Francia: protección engañosa

Françoise Vergès. Para alguien como yo, que se interesa desde hace mucho tiempo en la huella que ha dejado la esclavitud colonial en el mundo y en el capitalismo, era inevitable plantearme la cuestión de la violencia. Una cuestión que también me he planteado a raíz de los movimientos feministas que denuncian la violencia sistemática contra las mujeres, y tras observar cómo la oleada de violencia no para de aumentar; nada se le escapa: la más mínima porción de tierra, de bosque, de océano, o hasta la más pequeña comunidad están siendo devastadas.

Por ello, me pareció importante abordar la cuestión de la violencia desde un punto de vista estructural, y no centrarme exclusivamente en la violencia de género como un elemento apartado de esta estructura. La violencia es indisociable del capitalismo y del extractivismo; las mujeres son inevitablemente el objetivo principal, es algo inherente a la organización patriarcal extractivista. Si queremos que la violencia cese, no podemos limitarnos a permanecer en un estado de rabia y estupefacción.

Hay que combatir las tres grandes estructuras que, al juntarse, causan tantos estragos: el patriarcado, el capitalismo y el racismo. La legislación y la prisión condenan algunos actos de violencia, algunos delitos. Sin embargo, rara vez se sancionan los crímenes coloniales, los delitos de masa, o los delitos cometidos por las fuerzas armadas.

Las guerras y la presencia militar traen violencia a los seres humanos, pero también a la tierra. Cuando las fuerzas armadas francesas abandonan el país donde han estado en África, dejan tras ellas contaminación, ruina, violaciones y robos. En Vietnam aún se ven las consecuencias del Agente Naranja, aunque la guerra terminó hace mucho tiempo, y Afganistán se está convirtiendo en una tierra llena de minas antipersona.

Además del aspecto visible de la violencia cometida contra las mujeres, también hay otros delitos que las perjudican. La violencia económica afecta a las mujeres en mayor medida: la mayoría trabaja a jornada parcial, están mal remuneradas y tienen un acceso a la sanidad muy dispar. Las enfermedades propias de las mujeres no son prioritarias en términos de investigación: esta se realiza por y para individuos masculinos. La violencia cultural, económica, ecológica y social del día a día afecta especialmente a las mujeres racializadas.

Enviar a los hombres a prisión nunca ha logrado resolver el problema de la violencia, tal y como muestran los estudios. Una de cada dos mujeres es víctima de violencia en Francia, lo que significa que habría que enviar a prácticamente a la mitad de los hombres a prisión. El Estado francés siempre ha priorizado el uso de la prisión y de las fuerzas policiales, mientras que se podrían probar otra suerte de experimentos de justicia restaurativa.

FV. El feminismo sancionador y carcelario ha representado un punto de inflexión en Francia. Su discurso y sus herramientas de protección (prisión, fuerzas policiales, juzgados) exigen nuevas leyes, lo que no ayuda a que las mujeres se sientan más protegidas. Entonces, aparece la discriminación: ¿quién está protegida y quién no? La represión aspira a restaurar el «orden», y confía en el Estado y en la legislación para cambiar la organización social. Pero crear más leyes no siempre es la respuesta. Este giro carcelario recuerda a la mentalidad francesa, que tiende a elegir la legislación por encima de la educación y el trabajo social. El Estado francés no se cuestiona sobre las causas de la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué los hombres violan? ¿Por qué los hombres golpean? ¿Se trata de la verdadera naturaleza masculina, o existen otras razones? ¿Por qué no se le hace frente? El feminismo que elige la represión, el juzgado y las fuerzas policiales en lugar de enfrentarse al patriarcado, al racismo y al capitalismo, se encuentra en un callejón sin salida.

La prisión parece la solución más fácil y más lógica para aquellas personas a quienes no les afecta, pues las políticas de justicia penal solo se dirigen a una parte de la población.

