EK. ¿Hay una cruz de la moneda? ¿La mejora de la atención médica y de las condiciones de vida de los pacientes reclusos puede tener un efecto perverso? Seguramente. Cabría incluso preguntarnos si esto no legitima la voluntad de la institución judicial de encarcelar y, a veces, mantener en prisión a personas que no nos imaginamos en ese lugar. Es un tema que también levanta el complicado debate filosófico sobre el sentido real de la prisión y sobre quién debería o no estar allí.
En ese debate, la posición la más extrema diría: las personas con enfermedades mentales son ciudadanos como los demás y la prisión es un servicio público dirigido a todos los ciudadanos, sin excepción. Los autores de infracciones que padecen trastornos psiquiátricos tienen pues su lugar en prisión. Basta simplemente con poner sobre la mesa los medios y dispositivos suficientes para atenderlos, como en el caso de los otros servicios públicos. Pero para mí, esto es una visión insostenible.
La otra posición, también extrema, sería decir que los enfermos no tienen su lugar en prisión. Desde la Roma Antigua, se considera que los locos deben ser inimputables en caso de cometer una infracción. El lugar de estas personas no es la prisión, sino el hospital. Por otro lado, si una persona desarrolla un trastorno psiquiátrico en reclusión, debe enviarse al hospital.
Tengo la impresión de que, en Francia, al igual que en otros países, intentamos encontrar un equilibrio entre esas dos posiciones. Evidentemente, a veces es complicado, pero no podemos negar que la mejora de la atención médica y de las condiciones de vida en prisión tiende a aliviar la situación.
Hoy en día, por ejemplo, las declaraciones de inimputabilidad son excepcionales. A pesar de ello, no tengo la impresión de ver más enfermos mentales que antes, sino que tiendo a pensar, más bien, que la atención sanitaria ha mejorado, sobre todo gracias a las UHSA. Aun así, es difícil analizar la situación con precisión debido a la falta de cifras. Habría que tener a mano un nuevo estudio epidemiológico sobre la salud mental de las personas privadas de libertad, como aquel realizado en 2004 . Actualmente, solo disponemos de las cifras relativas a nuestras actividades, pero contamos con muy poca información epidemiológica. En Marsella, con toda honestidad, no es lo nuestro. Durante años rechazamos, por ejemplo, indicar un diagnóstico en los informes médicos. Primero, porque lo consideramos como una etiqueta para el paciente, y segundo, porque, aunque los diagnósticos se hagan de manera anónima, no sabemos exactamente cómo las tutelas administrativas podrían utilizarlos o manipularlos.
La situación ha cambiado, aunque, por desgracia, nos obligan cada vez más a inscribir los diagnósticos, procuramos no hacerlo de manera demasiado precisa. Por lo tanto, es imposible tener información detallada sobre el número de personas con enfermedades psiquiátricas o la representación de las diferentes patologías en prisión.
