La prisión es una “pena de pobres”. Casi una de cada cinco personas privadas de libertad se encuentran sin domicilio al momento de su detención, y alrededor del 30 % no cuentan con un lugar donde vivir tras su liberación. En su estudio, Juliette Baronnet y Thiphaine Vanlemmens describen la prisión como “un espejo que amplifica las desigualdades” y ponen de manifiesto la sobrerrepresentación de las categorías sociales más desfavorecidas dentro de la población carcelaria.

Desde hace varias décadas, algunos estudios han puesto de relieve el círculo vicioso que existe entre la pobreza y la prisión. Emaús Francia y Secours Catholique mencionaron en su informe de octubre de 2021 que cerca del 60 % de las personas en las prisiones francesas viven por debajo del umbral de pobreza, en comparación con el 14 % en la población general. La falta de estudios, los trastornos mentales y los problemas de adicción también son más frecuentes entre la población carcelaria. En Finlandia, alrededor del 90 % de las personas encarceladas padecen alguna enfermedad mental y el 94 % lidian con problemas de adicción. En Ontario (**Canadá), el 22 % de las personas se encuentran en una situación de sinhogarismo al momento de su encarcelamiento. Este era el caso del 15 % de la población carcelaria de Inglaterra y Gales en 2021.

La precariedad es omnipresente y no se trata de un azar matemático, sino más bien del resultado del funcionamiento del sistema penal. Emaús Francia y Secours Catholique ponen de relieve el “papel de la justicia en la penalización de la pobreza”. Según, Juliette Baronnet y Thiphaine Vanlemmens, para las personas con probabilidades de ir a prisión, la falta de una solución de vivienda o alojamiento representa un “factor agravante”. La inestabilidad de la habitación también suele acarrear la prisión preventiva, pues los jueces consideran que esta situación impide garantizar la comparecencia de las personas. De acuerdo con los sociólogos Jean-Noël Retière y Virginie Gautron, en Francia, el riesgo de terminar en prisión preventiva es cinco veces más alto para quienes no cuentan con un domicilio fijo.

Muchas personas alternan periodos de encarcelamiento y sinhogarismo a lo largo de su vida. Las posibilidades de entrar en contacto con la Policía o el sistema judicial son más altas para aquellas que carecen de un techo.

Según la socióloga Laura Delcourt, esto se explica, sobre todo, por el hecho de que las personas sin hogar se ven obligadas a cometer actos reprehensibles para poder bañarse, comer, dormir o desplazarse. La socióloga afirma que “para ellas, la prisión es a menudo la continuación lógica de una vida de tribulaciones marcada por la exclusión”. Además, observa “que las personas pasan con regularidad de la prisión al albergue o a la calle y que, si bien, al principio, estos periodos son breves, el cúmulo de estas penas cortas no da tiempo de realizar los trámites necesarios para obtener una vivienda a la salida de prisión”. Mia Juselius, de la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA), coincide con esta afirmación: “La mayoría de las personas sin hogar que salen de prisión cumplen penas cortas. A menudo, quedan libres sin tener adónde ir. Luego, se les condena a otra pena y regresan a prisión. Es un círculo vicioso, al que se suman la adicción a las drogas o al alcohol, o ambas”.

En su informe publicado en 2023, el Observatorio Europeo del Sinhogarismo señaló que, más allá de las transgresiones que se cometen por falta de una vivienda estable, los sistemas de justicia penal también se usan como un medio para contener el sinhogarismo. En algunos lugares, la represión penal constituye una parte de la respuesta a este problema, como, por ejemplo, en los Países Bajos. Ciertos países penalizan las soluciones de habitación informales, como la ocupación, a las que las personas sin hogar se ven obligadas a recurrir. La Fundación Abbé Pierre alertó sobre la adopción de nuevas leyes en Francia, con las que se instaurarían penas de prisión de dos años para las personas que okupan construcciones abandonadas. Esto sin pensar ni por un instante en las razones que llevan a las personas a optar por este tipo de solución de último recurso”.

La precariedad conduce a la prisión y la prisión a la marginación. Para las personas más desfavorecidas, la salida de prisión puede suponer “la exclusión extrema”. El informe de Emaús y Secours Catholique señala que, si bien el 45 % de las personas interrogadas se consideraban pobres antes de su encarcelamiento, este porcentaje se eleva al 70 % a la salida de prisión.

