Condenas a muerte¶

La ley mauritana prohíbe la pena de muerte para los menores de 16 años. Aquellos entre los 16 y 18 años (mayoría de edad) pueden ser condenados a muerte.

La legislación prevé la pena capital por “delitos de homosexualidad”. Desde 2018, una reforma del Código Penal introdujo la pena de muerte obligatoria en los casos de apostasía y blasfemia.
Aunque no existen datos precisos sobre la proporción de personas condenadas a muerte por tipo de infracción, la mayoría de las condenas se dictan por homicidio intencional, robo a mano armada, violación, infanticidio o adulterio.

Ejecuciones¶

Mauritania aplica una moratoria sobre las ejecuciones. Las últimas fueron ordenadas en 1982, por un órgano jurisdiccional civil, y en 1987, por un tribunal militar.

Personas condenadas a muerte en espera de su ejecución¶

El número de condenados a muerte en las prisiones del país pasó de 77 en 2016 a más de 123 en 2020. Entre ellos, hay dos mujeres: una por complicidad de asesinato y la otra, por homicidio intencional. Un hombre y una mujer han sido condenados a muerte por delitos cometidos cuando eran menores. Se desconoce la cifra exacta de extranjeros condenados a muerte en la actualidad. En 2010, seis extranjeros, de nacionalidad nigeriana, guineana y gambiana, estaban condenados a la pena capital en las prisiones mauritanas. Dos personas de nacionalidad extranjera, una de la Guinea-Bissau y la otra, de Mali, se contabilizaron en la misión de investigación de la organización ECPM en 2017.

Indultos y conmutaciones¶

El presidente de la República tiene potestad para conceder indultos, rebajas de pena o conmutaciones. Una mujer condenada a muerte obtuvo el indulto en marzo de 2016. Se desconoce el número total de peticiones y de indultos aprobados.

En teoría, las personas privadas de libertad pueden ”tener acceso a un abogado desde su ingreso en prisión o recibir la asistencia de una persona de su elección y, cuando sea necesario, beneficiar rápidamente de una asesoría jurídica gratuita” (ley de 2015 relativa a la lucha contra la tortura). En la práctica, esta disposición se aplica muy poco, sobre todo, a causa de su desconocimiento por parte de la Policía y de la indisponibilidad de los abogados. La misión de investigación de la organización ECPM indicó que:“Debido a la falta de una lista de los abogados que brindan asistencia jurídica y de los escasos fondos para hacerla efectiva, los reclusos indigentes que se enfrentan a la pena de muerte son víctimas de una doble discriminación”. Por lo general, los defensores públicos se notifican a último momento antes del juicio, lo que dificulta la defensa efectiva. Varios abogados mauritanos afirmaron que la mayoría de las personas solo tienen acceso a la asistencia letrada después de haber sido condenadas a la pena de muerte en primera instancia.

Las complicaciones procesales son habituales durante la fase de instrucción y el juicio. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas considera que esto puede constituir un trato cruel, inhumano y degradante, si el procedimiento desemboca en una condena a muerte.

La figura del juez de ejecución penal no existe en el sistema de Justicia del país, por lo que no se asegura el debido seguimiento de los reclusos. Además, esto reduce, de manera considerable, la posibilidad para los condenados a muerte de interponer recursos y de informarse sobre el régimen de reclusión que se les aplica.

Si bien la ley prevé que los condenados a muerte puedan entrevistarse con sus abogados sin limitación de frecuencia, las visitas requieren la previa autorización del tribunal y se llevan a cabo en presencia de un guardia “cuya única misión será hacer respetar las reglas de seguridad”. No se garantiza la confidencialidad de las conversaciones entre el abogado y su cliente debido a la ausencia de un lugar apropiado para las visitas y a la presencia del personal penitenciario.

Los abogados ejercen, en gran medida, en la capital (90 %). Los condenados a muerte, encarcelados, sobre todo, al exterior de Nuakchot, tienen muy poco acceso a la asistencia jurídica gratuita prevista por la ley. Una abogada declara que: ”La mayoría de las personas condenadas a muerte en primera instancia son trasladadas a la prisión de Bir Moghreïn y que una vez allí es casi imposible preparar un recurso con su abogado”.

“Puedo visitar a mis clientes en todo Mauritania, salvo en Bir Moghreïn, (…) a causa de la distancia (hay que contar de cinco a seis días para visitar a un cliente recluido en esta prisión) y del coste económico que representa (…) Cuesta entre 400 y 450 euros alquilar un coche para este tipo de viaje, sin contar la gasolina, el hospedaje, la comida, etc.”

