Condenas a muerte¶

Las gran mayoría de las personas condenadas a muerte cometieron homicidio.

En 2009, entró en vigor un sistema de jueces legos (lay judges) en Japón, en el que seis ciudadanos y tres jueces profesionales determinan la culpabilidad y la pena de las personas acusadas de homicidio y otros delitos graves. Por diversas razones este sistema ha generado un aumento del número de condenas a muerte.

En enero de 2020, se conmutó en apelación la pena de muerte de un hombre que sufría de graves problemas mentales al momento de los hechos. Esta es la séptima condena a muerte, dictada por un jurado no profesional, que se ha conmutado desde la introducción del sistema de lay judges.

Ejecuciones¶

Las personas condenadas a muerte son informadas de su ejecución el mismo día, algunas veces al despertar. Las ejecuciones siempre se llevan a cabo por la mañana, alrededor de las 8:30 a.m.

Solo se informa a los familiares y a los medios de comunicación sobre la ejecución, una vez que se ha llevado a cabo. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura señaló que “negarse a notificar por adelantado a los condenados y sus familiares la fecha y hora de la ejecución es una violación evidente de los derechos humanos.”. Esta situación genera un sufrimiento psicológico innecesario.

En 2020, por primera vez desde 2011, no se registró ninguna ejecución en Japón.

Personas condenadas a muerte en espera de su ejecución¶

En 2021, el Japan Innocence & Death Penalty Information Center (JIADEP) afirmó que el 26 % de los condenados a muerte tienen más de 70 años; dos de ellos llevan 40 años en prisión. Según el JIADEP, seis condenados a muerte eran menores de 20 años al momento del delito; ¹ cinco de nacionalidad china y una de nacionalidad malasia. Las personas extranjeras pueden recibir asistencia de sus representantes consulares. El JIADEP indica que, debido a la postura de su país ante la pena de muerte, las personas de nacionalidad china tienen poca probabilidad de contar con acompañamiento diplomático.

La ley japonesa estipula que la ejecución debe llevarse a cabo en un plazo de seis meses después de la confirmación de la sentencia. La larga duración de los procedimientos de apelación explica la diferencia entre la ley y la realidad. En 2021, Amnistía Internacional afirmó que 10 de las 120 personas en espera de ejecución no habían interpuesto todos los recursos existentes; las personas condenadas a muerte son regularmente ejecutadas sin agotar todas sus posibilidades.

Tres condenados a muerte fallecieron en reclusión en 2020.

Indultos y conmutaciones¶

El Gobierno y el Tribunal Superior pueden conceder la conmutación de la pena de muerte.

El Gobierno otorga indultos y conmutaciones de pena con base en la opinión de la National Offenders Rehabilitation Commission. Las personas condenadas a muerte pueden dirigir una solicitud a esta comisión a través del director de su centro penitenciario. En junio de 1975, la pena de muerte de Kenjiro I. se conmutó por cadena perpetua. El Gobierno no ha otorgado ninguna otra conmutación o indulto desde entonces. Por su parte, el Tribunal Superior ha conmutado la pena de muerte de siete personas desde la introducción del sistema de lay judges en 2009.

Las personas condenadas a muerte pueden recibir asistencia jurídica de la Federación de Colegio de Abogados de Japón (Japanese Federation of Bar Associations).

Los interrogatorios llevados a cabo durante la custodia policial pueden durar varias semanas y dar lugar a confesiones forzadas. No obstante, según David T. Johnson, el acceso a la asistencia letrada para las personas acusadas de delitos capitales ha mejorado después de la instauración del sistema de lay judges en 2009.

La defensa de las personas condenadas a muerte se considera de mala calidad y, algunas veces, se califica de “pasiva”. Esta actitud de los abogados se debe a su modesta remuneración y a su voluntad de ser complacientes con el fiscal. Los letrados a menudo no solicitan ninguna producción de pruebas y le dan más importancia a los testimonios escritos que a la comparecencia de testigos durante la audiencia. Además, rara vez aconsejan a sus clientes que ejerzan su derecho de guardar silencio. Desde hace algunos años, los colegios de abogados ofrecen formación a los representantes legales de los condenados a muerte con el objetivo de mejorar su defensa.

Los horarios de las visitas en prisión son los mismos para abogados y familiares. La confidencialidad de la comunicación de los abogados con sus clientes no se garantiza entre la confirmación de la pena por el Tribunal Supremo hasta la aceptación de la demanda de apelación.

Las personas condenadas a muerte no pueden comunicar ni entre ellas ni con otros reclusos. Siete centros penitenciarios cuentan con celdas reservadas para las personas condenas a la pena capital: Sapporo, Sendai, Tokio, Osaka, Hiroshima y Fukuoka. El centro penitenciario de Tokio alberga alrededor de la mitad de esta población carcelaria.

