La discrepancia entre los plazos de la justicia y los plazos del alojamiento se ha puesto en tela de juicio. Marie-Pierre Noret, que trabaja en el programa Passage de la asociación Le MAS de Lyon (Francia), explica que los retrasos judiciales pueden poner en riesgo la solución de alojamiento disponible y el acompañamiento que se brinda a la persona. Sin embargo, en ocasiones, también puede suceder lo contrario: “Pensamos disponer de algunos meses para ayudar a la persona a encontrar una vivienda, y, al fin de cuentas, la persona sale de prisión antes de lo previsto, a veces al cabo de dos semanas, por una reducción de pena, por ejemplo. Esto también trastoca todo”. Un estudio publicado en 2017 por la Delegación Interministerial de Acceso a la Vivienda (DIHAL) pone de relieve otros factores similares. La delegación indica que “estas imprecisiones con respecto a las fechas generan dificultades recurrentes”. Y explica que es casi imposible conservar su alojamiento o vivienda cuando se cambian las fechas de salida. Teniendo en cuenta las largas listas de espera que provoca la tensión del mercado inmobiliario y el hecho de que los albergues los suele subvencionar el Estado, por día y por persona, es muy difícil que se reserve una plaza vacante, y más aún si se desconoce la fecha precisa de la llegada.

La delegación señala que estas dificultades hacen que las personas salgan de prisión sin una solución de habitación, o que se pierda la posibilidad de una reducción de pena. Sylvie Daniel, responsable de servicio en Le MAS, agrega: “De la noche a la mañana, la persona queda libre y se encuentra en la calle con todas sus cosas. Es muy complicado encontrar, en ese preciso momento, una oferta que se ajuste a sus necesidades. Por el contrario, es mucho más sencillo cuando la persona pasa, por ejemplo, un periodo en régimen semiabierto, ya que dispone de más tiempo para prepararse. Pero, incluso en esa situación, hemos visto casos en los que se otorga la reducción de pena sin previo aviso, o en los que se impone una sanción disciplinaria que retrasa la salida. La gestión es complicada de ambos lados de la cadena judicial. Aun así, nos presionan para que ocupemos todas las plazas disponibles. Poco importa que digamos que la plaza está reservada para una persona, si al fin y al cabo no sabemos cuando la persona va a llegar. Se trata de todo un proceso, mucho más complicado para las personas que salen de prisión que para las demás”.

Varias estructuras mencionan también el problema de los encarcelamientos sucesivos para algunas personas y la dificultad de proporcionarles apoyo y seguimiento en este contexto. “Muchas de ellas quieren cambiar de vida, pero aún tienen que cumplir otras condenas”, afirma Sylvie Daniel. “De un día para otro, dejan de venir porque tienen que volver a prisión. Es desalentador tanto para ellos como para nosotros. Sería mejor que las personas cumplieran toda su pena y que enseguida pudiéramos realizar con ellas un trabajo a largo plazo, sin interrupciones”.

En ocasiones, la liberación puede ser un verdadero shock y peor aun cuando las personas no cuentan con ningún apoyo y no tienen una solución de vivienda ni a corto ni a largo plazo. Marie-Pierre Noret declara que muchas personas le han hablado de la brutalidad de la salida, que, a veces, tiene lugar de manera inesperada. Muchas de las personas en este caso prefieren permanecer en prisión al no tener una solución de vivienda para su salida.

Las salidas pueden resultar aún más brutales durante los fines de semana, como sucede en muchos países. Salir de prisión un viernes, se traduce en la imposibilidad de acceder a los servicios de asistencia, sea cual sea su forma, que, con frecuencia, se encuentran cerrados o funcionan de manera restringida el fin de semana. A esta “transición” de por sí compleja, se suma el estrés, la ansiedad y la vulnerabilidad. Durante los últimos años, algunas administraciones penitenciarias han modificado su normativa para evitar este problema. En Inglaterra y Gales, las personas privadas de libertad cuya fecha de salida cae un viernes o la víspera de un día festivo, pueden liberarse hasta dos días antes. Esto les permite recurrir a tiempo a los servicios de alojamiento o vivienda, asistencia médica, ayuda al empleo, etc.

