Francia: la reinserción, un asunto de todos

Antoine Dulin. El CESE suele ocuparse de asuntos económicos, sociales y medioambientales. Es la primera vez que el Primer Ministro acude directamente a él para un tema relacionado con la justicia, en concreto con la reinserción. En los 75 años de existencia del CESE, esta es una primicia histórica. Hemos establecido un informe que se divide en cuatro partes. La primera se refiere a la opinión pública. Los miembros del CESE no son especialistas en el tema y se encontraron en la misma situación que cualquier ciudadano, con las mismas ideas preconcebidas. A partir de la escucha de reclusos y de exreclusos, estos cinco meses de trabajo les permitieron tomar conciencia de que, en temas de prisión, podemos hacer más. Hay una serie de ideas preconcebidas: pocas personas saben que el promedio de duración de reclusión es de nueve meses, que la mayoría de los presos cumplen penas cortas y que pocos de ellos representan un peligro para la sociedad (entre el 10 y el 15 % de ellos según las estimaciones). La cadena perpetua representa el 2 % de las condenas. Surge, por lo tanto, la cuestión de la excarcelación de todas estas personas.

El segundo punto de nuestro informe trata del desarrollo de alternativas a la detención. La pena de prisión sigue siendo la sentencia de referencia. ¿Para quién? Para todo el mundo.

No debemos culpar a los magistrados que, efectivamente, dictan estas sentencias, inducidos por la opinión pública. En 2008, el 72 % de los encuestados atribuyó a la prisión una finalidad de reinserción; en 2018, solo lo hace el 48 %. Se considera la prisión como un dispositivo para garantizar la seguridad, nunca la reinserción. Este debate social no tiene lugar.

La tercera gran línea de nuestro informe se refiere a los recursos brindados a los reclusos para su reinserción. Este proceso implica trabajar en uno mismo y pasar a la acción, lo que representa aspectos individuales que hemos tratado poco. Nos hemos centrado en otra dimensión, que contempla el contexto, el acceso a los derechos sociales, la educación, el aprendizaje de la lengua francesa, el acceso al trabajo y a la formación profesional, etc. Todos los detenidos, sin distinción, deben tener acceso a ello; sin embargo, solo el 28 % tiene acceso al trabajo y el 16 % a la formación profesional. ¿Cómo pueden los reclusos convertirse en actores de su propia trayectoria cuando en prisión se ven privados de responsabilidades y desocializados? Una de nuestras recomendaciones es empoderar a los detenidos y garantizar que no haya dos choques: uno a la entrada y otro a la salida de prisión.

La última idea está recogida en el título de nuestro informe: ¿cómo hacer que la reinserción sea un asunto de todos? Hoy en día, es una tarea de la administración penitenciaria, en colaboración con asociaciones. Otros servicios públicos, así como los empleadores, públicos y privados, muestran desconfianza hacia las personas que salen de la cárcel, o están sobrecargadas de trabajo. Para promover su reinserción debemos cambiar la imagen que la sociedad tiene de ellos.

AD. Si tuviera que elegir uno solo, haría constar que la tarea de reinsertar no es un objetivo prioritario ni para la administración penitenciaria, ni para la sociedad. Se lleva a cabo una gran reflexión en torno al ingreso en prisión y a la protección de la sociedad, pero nunca en torno a la salida. El 63 % de las personas liberadas a través de una “salida simple” (sin preparación para la salida, ndlr.) reinciden en los siguientes cinco años. Podemos observar fácilmente que la prisión es deficiente como herramienta, aunque, desde 2009, la reinserción se haya incluido claramente entre las atribuciones de la administración penitenciaria. Es un fracaso.

Esta tarea se ve obstaculizada por el hacinamiento, que es un fenómeno masivo, especialmente en los centros penitenciarios preventivos. Cuando varias personas comparten la misma celda, trabajar personalmente en uno mismo es complicado. La situación también es insostenible para el personal penitenciario.