Alojamiento. Los condenados a muerte permanecen en aislamiento en celdas de aproximadamente cinco metros cuadrados (un poco menos de cuatro tatamis). Las ventanas son más pequeñas que las de las demás celdas y dejan entrar muy poca luz natural; además, los barrotes y las rejas reducen el campo de visión. Estas celdas disponen de un lavabo, un sanitario y un escritorio, y las personas solo pueden conservar un número limitado de objetos personales. La mayoría de los centros penitenciarios carecen de calefacción o de un sistema de ventilación.
Las cámaras de seguridad instaladas en las celdas funcionan las veinticuatro horas del día, y los guardias controlan las luces, que se pueden encender únicamente entre las 7:00 a.m. y las 9:00 p.m. La FIDH reportó que “Las luces se mitigan durante la noche, pero nunca hay oscuridad total”. Según Toshio Sakamoto, un antiguo guardia, los condenados a muerte no pueden ver nada a través de las ventanas además del corredor. Tampoco se les permite hablar con nadie y lo único que diferencia un día de otro es la comida que reciben.

Higiene. Las personas condenadas a muerte solo pueden ducharse tres veces por semana en verano, y dos el resto del año. Las duchas no deben exceder los 15 minutos, que incluyen el tiempo para desvestirse y vestirse de nuevo. En teoría, es posible ducharse después de una actividad deportiva, pero en la práctica las duchas no son accesibles todos los días.

Alimentación. Las personas condenadas a muerte reciben tres comidas por día en su celda. Estas comidas varían en cantidad y en calidad. La ley japonesa prevé que “la alimentación básica se componga de un 70 % de arroz y un 30 % de cebada. El valor calórico de los alimentos básicos se estima en función del trabajo asignado al recluso. Los acompañamientos contienen un aporte fijo de 1020 kcal independientemente del trabajo que ejerza la persona.” La administración permite un complemento de 60 yenes ($0,55) para las comidas especiales, como los cumpleaños y días festivos, y uno de 250 yenes ($2,30) para Año Nuevo. La falta de frutas frescas y verduras se derivan en carencias de vitaminas.
Las personas pueden comprar alimentos y productos de primera necesidad en el economato, pero la mayoría de ellas no tiene los recursos suficientes. Si bien, en teoría, las familias pueden llevar comida a sus seres queridos, la FIDH reveló en 2003 que los guardias no lo autorizan.

Actividades y trabajo. Los condenados a muerte pasan la mayoría del tiempo en sus celdas. Se les prohíbe moverse sin la autorización de los guardias y deben permanecer sentados en una posición específica. Desde que despiertan hasta el momento de la inspección nocturna, se les prohíbe hablar, hacer ruido, caminar en su celda y desviar la mirada. Solo salen para bañarse (15 minutos, dos a tres veces por semana), hacer ejercicio (30 minutos, dos a tres veces por semana) y recibir visitas. El único contacto que tienen, fuera de las visitas de sus familiares o abogados, es con los guardias. El área de ejercicio es hormigonada y mide alrededor de 10 m2.; los reclusos no pueden usar zapatos, por lo que caminan descalzos o en calcetines, y pueden jugar con un balón de caucho. Las personas condenadas a muerte no tienen acceso a computadoras o fotocopiadoras, que se utilizan por lo general para preparar los documentos legales necesarios para su defensa. Tampoco se les permite ver la televisión ni emprender una actividad. Se les autoriza a tener tres libros, previa aprobación de la administración, y pueden escuchar la radio, pero no escoger la estación.
Las personas condenadas a la pena capital cuya apelación está pendiente trabajan en las mismas condiciones que los demás reclusos. Pueden realizar tareas de producción (costura, productos de papel, etc.) o prestar servicios generales (cocina, limpieza, lavandería), y pueden ganar hasta 5000 yenes mensuales ($46).

Disciplina. Las jornadas de las personas condenadas a muerte se organizan de la misma forma que las de los demás reclusos. De manera general, la disciplina y las medidas de seguridad son extremadamente restrictivas. Los reclusos deben respetar un cierto modo de caminar, hablar, comer, sentarse y dormir; toda infracción es objeto de sanción.

Las personas condenadas a muerte pueden recibir la visita de capellanes una vez al mes, pero solo bajo la estrecha supervisión del personal penitenciario. La FIDH reportó que a una representante religiosa le prohibieron las visitas tras haberse pronunciado públicamente contra la pena capital.

Las personas condenadas a muerte no pueden hacer ni recibir llamadas telefónicas. Si bien se les permite enviar una carta por día, de máximo siete páginas, su contenido se controla. Si el personal considera que algunas partes de la carta son inapropiadas, el recluso debe reescribirlas o tacharlas. No se restringe la cantidad de cartas recibidas ni los remitentes. Sin embargo, las cartas de apoyo del público general no se distribuyen.