En Finlandia, la Red de Ayuda para la Vivienda de las Personas Liberadas (VAT) señala en su manual para el acceso a la vivienda de las personas que salen de prisión que la liberación es un momento particularmente delicado y en ocasiones decisivo para la vida de la persona más adelante. Por esta razón, se han puesto en marcha varios dispositivos para facilitar esta etapa. Algunas asociaciones proponen que una persona espere al recluso a la salida de prisión para llevarlo al alojamiento previsto. El albergue negociaría entonces la hora de la salida con el establecimiento penitenciario. Los voluntarios de las asociaciones podrían también ir a buscar a la persona, sobre todo cuando la prisión se encuentra retirada, o reunirse con ella en estación de tren o de bus.

El acceso de las personas liberadas a sus derechos depende con frecuencia de los centros de alojamiento y de reinserción social, sobre todo en el caso de las salidas sin transición. Las investigadoras Juliette Baronnet y Thiphaine Vanlemmens señalan la importancia de estas estructuras.

Cuando las personas corren el riesgo de terminar en la calle a su salida de prisión, el apoyo es indispensable. Si en prisión no se ha hecho nada o casi nada para preparar la liberación, afuera hay que hacerlo todo, y pronto: poner al día los documentos, hacer las solicitudes, urgentes o no, aunque sea solo para obtener una plaza en un albergue.

Jane Abad-Martinez y Razika Bizriche, que trabajan en el Comité Local de Vivienda Autónoma para Jóvenes (CLLAJ) de Lyon, ven todos los días a jóvenes que salen de prisión, sin ninguna perspectiva. A pesar de sus esfuerzos para encontrar soluciones de emergencia, la impotencia es un sentimiento que les embarga en muchas de las situaciones. “La mayor parte del tiempo, las personas esperan sin que podamos hallar una solución y terminan en una situación de sinhogarismo”, explican. “Andan en la calle, duermen en casa de conocidos y, al cabo de un tiempo, se quedan sin opciones, que, de por sí, no suelen ser muchas”.

Las diligencias tardan demasiado con respecto a la urgencia de la situación. Sophie Roussel, de la asociación RLibre, de Lille, describe lo violenta que puede llegar a ser esta situación: “A lo largo del día vemos a las personas desmoronarse ante nuestros ojos porque no saben dónde van a pasar la noche. A veces, llegan todas sucias a nuestro despacho porque han tenido que dormir, de nuevo, en un banco. Mientras tanto, nosotros tenemos que decirles que llenen formularios en un ordenador o hablarles de las diligencias que tienen que hacer. Es completamente deshumanizador”.

Debido a la tensión del mercado inmobiliario, aquellas personas que han preparado su salida en prisión también tienen que esperar largos periodos. El equipo del programa Passage de Le MAS describe su imposibilidad para ofrecer un alojamiento entre la salida de prisión y la instalación de la persona en su domicilio”*. Los beneficiarios del programa a menudo tienen que buscar una solución temporal, ya sea en un albergue o en casa de un familiar. Charlotte Journiac, del programa Passage, explica que el tiempo de espera puede ser fatídico para las personas que terminan en la calle por falta de una vivienda, pues este puede conducirlas de nuevo a prisión. La espera puede, además, dificultar el cumplimiento de las obligaciones legales. “Algunas personas tienen soluciones, pero esto puede significar volver a vivir con familiares, o regresar a un lugar al que tienen prohibido ir. Siempre les advertimos que los pueden detener en caso de control, pero ellas nos dicen que no tienen adónde ir, que necesitan ducharse antes de ir a trabajar, cosas tan sencillas como esas. ¿Qué podríamos responder ante esto? No hay ninguna solución mágica”.