En muchos países, existe la posibilidad de conservar su habitación en caso de pena de corta duración. Sin embargo, esto resulta muy difícil en la práctica y muy pocas personas lo logran. En Francia, los subsidios de vivienda se pueden seguir percibiendo en algunos casos, al contrario de las demás ayudas sociales. La renta de solidaridad activa (RSA), por ejemplo, solo se otorga durante los dos meses siguientes al encarcelamiento. Así pues, la pérdida de estos ingresos, además del empleo, dificultan el pago del alquiler.

La falta de acceso a la vivienda es un grave problema. En Francia, el 69 % de las personas interrogadas por Emaús y el Secours Catholique afirmaron contar con una solución temporal o incierta: el 36 % en casa de familiares o amigos y el 7 % en residencias o albergues. Cerca del 26 % de las personas declararon no tener ninguna solución para su salida. Estas cifras son similares en varios países. En Inglaterra y Gales, cada mes, unas 600 personas que salen de prisión van a parar a la calle. En algunos casos, en previsión de esta situación, se les entregan tiendas de campaña y sacos de dormir al momento de su liberación. En Ontario (Canadá), un tercio de las personas liberadas no tienen una dirección fija, y para el 85 % de las que no tenían un domicilio al momento de su detención, nada cambiará al salir. La realidad es la misma en Finlandia, pues a pesar de que, desde hace varias décadas, el sinhogarismo disminuye, el número de personas que salen de prisión sin un techo aumenta; alrededor de un tercio de ellas no cuenta con una solución de vivienda.

La administración penitenciaria no registra el número exacto de personas que encaran una situación de sinhogarismo al salir de prisión. Por lo tanto, las cifras de las que se dispone, aunque elevadas, solo son la punta del iceberg.

Reza Ahmadi, director de investigación y evaluación de la Sociedad John Howard en Ontario, explica que las cifras no son precisas, ya que “no se sabe, por ejemplo, quiénes van a un centro de acogida”. “Esta subestimación también se debe a que las personas mienten cuando se les hace la pregunta, porque creen que se les liberará más pronto si tienen un lugar donde vivir. Sea como sea, las cifras de las que disponemos muestran que la situación empeora y que cada vez más personas se encuentran atrapadas entre la prisión y la calle”.

Pero, el sinhogarismo no es solo el hecho de dormir en la calle. Como lo señala la Sociedad John Howard de Ontario, este problema adquiere otras formas invisibles como alojarse unas cuantas noches en casa de los padres, quedarse un tiempo donde los amigos o vivir en un hogar temporal o de transición. En estos casos, entonces, el sinhogarismo se pasa por alto, pues los métodos de cálculo de las personas sin hogar no incluyen a las personas en esta situación.

En Finlandia, varias organizaciones de la sociedad civil se movilizan por una mejora de los métodos de estadística del sinhogarismo, considerados deficientes. Las organizaciones reclaman que los indicadores tengan en cuenta a las personas sin domicilio que no utilizan los servicios públicos, quienes, por el momento, no figuran en las estadísticas. Para comprender la trayectoria de vida de las personas, es necesario incluir información relativa al género, la edad, el estatus o la duración de su situación de sinhogarismo: ¿Cuánto tiempo pasa entre el momento en que la persona se encuentra sin hogar o sale de prisión y accede a un domicilio temporal? ¿Cuánto tiempo necesita para encontrar una vivienda permanente? ¿Qué factores facilitan el acceso a un hogar? Esta información es esencial para las organizaciones, ya que permite adoptar las políticas y las medidas adecuadas para abordar el problema.

La liberación pone fin a la privación de libertad. Sin embargo, en la práctica, la salida de prisión forma parte de un mecanismo punitivo, como lo señalan en su estudio Gilles Chantraine y Laura Delcourt. En algunos casos, la liberación resulta ser más bien una “prolongación de la pena social que constituye el encarcelamiento en lugar de un término”. Aún más porque las personas desfavorecidas no suelen beneficiar de una suspensión de pena, y las posibilidades de alojamiento para los que salen de prisión son limitadas. Otros inconvenientes surgen a raíz de la imprecisión de la fecha de liberación, que complica el acceso a una solución de alojamiento.

