Nepal: Doble prisión

El grito de ayuda de los defensores de derechos humanos

En Nepal, las violaciones a los derechos humanos son pan de cada día, en particular, desde la guerra civil¹. Y a pesar de que el conflicto armado ha terminado, los abusos no cesan. La situación sanitaria de las prisiones se considera inhumana; el sistema penitenciario aloja a 25 400 personas en 15 400 celdas. Los actores de la sociedad civil han manifestado su inquietud y han intentado alzar sus voces.

Om Prakash Sen Thakuri es el director ejecutivo de Advocacy Forum Nepal, una organización que proporciona asistencia legal, médica y psicológica a las personas privadas de libertad víctimas de abuso. Advocacy Forum ha documentado varios casos de violación de los derechos humanos y ha publicado informes sobre los malos tratos en prisión.

El conflicto armado tuvo lugar entre 1996 y 2006. En 2001, tras el asesinato de la familia real, un periodo de inestabilidad política, económica y social azotó el país. ↩

En un clima de violencia total, los reclusos son objeto de explotación sexual y trabajo forzoso; una situación que los condena a una doble prisión.

Renaud, un hombre originario de Francia encarcelado en Nepal, habla sobre el sistema de jerarquía de los chaukidars y los naike.

Leer el testimonio

Prison Insider. ¿Podría describir la realidad de las prisiones nepalesas?

Om Prakash Sen Thakuri. La seguridad de las prisiones, que está en manos de los chaukidars(“guardias” en nepalí), es sumamente preocupante. Los Chaukidars tienen el apoyo de los naike y de los bhai naike (“líderes” en nepalí). Cada naike se encarga de unas 25 a 30 prisiones y cada bhai naike de unas diez. Estos guardias oficiosos son los únicos autorizados a salir de prisión para comprar medicamentos o comida, que luego venden a un alto precio a los demás reclusos. Algunos informes han revelado que los chaukidars organizan apuestas ilegales. Los reclusos que se rebelan o que no pagan sus deudas corren el riesgo de sufrir torturas, por lo que a veces deben pedir dinero a sus familiares. Una parte de las ganancias que generan los chaukidars y los naike se distribuye a los guardias para que pasen por alto las violaciones de los derechos humanos que se cometen en prisión. En un clima de violencia total, los reclusos son objeto de explotación sexual y trabajo forzoso; una situación que los condena a una doble prisión.

Ni los abogados ni los defensores de derechos humanos tienen autorización para entrar en prisión. Solo se permite el ingreso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) y de la Fiscalía General, pero estas entidades casi nunca visitan los centros penitenciarios

Las muertes sospechosas dentro de los centros penitenciarios son habituales.En la prisión de Morang, por ejemplo, 18 personas perdieron la vida en extrañas circunstancias entre julio de 2020 y noviembre de 2021. A todos los familiares les informaron que la muerte se dio por causa natural, y ni la Policía ni la administración penitenciaria llevaron a cabo una investigación. El caso de esta prisión pone de relieve los malos tratos y la falta de transparencia de la administración.

PI. ¿Además de la seguridad, a qué otros problemas se enfrenta el sistema penitenciario?

OPST. Tras los numerosos decesos que se presentaron en 2021, Advocacy Forum decidió llevar a cabo su propia investigación sobre la prisión de Morang. Sin embargo, debido a la prohibición del acceso, hemos tenido que recurrir a periodistas y a familiares de reclusos para obtener información y poder hacernos una idea de la situación. Las conclusiones de nuestra investigación son terribles, sobre todo en lo que respecta las condiciones sanitarias. Hemos descubierto que el herpes rojo, una enfermedad de la piel que provoca comezón y hormigueo, se ha extendido entre los reclusos. El contagio se ha acelerado debido a la pésima calidad del agua y al hacinamiento. La prisión, que tiene una capacidad para 250 personas, aloja a unas 900, de las cuales 200 están infectadas. Esta enfermedad es sumamente contagiosa, y las personas deberían alojarse en celdas individuales. Sin embargo, esto no es posible debido a la sobrepoblación. La situación es verdaderamente alarmante.

Por desgracia, la prisión de Morang no es la excepción. En realidad, las 75 prisiones del país son instalaciones vetustas y sobrepobladas.

Además de la falta de acceso al agua y a la atención sanitaria, también hay problemas de desnutrición; los reclusos casi nunca pueden ver a un médico y solo los casos más graves se trasladan al hospital. Muchos de los familiares han informado que las instalaciones no tienen un buen sistema de saneamiento ni de ventilación. En ocasiones, los reclusos deben esperar mucho tiempo para tener un lugar donde dormir o poder usar las instalaciones sanitarias.

Modernizar la infraestructura de las prisiones para mejorar las condiciones de reclusión es tarea del Gobierno.

PI: ¿Qué medidas cree que deberían adoptarse para mejorar la situación?

OPST. El sistema penitenciario no despierta el interés del Gobierno, a pesar de que necesita una reforma urgente. Se necesitan nuevas leyes, infraestructuras modernas que permitan mejorar el suministro de agua, instalaciones para la atención sanitaria, el asesoramiento jurídico y el apoyo psicológico, etc. Modernizar la infraestructura de las prisiones para mejorar las condiciones de reclusión es tarea del Gobierno. La administración penitenciaria debe mostrarse más transparente y permitir las visitas de control y la publicación de los informes de las autoridades competentes.

Las pocas organizaciones humanitarias que trabajan en temas relativos a la prisión llevan mucho tiempo tratando de concienciar a las autoridades sobre la situación. Por desgracia, el Gobierno hace oídos sordos y la administración penitenciaria, que no se siente responsable, afirma que está haciendo todo lo que puede. En otras palabras, es un eterno círculo vicioso. Las personas privadas de libertad están relegadas al olvido y no tienen posibilidad de entablar demandas para buscar reparación.

Las recomendaciones del Tribunal Supremo y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) no se han implementado. La NHRC emitió más de 1000 sugerencias al Gobierno, de las cuales solo se aprobó un 10 %. Con la esperanza de que algún día se reforme el sistema penitenciario, debemos exigir al Gobierno que rinda cuentas por su falta de acción.

Entrevista realizada por Camille Laassiri, Marion Devesa y Clothilde Reix

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