Las soluciones de urgencia que se ofrecen a las personas que salen de prisión se adaptan poco a sus necesidades y pueden percibirse como una continuidad de la reclusión: vida colectiva forzada, rejas en las ventanas, sensación de vigilancia permanente, etc. Michelle*¹, antigua reclusa beneficiaria del programa Passage, explica que el albergue que le propusieron antes de acceder a su vivienda, le recordaba la prisión. Sam* declara haber rechazado el alojamiento porque le daba la impresión de estar de nuevo encerrado en su celda.

Más allá del albergue en sí, Michelle afirma que la espera y las condiciones de vida en ese lugar ensombrecieron su liberación. A pesar de haber realizado varios trámites antes de salir de prisión, incluso la solicitud para recibir su número único de registro, necesario para acceder a una vivienda social, todo llevó mucho tiempo. El proceso para obtener su vivienda definitiva tardó dos años y medio. “Lo que faltó [tras mi liberación] fue haber podido acceder a mi domicilio definitivo con mayor rapidez. Tuve que pasar demasiado tiempo en un albergue y las condiciones de vida allí no eran ideales: las instalaciones, y algunas personas, no eran muy limpias y el olor de los inmuebles colindantes llegaba a través de las puertas. En una ocasión, nos infestaron las cucarachas debido a la muerte de un vecino al que encontraron una semana después. Estaba desesperada por tener mi casa”.

Michelle habla también de sus sucesivas “decepciones” al no obtener los apartamentos para los que postulaba: “Todas esas cosas, una tras otra, te hacen sentir derrotada”. Para el equipo de Passage de Le MAS, no es inusual ver a las personas en espera de una vivienda decaer, tanto física como mentalmente, a medida que pasan los meses”*. Por ello, se esfuerzan por acompañarlas en su espera, recibirlas, ser receptivos ante sus necesidades y avanzar en otros trámites administrativos. Este clima de ansiedad que se respira hace que las personas a acepten cualquier cosa, con rapidez, por temor a quedarse sin hogar definitivamente.

Encontrar una solución permanente lleva tiempo, y depende de la evaluación que se realice para ofrecer la vivienda que mejor se adapte a las necesidades y aspiraciones de la persona, así como de las restricciones legales a las que pueda estar sujeta ─una orden de alejamiento una obligación de tratamiento─. Sylvie Daniel señala que es crucial conocer perfectamente el caso de la persona para proponerle una solución adecuada. “Hay que tener en cuenta la cercanía con la familia, si la tiene, con el trabajo y los centros de salud”, añade. “Algunas personas reciben atención desde hace mucho tiempo en un determinado centro, en ciertos casos , incluso antes de ir a prisión, por lo que es importante que el seguimiento se haga en el mismo lugar, en la medida de lo posible. Es uno de los factores de estabilización”.

Sylvie Daniel subraya la importancia de explicar a las personas a las que acompaña las razones de ciertas preguntas, de describir el proceso y exponer las dificultades tal y como son. Esto es fundamental, ya que a muchas de ellas les cuesta expresar sus necesidades en términos de ubicación, barrio, acceso al transporte público, etc.

A menudo, solo después de haber comenzado los primeros trámites, las personas se dan cuenta de que hay barrios en los que no desean habitar, o descubren sus necesidades en materia de transporte o de trabajo. Dada la pérdida de tiempo que esto representa, tanto para los beneficiarios como para el equipo de Le MAS, este último se plantea utilizar un mapa para orientar mejor la solicitud y, a partir de ahí, evaluar las necesidades.  

Para responder a las necesidades de las personas es indispensable conocer el tipo de vivienda que desean y que más les conviene: individual, comunitario u otro. Muchas personas coinciden con que es importante ofrecer varias posibilidades en materia de habitación. “Se necesita de todo. Tenemos que ser capaces de adaptarnos, de proponer diferentes respuestas”, explica Sylvie Daniel. “Las necesidades y expectativas varían demasiado. Al salir de prisión, hay muchas personas que no soportan más la vida en comunidad. Otras nos dicen que les aterra la idea de vivir solas y necesitan pasar un tiempo en una institución para lograr hacer una transición. Tenemos que reforzar la formación para corregir las deficiencias del proceso de evaluación y lograr proponer una variedad de respuestas. Debemos escuchar con atención todas estas necesidades y tenerlas en cuenta”.