El cúmulo de estas dificultades pone a las personas privadas de libertad en una situación delicada que explica, en gran parte, por qué la salida no siempre se recibe como una buena noticia. Muchas personas afirman sentir o haber sentido una intensa zozobra frente a la perspectiva de su salida, por falta de una solución de vivienda. Esta situación les genera una gran incertidumbre y el temor de vivir en una mayor precariedad. La aprensión de la salida también se debe a que las personas desconocen sus derechos, que no están en regla a nivel administrativo o no se les informa sobre el acompañamiento del que se pueden beneficiar.

Charlotte Journiac, trabajadora social en la asociación Le MAS, en Lyon (Francia), señala que la salida de prisión suele ser un momento de gran incertidumbre para los reclusos, y afirma: “Nos hemos dado cuenta de que, a menudo, las personas tienen más miedo de salir de prisión que de entrar. Es agobiante no tener una solución”. Muchos organismos mencionan que, en numerosas ocasiones, la angustia lleva a las personas a “chantajear con la reincidencia” para intentar obtener una vivienda o un hospedaje. Sam* ¹, antiguo recluso, declaró: “Necesitaba un domicilio, no podía terminar en la calle a los 53 años. Sabía que no podría ser indigente porque no forma parte ni de mis valores ni de mis capacidades. Siempre me las he apañado yo solo. Y si hubiera sido necesario, habría regresado a prisión, pero no me dejaría morir debajo de un puente”.

El acceso a una vivienda es un elemento esencial en la prevención de la reincidencia. En Nueva Zelanda, las personas que no cuentan con un techo al momento de su liberación, tienen cinco veces más probabilidades de regresar a prisión en el trascurso del primer año que las que disponen de un domicilio. En Inglaterra y Gales, dos tercios de las personas que salen de prisión sin solución de vivienda reinciden durante el año siguiente a su liberación.

La falta de una vivienda tras la liberación conlleva gastos sociales y financieros considerables. Muchas organizaciones de la sociedad civil han puesto de relieve las sumas que podrían ahorrarse si las personas que salen de prisión accedieran a una vivienda. En Finlandia, esta economía representaría entre 10 000 y 15 000 € al año. En Inglaterra y Gales, la observación es la misma. El Ministerio de Justicia afirma que un hogar estable podría reducir la reincidencia en casi un 50 % y, de este modo, se ahorrarían decenas de miles de libras al año.

Los problemas de acceso a la vivienda a los que se enfrentan las personas que salen de prisión van más allá del contexto carcelario. En realidad, es cada vez más difícil encontrar una vivienda, incluso para quienes tienen un trabajo y una situación estables. En todas partes, el precio de las viviendas aumenta, pero no los salarios. En Ontario (Canadá), el alquiler ha aumentado en un 2.3 % en los últimos diez años, mientras que, entre 2000 y 2013, los salarios solo aumentaron en un 0.4 %. En Dublín (Irlanda), el precio del alquiler observó un incremento del 90 % entre 2012 y 2022. En Francia, entre 2000 y 2022, este aumento representó un 160 %, es decir, tres o cuatro veces más que el ingreso medio. Los precios de la vivienda se han vuelto inasequibles y la crisis inmobiliaria se ha generalizado.

Muchas personas señalan que el problema radica en la asequibilidad y no en la falta de viviendas. Reza Ahmadi de la Sociedad John Howard de Ontario afirma que “hoy en día se construyen grandes apartamentos o casas familiares, pero no hay suficientes espacios pequeños y abordables, por lo que las personas tienen que pelearse lo que hay”. El acceso a la vivienda social es más difícil en este contexto.

Las soluciones de alojamiento de emergencia también resultan insuficientes debido al crecimiento exponencial del número de personas sin hogar. En Francia, la Fundación Abbée Pierre estima que de las 1 098 000 personas sin vivienda propia que hay en el país, casi 330 000 se encuentran en una situación de sinhogarismo. Algunas viven en albergues, hoteles, refugios improvisados o en la calle. La Fundación manifestó su preocupación por la cantidad sin precedentes de llamadas que saturan la línea de alojamiento de urgencia (115). Durante el mes de noviembre de 2023, cada noche se rechazaba a unas 8000 personas, entre ellas 2400 menores, por falta de espacio en los albergues. En el otoño de 2023, los ayuntamientos de varias ciudades francesas anunciaron que denunciarían al Estado por su incapacidad para garantizar un alojamiento de emergencia a las personas sin hogar. Estas alertaron al Gobierno sobre sus dificultades para hacer frente a la escasa financiación que se asigna a este tipo de soluciones.