Los hombres poderosos cuentan con la protección de abogados y contactos de los que no disponen los jóvenes negros o árabes de clase obrera. El duro régimen económico y social protege a los hombres poderosos y sus intereses, y refuerza su imagen de “hombres de bien”. La “masculinidad buena” que representan nos protege de la “masculinidad mala” de las calles. Nos dicen: “Nosotros defendemos la igualdad, tratamos bien a nuestras mujeres, nos casamos con artistas, o con mujeres mayores, somos muy abiertos. Los otros no saben comportarse con las mujeres. Son unos retrógrados.” Esta imagen de clases y de razas se alza contra las masculinidades racializadas. Esto se refleja en el pensamiento colonial, que, de hecho, aparece en la literatura¹.

FV. Las ciudades francesas, construidas para hombres burgueses y sanos, son poco hospitalarias con las mujeres. Toda mujer tiene interiorizado que no puede ir sola por la calle a las 4 de la madrugada: sabemos que es peligroso. La ciudad tampoco es muy hospitalaria con los inmigrantes, a los que se les persigue y se les hace vivir en condiciones terribles, ni con las personas de edad avanzada: todo está construido para las personas jóvenes y sanas; tampoco es muy hospitalaria con los niños, con los jóvenes negros y árabes, que saben que no deben acercarse a ciertos barrios. No hay carteles de “prohibido”, como había en los Estados Unidos, pero se sabe.

El aumento de la vigilancia y los controles refuerza la discriminación. La segregación socioespacial de las ciudades construye un entorno hostil para ciertos grupos de personas.

Las ciudades aburguesadas son las más hostiles para las personas sin techo, aunque cada vez haya más. Los sistemas de vigilancia y control eliminan la miseria del alcance de la vista. Los pivotes situados delante de las tiendas evitan que las personas sin hogar se sienten, las barras de metal fijas en los bancos alejan a los que se hubieran tumbado en ellos a dormir. Estas acciones incrementan la inhospitalidad, mientras que hacen la ciudad más agradable para ciertos individuos.

La construcción de ciudades muy limpias, en las que reinará una supuesta seguridad, y en las que las mujeres podrán salir como quieran a practicar jogging, pasear a sus hijos y a sus perros, se reservará a ciertas mujeres de la burguesía blanca. Las personas racializadas y de clase obrera (de etnia gitana, negras y de origen magrebí) no podrán entrar en estas ciudades ecológicas, rodeadas de jardines, atestadas de sistemas de vigilancia, a menos que sean mujeres de la limpieza, cajeras, enfermeras, guardias de seguridad, o recolectores de basura…

La vida burguesa autoriza la entrada a aquellos individuos racializados invisibles que garantizan la comodidad y la seguridad de la clase dominante.

Los sistemas de vigilancia y de control protegen a una clase social específica, y no defienden los derechos de todos, sino los de ciertas personas en concreto. Esta arquitectura urbana refuerza las desigualdades raciales y mantiene a raya a las trabajadoras sexuales, a las personas trans, gais, y a todos aquellos que no encajan en el estándar de «gente de bien». A estas personas, que no tienen cabida en los centros culturales, se les empuja cada vez más lejos de esta ciudad, se les expulsa a lugares abandonados, con agua contaminada, sin jardines ni parques, en los que el transporte es escaso y caro, y solo sirve para ir a trabajar.

Los medios de comunicación se encargan de sembrar un sentimiento de inseguridad: nos enseñan a tener miedo de la gente que vaga por las calles, de los sin techo, de los que están sucios porque no tienen acceso a la higiene de la que nosotros disfrutamos. Todo esto se presenta como una amenaza contra nuestra propia integridad. Poco a poco, como si nada, se nos inculca la idea de que hay que hacer desaparecer a esos individuos, cuya vida no tiene un gran valor. Se les percibe como presencias molestas, y se nos obliga a cuestionarnos sobre el número de personas sin hogar, o las condiciones de vida escandalosas de los inmigrantes. Todos estos razonamientos que se esgrimen en nombre de la seguridad, tienen que desaparecer.