Encontrar una solución permanente lleva tiempo, y depende de la evaluación que se realice para ofrecer la vivienda que mejor se adapte a las necesidades y aspiraciones de la persona, así como de las restricciones legales a las que pueda estar sujeta ─una orden de alejamiento una obligación de tratamiento─. Sylvie Daniel señala que es crucial conocer perfectamente el caso de la persona para proponerle una solución adecuada. “Hay que tener en cuenta la cercanía con la familia, si la tiene, con el trabajo y los centros de salud”, añade. “Algunas personas reciben atención desde hace mucho tiempo en un determinado centro, en ciertos casos , incluso antes de ir a prisión, por lo que es importante que el seguimiento se haga en el mismo lugar, en la medida de lo posible. Es uno de los factores de estabilización”.

Sylvie Daniel subraya la importancia de explicar a las personas a las que acompaña las razones de ciertas preguntas, de describir el proceso y exponer las dificultades tal y como son. Esto es fundamental, ya que a muchas de ellas les cuesta expresar sus necesidades en términos de ubicación, barrio, acceso al transporte público, etc.

A menudo, solo después de haber comenzado los primeros trámites, las personas se dan cuenta de que hay barrios en los que no desean habitar, o descubren sus necesidades en materia de transporte o de trabajo. Dada la pérdida de tiempo que esto representa, tanto para los beneficiarios como para el equipo de Le MAS, este último se plantea utilizar un mapa para orientar mejor la solicitud y, a partir de ahí, evaluar las necesidades.  

Para responder a las necesidades de las personas es indispensable conocer el tipo de vivienda que desean y que más les conviene: individual, comunitario u otro. Muchas personas coinciden con que es importante ofrecer varias posibilidades en materia de habitación. “Se necesita de todo. Tenemos que ser capaces de adaptarnos, de proponer diferentes respuestas”, explica Sylvie Daniel. “Las necesidades y expectativas varían demasiado. Al salir de prisión, hay muchas personas que no soportan más la vida en comunidad. Otras nos dicen que les aterra la idea de vivir solas y necesitan pasar un tiempo en una institución para lograr hacer una transición. Tenemos que reforzar la formación para corregir las deficiencias del proceso de evaluación y lograr proponer una variedad de respuestas. Debemos escuchar con atención todas estas necesidades y tenerlas en cuenta”.

El número de plazas disponibles en las estructuras de alojamiento temporal, y el acompañamiento que se ofrece, varían considerablemente de una región a otra y de un país a otro. Algunos programas se reservan para las personas en conflicto con la ley, mientras que otros se dirigen a varios tipos de público. Todos estos programas acompañan a las personas hasta el momento en que encuentran una solución de vivienda permanente. En principio, se realiza un contrato que vincula a la organización y a la persona, y limita el periodo del acompañamiento. En muchos casos, es posible renovarlo. En algunos de estos programas, la frontera entre alojamiento y vivienda tiende a desvanecerse, como pone de relieve el informe de 2024 del Observatorio Europeo del Sinhogarismo.

En Francia, los centros de alojamiento y reinserción social (CHRS) albergan a las personas que salen de prisión. El Centro Feydel Liotard, gestionado por la asociación Le MAS de Lyon, es una de estas estructuras, que acoge, entre otros, a personas liberadas, enviadas por el SIAO y por el Servicio Penitenciario de Reinserción y Libertad Condicional (SPIP) en el marco de una suspensión de pena superior a seis meses. Marielle Colombin y Julianne Legrand, que trabajan allí, consideran que, este tipo de habitación puede funcionar muy bien, siempre y cuando responda a las necesidades de las personas. “El tiempo que se pasa allí se percibe a menudo como una forma de restauración a través del grupo y la vida en comunidad”, explican. “Algunas personas llegan muy lastimadas, pero aquí pueden restaurarse, recuperarse e imaginar otros proyectos de habitación, que les permitan gozar de mayor autonomía”. La duración de la estancia en el centro puede variar en función de las necesidades de cada quien.