- Una abogada que representa a personas condenadas a muerte.¶

Nordine Drici mencionó otros de los factores que obstaculizan el acceso a la asistencia letrada: “Debido a la sensibilidad política y social que rodea el tema de la pena de muerte en Mauritania, son pocos los abogados que aceptan casos de delitos capitales”; los que lo hacen reciben amenazas e intimidaciones. Uno de ellos declaró que: “los sermones (khutba) de la plegaria del viernes se utilizan a veces para denigrar la acción de los abogados que defienden a los condenados a muerte”.

La ley prevé el acceso a un intérprete durante el procedimiento penal, en caso de ser necesario. La misión de investigación de la organización ECPM reveló que esta disposición apenas se respeta. Un intérprete declaró: “El nivel de interpretación es bastante bajo, en general, salvo algunas excepciones, y no existe una formación en Mauritania de experto judicial en idiomas. La asistencia de un intérprete rara vez se garantiza en Nuakchot, y casi nunca en las otras provincias del país, lo que sin duda hace que esta salvaguardia jurídica sea más bien virtual”.

Mujeres¶

Las condenadas a muerte se alojan en la prisión femenina de Nuakchot con otras preventivas y penadas. En 2018, 33 mujeres estaban recluidas en este centro que cuenta con 40 plazas. Su bajo índice de ocupación permite a las asociaciones de la sociedad civil organizar actividades con mayor facilidad.

Una mujer condenada a muerte declaró: “Las primeras semanas fueron muy difíciles, no tenía acceso a casi nada; los guardias nacionales me insultaban. Sin embargo, rápidamente me convertí en la jefa del patio, la representante de las mujeres, así que me respetaban un poco más”. La mujer que pasó seis años en prisión antes de obtener el indulto, afirmó haber tenido, al contrario que los hombres, la posibilidad de ducharse y lavar su ropa con regularidad. También declaró haber sido trasladada en varias ocasiones al hospital para realizar exámenes específicos y haber consultado un médico dos veces durante su reclusión.

Extranjeros¶

Las condiciones de vida de los extranjeros condenados a muerte son las mismas que las de los nacionales. El aislamiento geográfico de la prisión de Bir Moghreïn, en la que suelen alojarse, dificulta el mantenimiento de los vínculos familiares y los hace más vulnerables. La misión de investigación de ECPM señaló que: “Los extranjeros condenados a muerte se encuentran en una situación particularmente difícil, ya que casi nunca se informa a las autoridades consulares sobre la condena de uno de sus ciudadanos, incluso cuando se trata de la pena de muerte”.

En principio, la ley prevé la asistencia de un intérprete en cada una de las etapas del procedimiento penal. Sin embargo, un intérprete declaró que, tanto para los condenados a muerte como para las minorías lingüísticas del país, “el acceso a un intérprete en el marco de los procedimientos judiciales es muy poco común en Nuakchot y casi inexistente en las otras provincias del país”. Una mujer declaró: “fui condenada a muerte. No pude entender la audiencia, ya que se llevó a cabo en hassanía, un idioma que no hablo”.

Las personas condenadas a muerte deben, según la ley, ”alojarse en una celda específica y ser objeto de una vigilancia permanente para evitar cualquier intento de evasión o de suicidio”. En la práctica, dicha disposición no se aplica, y estas personas conviven con el resto de la población carcelaria (preventivos y penados).

En enero de 2017, la prisión de Dar Naïm, con una capacidad para 350 personas, acogía a 866. En 2016, la administración abrió Bir Moghreïn con el objetivo de hacer frente a la sobrepoblación carcelaria. La mayoría de los condenados a muerte recluidos en Dar Naïm se trasladaron al nuevo centro para atenuar las dificultades de los establecimientos de la capital y de la región. Hoy en día, más del 80 % de los condenados a muerte se encuentra en Bir Moghreïn, una prisión situada en el desierto, a más de mil kilómetros de Nuakchot. Para acceder a ella, las personas deben movilizar considerables recursos materiales y financieros, y viajar por varios días en una región en la que el “contexto de seguridad es complicado”.

En virtud del decreto del 23 de mayo de 1970, se creó una comisión de control para evaluar las condiciones de reclusión de todas las personas privadas de libertad (higiene, seguridad, régimen alimentario, servicio sanitario, trabajo) y verificar el cumplimiento de la normativa en los centros penitenciarios. La misión de investigación de ECPM afirmó que: ”La falta de personal, así como de recursos financieros y materiales reduce de manera considerable la eficacia de dicha comisión y hace que su acción sea simplemente anecdótica”.

Alojamiento. Si bien la ley prevé alojar a las personas condenadas a muerte en celdas individuales, la sobrepoblación carcelaria no permite aplicar esta disposición. En la prisión de Dar Naïm, las puertas de las celdas de se dejan abiertas todo el día para facilitar la ventilación.
Los reclusos organizan la repartición de las celdas en función de su origen étnico.

