A principios de 2024, el Observatorio Europeo del Sinhogarismo publicó un informe sobre los vínculos entre el encarcelamiento y el sinhogarismo en Europa, en el que menciona la falta de coordinación y la fragmentación de los sistemas. Esto se debe, sobre todo, a que no existe una autoridad única o un conjunto de recursos específicos, encargados de garantizar que las personas que salen de prisión encuentren una solución de vivienda.
Muchas personas privadas de libertad afirman que la falta de colaboración entre los actores del sector de la vivienda o el alojamiento les impide acceder a sus derechos y a los dispositivos existentes, de los que, en muchos casos, no tienen conocimiento. Para la administración penitenciaria, los demás organismos públicos y las asociaciones, la escasa cooperación dificulta el trabajo cotidiano, así como la identificación y el seguimiento de las personas encarceladas que requieren ciertos servicios. Cuando existe una relación entre las estructuras, a menudo se describe como informal e interpersonal en lugar de institucional.
En Francia, los problemas de coordinación entre los Servicios Penitenciarios de Reinserción y Libertad Condicional (SPIP) y los Servicios Integrados para la Acogida y la Orientación (SIAO) no son ninguna novedad. En 2016, se emitió una circular en la que se explicaba la manera en que se coordinarían los servicios para mejorar la interacción. Esta preveía, por ejemplo, designar a una persona a la que deberían referirse los demás servicios para establecer un primer contacto. En la práctica, algunos SPIP han firmado convenios con los SIAO de su región, pero no existen verdaderos acuerdos. Además, la naturaleza de estos convenios entre SPIP y SIAO varían de una región a otra, sin ninguna coherencia a nivel nacional.
El equipo de la misión de Alojamiento y Acceso a la Vivienda en la Delegación Interministerial de Alojamiento y Acceso a la Vivienda (DIHAL) reitera la importancia de la circular de 2016: “El objetivo es impulsar una articulación lo más ordenada posible entre los SPIP y los SIAO. El documento preconiza la firma de convenios para intentar definir juntos su modo de colaboración y formalizarlo para lograr que las cosas perduren. Sabemos que la cooperación puede estrecharse en un momento dado en función de las personas. Sin embargo, la idea es que se establezcan relaciones sistemáticas y permanentes entre los SPIP y los SIAO, con el fin de identificar y anticipar, de la manera más eficaz posible, las necesidades de las personas privadas de libertad”. El equipo de la DIHAL recuerda que el papel de la delegación consiste en coordinar los servicios públicos a nivel local.
Por este motivo, la DIHAL, en colaboración con la administración penitenciaria, organiza reuniones con todos los actores y servicios implicados en el trabajo de orientación. La idea es, entre otras cosas, dar un impulso, lanzar debates y conseguir que la cooperación sea más efectiva y se ajuste a los recursos y las redes locales.
“Durante estas reuniones, se han identificado algunas prácticas favorables, como la participación de los SPIP en las comisiones de orientación de los SIAO, y la designación de personas que visitan los centros penitenciarios para brindar información y asesoramiento y, en ocasiones, impartir formaciones”, precisa el equipo. También se han destacado las estrechas colaboraciones que se han establecido en ciertos territorios, en particular, en contextos en los que existen pocas soluciones de vivienda.
De 2016 a 2022, el SPIP de la región de París estableció un comité para priorizar los expedientes del servicio. François-Marie Tarasconi, que formalizó en 2018 el funcionamiento de dicho comité, explica: Cada semana, una decena de CPIP presentaban sus casos a un grupo específico de CPIP interesados en la cuestión de la vivienda, así como al trabajador social del SPIP y la dirección de la prisión. Esta última no se encargaba del seguimiento de ningún expediente individual, por lo que su presencia garantizaba una decisión imparcial. Durante la reunión del comité, se priorizaban los casos en función de los criterios del SPIP y se transmitían al SIAO. Cada semana, nos aceptaban uno o dos de los expedientes remitidos, lo que era enorme. Algunos colegas decían que antes de esto podía pasar un año para que el SIAO aceptara un expediente.”
