Francia: “La prisión no puede ser la norma”

Sylvain Lhuissier. La idea principal del libro es que nos apartemos de la norma de la prisión y de la creencia de que es la solución mágica para luchar contra la delincuencia. La prisión no garantiza la seguridad y, sin embargo, se ha impuesto como la solución por defecto. Desde el punto de vista de los ciudadanos, lo único que se conoce es la sobrepoblación. Esta información es insuficiente, en primer lugar, porque no permite comprender por qué la población carcelaria se ha multiplicado por 2,3 en 50 años y por qué la construcción de nuevos centros penitenciarios no ayuda a reducir el hacinamiento; en segundo lugar, no nos dice nada sobre la utilidad de la prisión, ni sobre sus resultados -en particular, la reincidencia, de casi un 60%-, ni sobre las consecuencias que tiene en términos de salud mental, patologías psicológicas y adicciones, por ejemplo.

Esperamos dos cosas de la prisión: que garantice nuestra seguridad y que resocialice a los individuos. Pero esto es una ilusión, porque encarcelar a una persona durante cinco, diez o quince años no nos ofrece ninguna garantía de protección si esta misma persona, al salir, comete tantos delitos como si nunca hubiera estado en prisión. En ese caso, habremos perdido la apuesta.

Todo esto lo planteé en mi libro, pero mi intención era ir un paso más allá, por lo que me aventuré a abordar algunos aspectos de los que no se suele hablar. La prisión está estrechamente ligada a la noción de castigo, de la que la sociedad no se ha podido librar. La sociedad espera que la prisión haga pagar al recluso, que lo haga sufrir, que lo haga penar. De manera inconsciente, el hecho de que las condiciones de reclusión sean difíciles y que el sufrimiento forme parte de la sentencia genera cierta satisfacción en las personas. Tan pronto como las condiciones mejoran, escuchamos frases como “la prisión es el Club Med”.

Desafortunadamente, hasta que no lo analicemos colectivamente, no resolveremos el problema. En última instancia, la prisión tiene un segundo papel, inconfesado, el de promover una forma de marginalización de ciertas personas. Aparentemente, algunos individuos pertenecen a la sociedad y otros no. Lo que esto significa, de manera implícita, es que ciertas categorías de personas, que son perturbadoras y no encuentran su lugar dentro de la sociedad, se hacen invisibles al estar en prisión, donde se concentran todos los fracasos de las políticas públicas: los de la salud (todos los enfermos psíquicos), los de la educación nacional (si nos fijamos en el índice de graduados o de alfabetización), los de la discriminación, etc. Creo que ya es hora de cambiar las expectativas arcaicas que tenemos de la prisión.

SL. Existen muchas alternativas al encarcelamiento, ya que hay sentencias autónomas. Por ejemplo, el arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica o el trabajo comunitario (TIG) ─en el que me he interesado particularmente─, pero también existen alternativas al enjuiciamiento durante el proceso (pasantías, días de multa, trabajo no remunerado, que es una versión más flexible del TIG).

En lo que respecta a las alternativas a la privación de libertad, los dos puntos que quise destacar en mi libro son la existencia de servicios como los del SPIP (Servicio penitenciario de reinserción y libertad condicional), que poca gente conoce. ¡Es como si conociéramos a los médicos, pero no supiéramos que los farmaceutas existen! Es un problema olvidarlos si queremos entender el sistema de justicia y las sentencias. Su papel es preponderante, ya que son los que que están presentes durante la ejecución de las penas. Para comprender su función, hay que entender que las alternativas, antes de ser una sentencia per se, tienen un objetivo de disuasión, es decir, el abandono de los actos de delincuencia. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse no es “¿Qué condena debemos imponer a la persona?”, sino “¿Qué debe implementarse para evitar que lo haga de nuevo?”. Este era el objetivo de la “Contrainte pénale” ¹ puesta en marcha con Christiane Taubira. Lamentablemente, el sistema no tuvo mucho éxito, a pesar de que permitía brindar más seguimiento, en todos los aspectos, e implementar medidas para ayudar a las personas a desistir: cursos de control de las emociones para prevenir la violencia, atención específica y todo tipo de apoyo necesario, en función de los casos.