Los reclusos pueden recibir visitas solo una vez a la semana entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., fuera de los horarios de comida. Las visitas duran 20 minutos y se llevan a cabo, en presencia de los guardias, en una sala de cerca de 40 m2, con un dispositivo de separación. Las conversaciones deben tener lugar en un idioma que los guardias entiendan o con la asistencia de un intérprete. Hasta 2008, solo se autorizaban las visitas a tres miembros de la familia cercana y se prohibían las de amigos y periodistas. Aun así, muy pocas autorizaciones se han otorgado después de esta fecha.

Amnistía Internacional reportó que “muchos familiares abandonan a sus parientes en tales circunstancias por la vergüenza que les produce tener a un miembro de su familia condenado a muerte o porque no pueden soportar el estrés que conlleva mantener la relación”. La persona condenada a muerte no puede recibir visitas entre el anuncio de la fecha de su ejecución y su realización. Las familias temen vivir la situación por la que pasó la madre de Kimura S.: cuando la mujer fue a visitar a su hijo en la mañana del 21 de diciembre de 1995, los guardias le informaron que la sala de visitas no estaba disponible y le pidieron regresar a mediodía. A su regreso a la prisión, le preguntaron si deseaba recuperar los restos de su hijo.

El cuerpo de la persona ejecutada es incinerado según la tradición japonesa. Las cenizas se entregan a su familia, si lo solicitan; en caso contrario, son dispersadas.

Los condenados a la pena de muerte deben realizarse exámenes médicos con regularidad. La FIDH informa que estos exámenes, al igual que otros servicios de salud (oftalmológicos, dentales, etc.), corren por cuenta de los condenados, quienes rara vez pueden costear estos gastos. Las personas privadas de libertad sufren con frecuencia de caries, enfermedades periodontales y problemas de la vista, causados por las condiciones de reclusión (falta de ejercicio, vitaminas, tratamiento médico, etc.). Además, los largos periodos de inmovilización que se les imponen, suelen provocarles dolores de espalda.

La atención sanitaria está a cargo de médicos, enfermeros y de los denominados “cuasienfermeros” (quasi-nurse), que son guardias que han completado una formación básica en enfermería. Estos últimos reportan a los médicos los problemas de salud de los reclusos para que los examinen y le den el tratamiento necesario.

El traslado de un condenado a un hospital exterior depende de la decisión del jefe del centro penitenciario. Las solicitudes de traslado rara vez se aceptan, y muchos decesos se han registrado por falta de atención sanitaria.

La salud mental de las personas condenadas a muerte suele deteriorarse progresivamente. Sin embargo, pocas veces se recurre a profesionales independientes para realizar una evaluación de su estado mental. Los resultados de estas evaluaciones, si existen, permanecen en poder de las autoridades judiciales y no se comunican a los abogados. En los años 2003, 2007 y 2008 muchas personas que sufrían de graves problemas mentales fueron ejecutadas.

Es muy difícil obtener información acerca de la salud de los reclusos debido al aislamiento al que se les somete, al secretismo en torno a las condiciones de vida en prisión y a la falta de control independiente.

• El sitio web del Japan Innocence and Death Penalty Information Center (JIADEP). (en inglés)
• The Japan Innocence and Death Penalty Information Center, List of defendants who are under sentence of death in Japan. (en inglés)
• David T. Johnson, The Culture of Capital Punishment in Japan, 2020. (de acceso libre en inglés)
• ACAT France, En attendant l’exécution. Vivre dans les couloirs de la mort, 2018. (en francés)
• Prison Insider, Japón: privación de la libertad, privación de la humanidad, 2019.
• Prison Insider, Japón: “un destino de encierro y soledad”, 2019.
• Prison Insider, Japón: el tiempo es oro, 2019.
• Prison Insider, Japón: congelado en el tiempo, 2018.
• Le Point, Japon : la peine capitale cruelle aussi pour les gardiens de prison, 2018. (en francés)
• Japan Today, A look at life on death row in Japan, 2014. (en inglés)
• Amnistía Internacional, Japan: briefing to the UN Committee against torture, 2013. (en inglés)
• Comité contra la Tortura, Observaciones finales sobre el segundo informe periódico del Japón aprobadas por el Comité en su 50° periodo de sesiones, 2013.
• The Death Penalty Project, The Death Penalty in Japan: A Report on Japan’s legal obligations under the ICCPR and an assessment of public attitudes to capital punishment, 2013. (en inglés)
• Elizabeth M. Sher, Death Penalty Sentencing in Japan under the Lay Assessor System: Avoiding the Avoidable Through Unanimity, 2011. (en inglés)
• Amnistía Internacional, Hanging by a thread: mental health and the death penalty in Japan, 2009. (en inglés)
• Mother Jones, The Death Penalty in Japan, 2006. (en inglés)
• FIDH, The death penalty in Japan: A practice unworthy of a democracy, 2003. (en inglés)