Europa: la criminalización del ser humano

Justine Dofal. El enfoque político de las cuestiones sobre la pobreza en Europa ha dado un giro preocupante. El acceso al derecho, la protección social y la reducción de las desigualdades quedan relegados a un segundo plano, tras una política de individualización, invisibilización y criminalización de las personas pobres y vulnerables. El contexto de austeridad económica, la inflación constante de los precios de la vivienda y la reducción del poder adquisitivo obligan a estas poblaciones a recurrir a vías de subsistencia al margen de la legalidad, como la economía sumergida, la mendicidad, los campamentos callejeros o las ocupaciones ilegales. Los Estados miembros de la Unión Europea penalizan cada vez más estos delitos menores. A nivel local, muchas autoridades prohíben mendigar o dormir en la calle. Los alojamientos ilegales y las casas ocupadas son desalojados por la policía de forma cada vez más sistemática y violenta. El consumo o la venta de drogas se castiga en lugar de regularse. Todo ello contribuye a la sobrepenalización de las personas afectadas. Así, las políticas europeas tienden a ver la pobreza no como una cuestión social sobre la que deben actuar estructuralmente, sino como una tara, un problema social del que los individuos son los únicos responsables. Los penalizan por lo que son en lugar de por lo que hacen.

Elodie Hut. Las conclusiones sobre las políticas migratorias, ya sean de la Unión Europea (UE) o de los Estados miembros, también son alarmantes. En los discursos políticos y mediáticos, suele presentarse ─erróneamente─ a las personas migrantes como amenazas a la seguridad y al equilibrio económico y cultural de los Estados. Desde principios de la década de 2000, las políticas migratorias han experimentado un importante giro en favor de la seguridad, construyendo una especie de “Fortaleza Europa”. Este cambio se refleja en la creciente penalización de los inmigrantes y de quienes les apoyan, con controles de inmigración más estrictos, condiciones de detención más severas, restricciones del derecho de asilo, delitos de “solidaridad”, etc. Al mismo tiempo, se están generalizando las políticas de externalización, que permiten a los Estados europeos delegar la gestión de los flujos migratorios en Estados híbridos o autoritarios ─aunque se califiquen de “terceros países seguros” situados en las fronteras exteriores de Europa (Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, Túnez, Turquía, etc.)─ y “contener” las llegadas. Es muy probable que el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, adoptado por el Consejo Europeo en mayo de 2024, agrave la tendencia. Muchas organizaciones de la sociedad civil están tratando de alertar a la opinión pública y a los políticos sobre los riesgos de las detenciones arbitrarias, la elaboración de perfiles raciales y las devoluciones forzosas.

JD. El número de personas que viven en condiciones extremadamente precarias en Europa sigue creciendo, y cada vez son más las que se consideran “sin techo” o “vagabundas”. Al mismo tiempo, el acceso a las ayudas y a las viviendas sociales se complica. Como resultado, estas personas se encuentran a menudo sin salida, o sin la ayuda que necesitan para salir de la precariedad a largo plazo. Obligadas a recurrir a otras soluciones, a veces ilegales, para sobrevivir, se enfrentan más a menudo a la policía, los tribunales o incluso la prisión. Se encuentran en un círculo vicioso en el que la pobreza crea desviación ─incluso delincuencia─, lo que a su vez acentúa el estigma social y la continua precariedad y exclusión. Por lo tanto, las políticas mencionadas anteriormente tienen un coste innegable para las personas en situación de vulnerabilidad. Pero no hay que olvidar el coste para la sociedad en su conjunto. Las políticas que penalizan la pobreza contribuyen directamente a crear, mantener y aumentar la pobreza, la desigualdad social, las viviendas precarias y la falta de vivienda. Los estudios demuestran que es más costoso, tanto a nivel social como económico, mantener a las personas en situación de precariedad económica y sin vivienda que poner en marcha soluciones sostenibles de realojamiento. Hay mucho por ganar a nivel colectivo si se aplican políticas para combatir las causas estructurales de la pobreza.

EH. Las políticas migratorias actuales están provocando la pérdida de muchas vidas humanas. Lejos de frenar las salidas, el endurecimiento de los controles migratorios en las fronteras exteriores de Europa ─combinado con la penalización de las ONG que participan en la búsqueda y salvamento en el mar─ están haciendo que las travesías sean más peligrosas que nunca. El proyecto “Migrantes Desaparecidos” de la Organización Internacional para las Migraciones ha registrado, desde 2014, la desaparición de casi 30 000 personas migrantes en el mar Mediterráneo. Las políticas de externalización alimentan el negocio de los contrabandistas, en lugar de ponerle fin. De este modo, refuerzan las situaciones de explotación y violencia contra las personas migrantes. Las políticas migratorias también fomentan un clima de xenofobia que hace invisibles las violaciones de los derechos de los inmigrantes en suelo europeo y agrava su vulnerabilidad socioeconómica. Este racismo estructural se refleja en las condiciones desiguales ─incluso discriminatorias─ de acceso a la vivienda, el empleo, la educación y la atención sanitaria, en el uso generalizado del discurso del odio y en la elaboración de perfiles raciales que afecta tanto a los inmigrantes como a las personas racializadas percibidas como inmigrantes.

JD. La sociedad civil desempeña, y debe desempeñar, un papel fundamental en la defensa de políticas sociales eficaces. Creemos que tiene la responsabilidad de poner de manifiesto, a través de la investigación y sobre el terreno, la ineficacia de las políticas actuales y formular recomendaciones de políticas de lucha estructural contra la pobreza. Creemos que la sociedad civil juega un papel clave a la hora de redefinir el discurso sobre la pobreza y proponer una reflexión y un lenguaje coherentes con la realidad sobre el terreno. A través de su experiencia, puede cambiar las percepciones y permitir la aplicación de un enfoque basado en el acceso a los servicios jurídicos, la no discriminación y la lucha contra las causas estructurales de los problemas sociales. Para lograrlo, es esencial que las organizaciones de la sociedad civil de distintos niveles se estructuren en torno a un discurso común y transmitan conjuntamente los mismos mensajes y recomendaciones, desde el ámbito local hasta las instituciones internacionales.

EH. A pesar de las fuertes resistencias que encuentra, la sociedad civil tiene un papel esencial que desempeñar en la construcción de un contradiscurso que contribuya a calmar el discurso sobre la migración, deconstruir los prejuicios y poner fin a las múltiples formas de discriminación que se derivan de ella. Se trata de normalizar el fenómeno migratorio, que no está abocado a “detenerse”, dada su evidente continuidad histórica y geopolítica. También se pretende destacar las aportaciones culturales y económicas de la migración a las sociedades de acogida y de origen. La tarea se complica aún más por el hecho de que la migración se presenta a menudo como una “crisis” o una “amenaza”, lo que moviliza emociones irracionales, como el miedo, en lugar de basarse en hechos objetivos. Además, la defensa de la sociedad civil contra la xenofobia y el racismo suele ser desacreditada por los radicales posicionados en contra de la inmigración, e incluso activamente penalizada por los Gobiernos. Ante el avance histórico de los partidos de extrema derecha en las elecciones europeas de 2024, es esencial que la sociedad civil pueda seguir actuando como contrapeso.