Algunas personas optan por las pensiones familiares, pero el tiempo de espera puede ser de “meses o incluso años, según el lugar y el número de plazas disponibles”, señalan Marielle Colombin y Julianne Legrand. “Algunas personas están listas para dejar el centro, pero tienen que esperar mucho tiempo para conseguir una plaza en una pensión, ya que la demanda es muy alta. Esta solución permite acceder a una pequeña vivienda independiente con zonas comunes, lo cual es un buen equilibrio para las personas que temen el aislamiento”. El equipo subraya, sin embargo, que, teniendo en cuenta los plazos, a veces es más sencillo encontrar una vivienda autónoma e independiente.

Según Jane Abad-Martinez y Razika Bizriche, empleadas del Comité Local de Vivienda Autónoma para Jóvenes (CLLAJ), las 13 viviendas provisionales de Lyon ofrecen una alternativa interesante a los jóvenes que salen de prisión. El subsidio de alojamiento temporal (ALT) sustituye a otros derechos, como el subsidio de vivienda, para el que los requisitos y los plazos de espera son mucho más largos. Las personas que acompaña el CLLAJ son jóvenes de 25 años o menos, que se enfrentan a una cantidad de problemas, sobre todo de orden administrativo, y que carecen de recursos financieros, por lo que muy pronto se encuentran en una gran precariedad económica.

“Este programa permite a los jóvenes reflexionar con nosotros acerca de su futuro”, explican. “Además de ayudarles a encontrar una solución de vivienda y brindarles asistencia a nivel administrativo, nuestro acompañamiento contribuye a reconfortar a los jóvenes, a darles un poco de esperanza, y a reconciliarlos con la intervención social y las instituciones. Les ayudamos a hacer más llevaderos los largos plazos de espera y a afrontar las complicaciones administrativas, entre muchas otras cosas”.

Jane Abad-Martinez y Razika Bizriche señalan que a ciertas personas les cuesta soltar este punto de apoyo: “Una vez que están al día a nivel administrativo y tienen luz verde para continuar, algunas de ellas se vuelven un poco más reticentes. Probablemente para ellas sea más tranquilizador contar con el acompañamiento que se les brinda en las estructuras de alojamiento temporal”.

Desde hace unos años, en Inglaterra y Gales, el Ministerio de Justicia ha instaurado varios programas de alojamiento para las personas sin hogar que salen de prisión. El programa Community Accommodation Service - Tier 3 (CAS-3) alberga a las personas por un máximo de 84 noches. Según datos del ministerio, 5796 personas se beneficiaron de este programa entre julio de 2021 y marzo de 2023. Muchas personas privadas de libertad solo se enteran uno o dos días antes de salir de prisión si podrán beneficiar del programa. En algunos casos, las personas no están familiarizadas con el lugar en el que se sitúa el alojamiento, lo que puede complicar sus planes.

En Quebec (Canadá), la Sociedad John Howard ofrece, a las personas en conflicto con la ley, un servicio de acompañamiento para el alojamiento, llamado “CHEZ NOUS”. En el marco de este programa, cada persona dispone de su propio estudio amueblado, en el que debe vivir sola. El alojamiento es gratuito durante tres meses ─las personas que trabajan deben pagar el 25 % de sus ingresos al entrar─. A partir del cuarto mes se les pide sistemáticamente un porcentaje de sus ingresos. Las personas que se benefician del programa reciben acompañamiento en su búsqueda de vivienda estable, empleo o formación; orientación hacia otras estructuras capaces de ofrecerles una vivienda que responda a sus necesidades, y ayuda para definir y gestionar un presupuesto cotidiano.