Para François-Marie Tarasconi, las ventajas de dicho sistema eran obvias, pues este modo de funcionamiento proporcionaba a los CPIP la posibilidad de consultar con otros actores implicados en el tema de la vivienda. Asimismo, permitía al SIAO analizar los criterios de priorización del SPIP, además de los suyos, para tomar una decisión, en caso de situaciones similares. Por otra parte, facilitaba el seguimiento estadístico, con el que se podían identificar tanto la eficacia como los límites de los dispositivos puestos en marcha.
A pesar de sus puntos positivos, el sistema instaurado en el SPIP de París solo duró hasta 2022. François-Marie Tarasconi afirma que, sin embargo, este se exportó a otros departamentos, que lo adaptaron en función de sus necesidades: tamaño del SPIP, porcentaje de personas sin hogar, cooperación con el SIAO, etc.
En Ontario (Canadá), Reza Ahmadi señala que los esfuerzos de cooperación varían mucho de un lugar a otro y de una región a otra. “Algunos llevan a cabo reuniones de planificación en las que participan las autoridades federales, provinciales y municipales, así como todos los proveedores de servicios sociales, con el objetivo de examinar la situación de las personas liberadas, caso por caso. La administración penitenciaria menciona, por ejemplo, el caso una persona que se liberará en una semana y explica sus necesidades en materia de vivienda y otros tipos de ayuda. Las personas reunidas pueden entonces proponer soluciones para atender dichas necesidades”. Reza Ahmadi explica que si bien las cosas tienden a mejorar, aún queda mucho por hacer: “En algunas comunidades, estas reuniones tienen lugar desde hace años, en otras, se han conformado pequeños grupos de trabajo y en otras no se ha hecho nada”.
En Finlandia, la administración penitenciaria indica que la cooperación multidisciplinar juega un papel esencial y afirma colaborar con los departamentos de asistencia social (encargados de los servicios sociales y sanitarios), los ayuntamientos y las organizaciones de la sociedad civil. Los servicios penitenciarios de reinserción trabajan de la mano con RETS Life without crime y participan en la Red de Ayuda para la Vivienda de las Personas Liberadas (VAT).
Para facilitar la cooperación entre los ayuntamientos, la administración penitenciaria y los proveedores de servicios, la VAT reúne información relativa a las prácticas recomendadas y los modelos de cooperación eficaces. Cuatro veces al año, la VAT organiza formaciones y seminarios sobre temas relativos a la reinserción, la reducción del sinhogarismo y las soluciones de vivienda para las personas con antecedentes penales.
Según la VAT, estos espacios constituyen un foro común para los diferentes profesionales que trabajan con personas en conflicto con la ley. Además, permiten intercambiar información, prácticas de trabajo, y establecer nuevas formas de colaboración entre las diferentes instituciones y organizaciones presentes.
En Finlandia, se han desarrollado diferentes modelos de cooperación en materia de vivienda para las personas que salen de prisión. Entre ellos, el Grupo de Cooperación sobre la vivienda de Joensuu que promueve la coordinación entre los actores del sector para facilitar el acceso a una vivienda estable y duradera, así como a los servicios de acompañamiento. Un miembro de la administración penitenciaria se encarga de coordinar este grupo, que incluye a representantes de los servicios sociales, expertos en toxicomanía y salud mental, propietarios sin ánimos de lucro, organizaciones que facilitan viviendas subvencionadas, etc.
Cuando un miembro del personal de la administración penitenciaria, un consejero de reinserción o un trabajador social identifican a una persona privada de libertad sin domicilio, le proponen formar parte del grupo de trabajo. La persona en cuestión comunica sus necesidades a las organizaciones proveedoras de servicios, y todas las partes interesadas se reúnen para estudiar su situación: domicilio anterior, posibles deudas, problemas de adicción, otras ayudas necesarias, preferencias en materia de vivienda, etc. El acceso a la vivienda puede condicionarse al cumplimiento de ciertas obligaciones.