Por su parte, la Unión Social para la Vivienda (Unión sociale pour l’habitat) señaló que, cerca de 2.4 millones de familias están a la espera de un alojamiento social, es decir, 162 000 más que en 2021. Para la Unión, estas cifras son alarmantes, ya que los organismos de vivienda social solo conceden 400 000 hogares al año ─incluso menos en 2023─. Los plazos para obtener una vivienda han aumentado entre un 20 % y un 30 % en ciertos territorios. En Estocolmo y Toronto, las personas esperan hasta diez años para obtener una vivienda social. Este periodo es de 13 años en Ámsterdam.

En este contexto, el acceso a la vivienda para las personas en situación precaria, que salen de prisión, resulta muy alarmante. Como lo explica Reza Amhadi con respecto al caso de Canadá: “Cuando la oferta es tan limitada, a las personas más marginadas de la sociedad, como las que salen de prisión, les resulta mucho más difícil encontrar una vivienda. La demanda es un 500 % mayor que la oferta. Imagine lo que esto supone para una persona en conflicto con la ley”.

Lo que dicen, de manera subyacente, muchas de las personas con las que conversó Prison Insider, es que la crisis inmobiliaria actual crea una feroz competencia entre las personas en búsqueda de vivienda y hace más difícil que las estructuras asociativas que desean proponer soluciones de alojamiento obtengan inmuebles con este fin.

Foyers Matter es una asociación basada en Lyon (Francia) que alberga a personas que salen de prisión, sobre todo en el marco de una suspensión de pena. Marine Tocco, responsable del departamento de Justicia y Cohesión Social de la asociación, describe las dificultades a las que se enfrenta para incrementar la oferta de alojamiento: “Intentamos por todos los medios aumentar el número de viviendas, a través de actos de puestas a disposición o de la colaboración con una cooperativa de usufructo vitalicio solidario, por ejemplo“. Si no existieran tantas dificultades de acceso a la vivienda, Foyers Matter podría acceder a más propiedades para alojar a un mayor número de personas que han beneficiado de una suspensión de pena.

Pero, además de las propiedades en sí, existen otros factores que deben tomarse en consideración a la hora de proponer una vivienda a las personas que salen de prisión. Como lo explica Marina Tocco, no todas las soluciones son adecuadas: “Debemos prestar atención a la elección del barrio, o a no proponer apartamentos en la planta baja que tengan rejas en las ventanas, por ejemplo. También, velamos porque la vivienda sea lo más accesible posible”. El hecho de que las construcciones recientes se ubiquen lejos del centro de la ciudad también limita las posibilidades. “Las viviendas que se encuentran en zonas retiradas no se ajustan a las necesidades de las personas que acompañamos, pues la mayoría de los servicios sociales y de salud mental, que tanto necesitan, se ubican en el centro de las ciudades”, precisa Reza Ahmadi.

Pierre Mercier, director de la asociación Le MAS (Lyon, Francia) pone de relieve las dificultades que existen hoy en día para encontrar una vivienda, social o no, y reitera la necesidad de actuar frente a esta dura crisis. “Si muchas personas que trabajan, que no han tenido problemas con la justicia ni son extranjeras, tienen problemas para encontrar un domicilio, para las personas que salen de prisión, la situación es mucho peor. Con seguridad, esto se debe a que se trata de personas vulnerables y desfavorecidas, que acumulan problemas con los que la sociedad no desea lidiar, o de hombres, jóvenes, con trastornos mentales, o que presentan conductas potencialmente peligrosas. Teniendo en cuenta que nuestra sociedad funciona por mérito, no parece coherente facilitar una vivienda a una persona que se ha comportado mal. La condena no se acaba una vez purgada, sino que se prolonga al salir de prisión. La clasificación en función del “mérito” se hace sin importar que se hayan establecido listas prioritarias o no“.