Algunas de las personas que benefician del programa son bastante autónomas, mientras que otras necesitan más ayuda con sus trámites, por ejemplo. El acompañamiento se adapta entonces en función de sus necesidades. Por lo general, las personas encuentran su propio apartamento unos tres o seis meses después de salir de prisión.

Los programas de ayuda financiera también pueden ser muy útiles para las personas que salen de prisión, sin ingresos. La Sociedad John Howard de Quebec menciona como ejemplo el programa de suplemento de alquiler, establecido por convenio con la Oficina Municipal de Vivienda de Montreal (OMHM) por un periodo de tres años. Las personas que se benefician de este programa deben pagar un porcentaje de sus ingresos y la OMHM financia el resto del alquiler. El propietario del bien debe estar de acuerdo y, según la asociación, ahí es donde las cosas se complican: “Los propietarios no son muy entusiastas porque con este programa no pueden aumentar el alquiler a su antojo. Sin embargo, siempre logramos encontrar argumentos, como la garantía que le ofrece el hecho de que el Gobierno cubra parte del alquiler”.

En Francia, el acceso a la habitación forma parte de un enfoque más permanente, en particular a través de los programas de Housing First, que tienen por objetivo luchar contra el sinhogarismo y facilitar la integración de las personas mediante el acceso directo a la vivienda. Desde este punto de vista, la vivienda constituye un primer paso esencial para que las personas puedan iniciar otras gestiones (atención médica, trabajo, etc.) en función de sus necesidades. Esta perspectiva difiere de aquella en la que las personas acceden, potencialmente, a una vivienda tras un largo proceso en estructuras de alojamiento social.

En el área metropolitana de Lyon, varias organizaciones ofrecen programas de Housing First, como el programa Passage de la asociación Le MAS. Marie-Pierre Noret explica sus objetivos: “Passage tiene por objeto garantizar, en la medida de lo posible, el acceso inmediato a una vivienda tras la liberación, favorecer la reinserción, mediante el acceso a la justicia, al empleo, a la atención médica, etc. y permitir que las personas beneficiarias se instalen y se sientan cómodas en su domicilio. Nuestro equipo les ayuda en todos sus trámites, y las apoya para que recobren su autoestima y su autoconfianza”. Para participar en el programa, es necesario tener su situación administrativa al día (documentos de identidad y las dos últimas declaraciones fiscales), además de contar con ingresos estables (un salario o un subsidio). Las personas deben ser capaces de vivir en un domicilio independiente y aceptar el acompañamiento social.

El equipo de Passage se reúne con las personas durante su periodo de semilibertad. Una vez que se acepta la solicitud, se inicia la búsqueda de vivienda, en función de los deseos expresados. Dicha búsqueda puede durar hasta seis meses. Cuando la persona encuentra la vivienda, se firma un contrato de arrendamiento directo y el equipo le sigue brindando acompañamiento en función de sus necesidades.

Al final del acompañamiento, todas las partes implicadas hacen constar que la persona ha concluido el programa. Para Marie-Pierre Noret, se trata de una etapa esencial, ya que permite concretar y reconocer los progresos y los esfuerzos realizados. En su opinión, los programas de Housing First son perfectos para las personas que salen de prisión, porque les permite decidir por sí mismas ─después de varios años sin dar su opinión─, en particular, sobre la duración del acompañamiento.

Finlandia es un país pionero en lo que respecta la aplicación de políticas de Housing First. La Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA) señala que los tipos de alojamiento temporales tradicionales, como los albergues para personas sin hogar, han desaparecido casi por completo. Los inmuebles existentes se han convertido en unidades de vivienda, y las personas que viven en ellas firman contratos de arrendamiento permanente. En 2021, dichas unidades constaban de entre 16 y 125 apartamentos, y todas contaban con transporte público cercano. Las unidades más pequeñas facilitan la cohesión de la comunidad, mientras que las más grandes representan una solución rápida al problema de las personas sin hogar. Este sistema es, en ocasiones, objeto de críticas.