Higiene. La administración penitenciaria debe suministrar a los reclusos, sea cual sea su pena, los medios necesarios para garantizar unas condiciones de higiene adecuadas. En 2018, durante sus visitas a varios centros penitenciarios, Nordine Drici observó que existían numerosas dificultades, sobre todo, en lo que respecta el acceso al agua. Las instalaciones sanitarias resultan insuficientes debido al hacinamiento que persiste en muchos de los centros. Una persona condenada a muerte afirmó haber pasado unos tres meses sin poder ducharse ni cambiarse de ropa.

Alimentación. En 2017, la administración asignaba menos de un dólar diario a la alimentación y a la higiene de cada recluso; un presupuesto que no se ha revisado desde hace más de diez años. Solo unas cuantas personas reciben un complemento alimentario durante las pocas visitas de sus allegados.

Actividades y trabajo. La ley prevé que las personas privadas de libertad pasen al menos dos horas diarias al aire libre. En la práctica, esta salida se reduce a una hora para las personas sujetas a sanciones. Los condenados a muerte tienen prohibido trabajar, pero se les permite “fumar, leer y escribir sin restricción”. La misión de investigación de ECPM señaló que el interior de las prisiones permanece relativamente abierto y que las personas condenadas a la pena capital pueden circular fácilmente. Sin embargo, no se les permite utilizar las instalaciones deportivas ni participar en las actividades organizadas, y se restringe su acceso a la formación. Tales restricciones se deben al escaso presupuesto de la administración, que delega la mayor parte de estas acciones a las asociaciones. La distancia de la prisión de Bir Moghreïn añade una dificultad suplementaria a su labor.

La ley autoriza a los condenados a muerte a recibir, sin restricciones en términos de frecuencia, la visita de un capellán. Sin embargo, el acompañamiento espiritual de estas personas es, en realidad, inexistente y los mismos reclusos se encargan de organizar su práctica religiosa.

Por ley, las personas condenadas a muerte tienen el mismo derecho al mantenimiento de los vínculos familiares que los reclusos preventivos. No obstante, para los que se encuentran en la remota prisión de Bir Moghreïn es casi imposible ejercer tal derecho. La proximidad de las familias no se toma en consideración a la hora de trasladar los reclusos a este centro.

Los condenados pueden recibir visitas de “sus parientes más cercanos”, dos veces por semana en los días predeterminados por la administración. La Dirección de Asuntos Penales y de la administración penitenciaria pueden conceder permisos excepcionales de visita. Asimismo, los allegados pueden enviar libros, comida o medicamentos a la prisión, siempre y cuando figuren en la lista de artículos autorizados por la administración.

La supervisión de la comunicación entre los condenados a muerte y sus allegados depende de las medidas de seguridad de cada centro. A raíz de un incidente en la prisión de Nuakchot, se impusieron medidas de seguridad adicionales a los salafistas condenados a muerte: las visitas se llevan a cabo a través de una reja y se prohíbe el contacto físico.

La administración se puede incautar de la correspondencia de los reclusos.

La administración y la autoridad local de sanidad son responsables de la prevención y la lucha contra las enfermedades y epidemias en prisión.

Ninguno de los condenados a muerte interrogados en el marco de la misión de investigación benefició de una visita médica a su llegada a prisión. Esta falta de atención impide la detección de enfermedades potencialmente contagiosas y de problemas mentales.

La misión de ECPM confirmó que las enfermerías tienen pocos recursos. Además, existen problemas técnicos, como las averías en los vehículos de traslado, lo que retrasa el acceso a la atención médica durante a veces varios meses. Cada año se registran varios decesos en las prisiones mauritanas por problemas de salud.

• Nordine Drici, Mauritanie : le bagne au pays des sables, ECPM, 2019. (en francés)
• Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, Base de datos sobre la Mauritania. (en inglés)
• Prison Insider, Mauritania: de la pena de muerte al indulto, 2019.
• Prison Insider, Mauritania: las prisiones cambian, los problemas no, 2018.
• Amnistía Internacional, El bloguero mauritano Mohamed Mkhaïtir cuenta cómo fueron sus primeros días en la cárcel, 2019.
• RFI, Mauritanie : rapport sur la peine de mort, “un bagne au pays des sables”, 2019. (Pódcast en francés)
• La Croix, Dans les prisons de Mauritanie, le calvaire d’un apostat, 2019. (en francés)
• Alkarama, Mauritanie : condamnation à mort d’un ressortissant malien à la suite d’un procès inéquitable, 2016. (en francés)