisons have strategic and contingency plans in place to allow them to respond quickly and effectively to any future crisis.

TL. El PRI maneja programas prácticos basados en los derechos humanos en varias regiones en las que trabajamos estrechamente con las autoridades penitenciarias, los Gobiernos y la sociedad civil, así como con los diferentes actores de la justicia penal en todos los niveles. Nuestra política y nuestros programas de impacto incluyen también proyectos de investigación sobre varios temas relacionados con las poblaciones reclusas y su gestión. Nuestras investigaciones y los datos recogidos a través de nuestros programas regionales y de políticas están complementados por una combinación de investigación documental y colaboración con una extensa red de colaboradores en todas las regiones del mundo. El objetivo que persigue este método es garantizar que los resultados sean globales y representativos. Utilizamos todos los datos oficiales que estén disponibles. Sin embargo, siguen existiendo obstáculos significativos a la hora de recoger y divulgar los datos relativos a las prisiones, sobre todo, aquellos clasificados por edad, sexo, etnia y otros factores. En Global Prison Trends 2021 mencionamos algunos de estos obstáculos, como la falta de recursos, las dificultades prácticas y la falta de transparencia en muchos lugares.