Mia Juselius, especialista en vivienda para las personas que salen de prisión de RETS Life without crime, afirma que algunas personas se niegan a alojarse en estas unidades tras su liberación, por temor al estigma de que se les asocie con personas en situación muy precaria. Sin embargo, estas representan una solución a la crisis del mercado inmobiliario, sobre todo en Helsinki.

Además de las unidades de vivienda, los sucesivos programas gubernamentales han aumentado de manera considerable el número de bienes disponibles. RETS Life without crime cuenta con 63 apartamentos subvencionados en Helsinki, Espoo y Vantaa para las personas sin hogar que salen de prisión y aceptan el acompañamiento que se les ofrece. “El contrato de alquiler se hace a nombre de la persona, como cualquier otro inquilino”, explica Leena Oikarinen, que trabaja en RETS. “Los contratos son a corto plazo y las personas se comprometen a aceptar nuestra ayuda, tanto en materia de vivienda como en otros aspectos”.

Reza Ahmadi, director de investigación y evaluación de la Sociedad John Howard de Ontario (Canadá), afirma que la organización ha desarrollado un exitoso programa de Housing First en Ottawa, y pone de relieve la necesidad de contar con una estrategia de financiación adecuada para perpetuar este tipo de modelo excepcional. “Estos programas requieren una financiación bastante considerable, en comparación con los centros de reinserción social”, explica. *“En estos últimos, las personas pasan un determinado tiempo y se les anima a estabilizarse, recobrar su autonomía y marcharse. Reza Ahmadi lamenta la falta de inversión a gran escala para sistematizar la práctica, ya que, debido a ello, solo se pueden llevar a cabo proyectos piloto e iniciativas dispares. “No ha habido ningún compromiso por parte del Gobierno ni ninguna inversión importante, a pesar de que poner a las personas de nuevo en prisión cuesta mucho más a la sociedad”, señala.

Las soluciones y los programas que se ofrecen tienen el mérito de existir. Sin embargo, todas las personas con las que nos reunimos coinciden en que son insuficientes con respecto a la cantidad de personas que los necesitan. Las listas de espera son cada vez más largas, y el número de solicitudes desestimadas más alto. En un contexto tan tenso, ¿se podría seguir afirmando que las personas tienen alternativas?

Charlotte Journiac, del programa Passage de Le MAS (Francia), señala que la angustia de las personas es tanta, que están dispuestas a aceptar cualquier cosa, aunque vaya en contra de sus propios intereses. “Siempre les decimos que tienen derecho a no estar de acuerdo con la solución, que tienen la libertad de elegir y que juntos encontraremos una respuesta más adecuada, otra vivienda”. Marie-Pierre Noret subraya los riesgos sociales, profesionales, sanitarios y jurídicos que esto plantea, y que pueden poner rápidamente en aprietos a las personas. Reza Ahmadi, de Canadá, subraya también que: “Debido al problema de disponibilidad, la gente se desespera tanto que termina aceptando cualquier cosa que esté disponible, sin tomar en consideración sus necesidades. Esto suele ser el camino directo al fracaso”.

Para Jane Abad-Martinez y Razika Bizriche, de CLLAJ (Francia), la escasez de viviendas hace que se oriente a las personas hacia soluciones inadaptadas, que resultan perjudiciales para ellas. “Nos envían personas que necesitan un acompañamiento significativo y una presencia constante, pero en el CLLAJ no podemos atenderlas”, explican. “Al no haber otra solución, las orientan hacia nosotros de todas maneras. El problema es que se le resta importancia a sus necesidades. Una mala solución resulta preferible a ninguna solución, a la calle. Lo intentamos, pero intentarlo también supone un gran riesgo para la persona. Como trabajadores sociales, tenemos la responsabilidad de decir que no; ya no queremos aceptar falsas soluciones. Queremos enviar un mensaje al Gobierno y exigir que se pongan en marcha nuevos programas”.