El número de personas privadas de libertad se ha reducido de manera drástica, por lo que podemos deducir que no es muy complicado poner fin a la sobrepoblación. Concretamente, este descenso se logró en tres meses, gracias a una voluntad compartida, y, contrariamente a lo que muchos podrían pensar, no se ven hordas de delincuentes en las calles.

Ahora la cuestión es encontrar la manera de continuar esta mejora, ya que algunos establecimientos siguen sobrepoblados. Las alternativas a la privación de libertad ayudarían a evitar que las prisiones se llenen de nuevo con la reanudación de la actividad judicial. Hay que tener en cuenta que las penas de prisión de menos de un año rara vez tienen sentido o razón de ser y, en cambio, sería muy útil hacer un mayor uso de las penas alternativas. Para el seguimiento al final de la pena, existen las mismas herramientas que permiten una liberación gradual y constructiva. En el contexto de la crisis sanitaria, se revisaron las penas de las personas a las que les quedaban dos o tres meses… Es una buena idea; es importante aplicar la libertad vigilada para garantizar el seguimiento de la SPIP al final de la pena. En realidad, se pueden utilizar las mismas herramientas para la libertad condicional como medida alternativa o para el final de la pena. El objetivo es que estas permitan la liberación de las personas y eviten una salida “abrupta”.

SL. Seguí este tema de lejos y no me involucré personalmente como antiguo miembro de la asociación. La Genepi ha notificado el cese de sus intervenciones en prisión, como los talleres y el apoyo académico. El Ministerio de Justicia ha dejado de financiar la asociación y, en términos de resultados, esto es un inmenso desperdicio. No estoy seguro de que hayamos comprendido del todo la magnitud de esta pérdida. La primera asociación en la que la gente piensa cuando se habla de prisión es la Genepi. Muchas personas que se interesan en el tema, jueces de ejecución penal, consejeros del SPIP, voluntarios o empleados de asociaciones han pasado por la Genepi. Personalmente, tengo la impresión de que hay dos canales que despiertan el interés por las prisiones: asistir a las audiencias judiciales y haber cruzado la ruta de la Genepi.

Me parece que no se midió la importancia de esta asociación y, de manera brutal, se rompió un puente entre la sociedad y la prisión.

La misión de la Genepi se centra ahora en sensibilizar e interpelar. Me temo que no se dieron cuenta de que su fortaleza residía en autorizar la entrada de los estudiantes a los establecimientos penitenciarios y permitirles entender la realidad de la prisión por sí mismos. Creo que hemos perdido la mejor herramienta que teníamos a nuestra disposición. La Genepi es una asociación que debe afrontar retos particulares, por ejemplo, la mitad de sus miembros y su junta directiva se renuevan anualmente, lo que hace que su equilibrio sea precario y sea difícil mantener la confianza de los socios, que deben cambiar de interlocutor cada año. La Genepi ha sufrido ciertamente de la falta de continuidad. En esta situación, a decir verdad, no estoy seguro de que la posición “extrema” de la oficina nacional represente la posición de todos sus miembros. Entiendo por qué defienden esta línea radical, pero puede que muchos de los voluntarios que intervienen en prisión y otros que eligen dedicar más tiempo no estén totalmente de acuerdo con ella.

El Estado reaccionó de manera brutal contra la Génépi. Sin embargo, es importante que las asociaciones puedan hacer trabajo de campo y adoptar una postura crítica con respecto a la acción del Estado. Aquí no hay solución: o denunciamos o actuamos. Es una forma de imponer reglas que me parece bastante específica del Ministerio de Justicia. No creo que se le pida a Emaús que cierre todos sus hogares, cada vez que denuncia públicamente la precariedad o las malas condiciones de las viviendas. Las asociaciones pueden hacer ambas cosas, aunque con algunos puntos de vigilancia. Me sorprendió la respuesta acalorada de la administración tanto a nivel local como nacional. Uno de los eslóganes de la asociación que chocó mucho, creo, fue “La prisión mata”. Algunos lo interpretaron como “los guardias son criminales”, y eso no fue lo que se dijo. Sería interesante que el Ministerio de Justicia adoptara una actitud más serena frente a la crítica.