Cuando, en un contexto de reducción de personal o de absentismo de agentes penitenciarios, el jefe de un establecimiento tiene que tomar decisiones, el factor que se ve siempre privilegiado es la seguridad, nunca la reinserción.

Mientras que, si queremos luchar contra la reincidencia, si queremos evitar los costes sociales y económicos posteriores vinculados a ella, tenemos que ocuparnos de la reinserción. No hacerlo conlleva unos gastos generales muy elevados: recurrir a alojamientos de emergencia, a centros de desempleo, a sistemas de acompañamiento social, etc. Todo esto es un derroche. Por un lado, encerramos a las personas, las privamos de la libertad de ir y venir, así como de otros derechos fundamentales. Y, por otro lado, una vez en prisión, tendríamos la oportunidad de trabajar en el proceso de sacarles de la delincuencia. Pero vemos que esta tarea no se lleva a cabo. No utilizamos las herramientas a nuestra disposición para permitir la reinserción, aunque funcionen en otros países. No aprovechamos este tiempo de reclusión como un período útil. Es un fracaso colectivo.

<< Antoine Dulin¶

AD. Esta es una buena pregunta. No, no lo creo, de lo contrario no habría escrito el informe. Precisamente, fue una sorpresa y es interesante pensar que el Primer Ministro recurrió a nosotros para ocuparnos de este tema. Era un riesgo que no estaba obligado a correr. La Ministra de Justicia podría haber estado menos presente, pero, en cambio, estuvo allí todo el tiempo y acaba de anunciar la elaboración de un programa destinado a la reinserción. Creo que quienes conocen el universo penitenciario no pueden estar satisfechos con el estado de nuestras prisiones, su ineficacia y los insuficientes programas de reinserción. Los responsables políticos, ya sean de derechas o de izquierdas, están todos de acuerdo. De hecho, 13 años después del primer informe sobre la reinserción, los actores de la sociedad civil reunidos en el CESE han estado de acuerdo con las conclusiones y las recomendaciones del informe.

El debate que no tiene lugar en la sociedad se ha realizado en el CESE. ¿Cómo podemos cambiar la forma en que los ciudadanos ven el universo penitenciario?

La idea de que la prisión protege está ampliamente extendida, mientras que solo lo hace por un tiempo. La cárcel aumenta el riesgo de reincidencia y no alcanza sus objetivos. La sociedad debería poder tener debates públicos sobre este asunto y poder hablar públicamente sobre las realidades de la prisión en vez de escuchar clichés como “la prisión es el club Med” o “los reclusos tienen televisiones”. Nadie cuestiona, por ejemplo, los presupuestos. La prisión cuesta un promedio de 100 euros por día y por recluso; algunas cuestan 80 euros, otras, 200. Sin embargo, existen alternativas más convincentes y menos costosas. ¿Cómo aceptamos dar a estas personas la oportunidad de orientarse hacia otras alternativas? ¿Está la sociedad dispuesta a ver a más personas felices, a ver que estos programas son más eficientes y cuestan menos? Solicitamos al Tribunal de Cuentas que calculara el coste socioeconómico de la reincidencia y no solo el de la detención.

No sé si las cosas están cambiando, pero, después de cinco meses trabajando con personas que no sabían absolutamente nada sobre el tema de la prisión, creo sinceramente que la perspectiva puede cambiar, a través de un trabajo de fondo, de desarrollo del conocimiento, de apertura de las prisiones. No se habla de lo que pasa en prisión. Existe una convención ciudadana sobre temas ambientales que elabora propuestas para luchar contra el calentamiento global. Podemos imaginar reunir a 150 ciudadanos elegidos al azar para que trabajen sobre el tema de la reclusión y divulgar, de manera abierta y transparente, los frutos de dicho trabajo. Esa cobertura mediática podría provocar un debate sereno, lo que no ocurre cuando hay políticos que se apropian de cada crónica con fines mediáticos. Mientras sigan existiendo personas que obstaculizan el cambio, ¡no habrá progreso!