En muchos países, el número de personas que entran y, por lo tanto, salen de prisión aumenta. Sin embargo, la financiación tiende a seguir el camino opuesto. Jane Abad-Martinez y Razika Bizriche señalan:“A pesar de que los presupuestos disminuyen, cada vez nos remiten a más personas sumamente frágiles. No hay proporcionalidad. ¿Cómo se supone que vamos a seguir tratando tantas solicitudes y resolviéndolas de manera adecuada?

En Finlandia el cambio de color político que tuvo lugar recientemente, ha dado un giro a las políticas nacionales de lucha contra el sinhogarismo. La sociedad civil se moviliza contra el plan del Gobierno de recortar las subvenciones públicas a las organizaciones que ofrecen servicios y acompañamiento a las personas sin hogar, de las cuales, muchas han salido de prisión. Las organizaciones recuerdan a las autoridades que estos recortes solo supondrán un ahorro a corto plazo, pero que, con el tiempo, representarán un incremento de los costes. Estas señalan, además, que la falta de apoyo, oportuno y accesible, agrava las dificultades de las personas, lo que a su vez aumenta la demanda de servicios públicos.

Reducir la financiación también significa dar libre curso a la competencia, entre estructuras y entre públicos. Las personas especializadas en materia de vivienda en Finlandia lo denuncian abiertamente en un contexto de crisis multiforme: “Ahora la moda es estar ahí, robarle las ideas a los demás y reunirse con las personas adecuadas para conseguir el dinero que permita poner en marcha los programas”, afirman. “Queremos que se acabe esta competencia desleal. Queremos que las partes interesadas pongan todos sus esfuerzos en la misma hoguera, soplen un carbón y las personas sin hogar puedan calentarse a su alrededor. Esto solo es posible si hay una equidad entre la cooperación de todos los actores y la distribución del dinero”.

Jane Abad-Martinez y Razika Bizriche lamentan la lógica de la financiación por convocatorias de proyectos, en las que se imponen los temas y los públicos objetivo. “Esto nos obliga a trabajar caso por caso, y a jerarquizar las situaciones de las personas ─todas ellas con necesidades acuciantes─ para intentar integrarlas en nuestros programas”, explican.

“A menudo, los casos de muchos de los jóvenes con los que trabajamos no corresponden a los temas prioritarios del momento. O hemos llegado al máximo de personas a las que podemos brindarle acompañamiento. Sin embargo, no podemos decirles ‘lo siento, tu caso no se ajusta a ninguna de nuestras prioridades’, así que lo intentamos, nos esforzamos por hacerlos encajar a toda costa. La logística mental que esto implica es impresionante”.

Para la mayoría de las personas con las que hablamos, esta competencia refleja la falta de reconocimiento por su trabajo. Muchas mencionan el agotamiento que esto provoca dentro de las estructuras, las dimisiones y la dificultad para cubrir los puestos que quedan vacantes.

“La dinámica es muy paradójica: mucho más control por parte de los financiadores, mucha más intervención, y, sin embargo, las necesidades no paran de aumentar”, lamenta Jane Abad-Martinez. “Todo esto afecta el trabajo sobre el terreno, y al final de la cadena, los empleados, agotados, abandonan las asociaciones”.

En Canadá, las Sociedades John Howard de Ontario y Quebec mencionan que la escasez de personal a la que se enfrentan aumenta los plazos de espera de las personas en búsqueda de una solución. Reza Ahmadi considera que la falta de atractivo de las asociaciones acarrea graves consecuencias: Una gran parte de nuestro personal se ha ido a trabajar con otras instituciones o con el Gobierno, ya que se les ofrecen mejores salarios. Nos cuesta cubrir los puestos vacantes, nos falta un 25 % de personal, por falta de competitividad. Además, la enorme rotación de personal que existe en la estructura, nos obliga a dedicar mucho tiempo a los procesos de contratación y de formación. Y las personas que quedan están mal pagadas y sobrecargadas de trabajo“.