Condenas a muerte¶

Las autoridades, que no publican ningún dato oficial sobre la aplicación de la pena de muerte, informaron al Comité de Derechos Humanos que 27 personas fueron condenadas a muerte entre 2006 y 2017. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil afirman que estas cifras están muy alejadas de la realidad. Amnistía Internacional, por ejemplo, documentó más de 268 condenas entre 2006 y 2017 y más de 156 entre 2016 y 2019.

Las mujeres embarazadas pueden ser condenadas a muerte, pero la ejecución se pospone para después del parto. Los menores ya no pueden ser condenados a muerte, pero hasta 2002 podían ser juzgados y condenados a muerte por un tribunal militar.

Los motivos de condena a muerte más frecuentes en los casos identificados son: asociación ilícita (48%), homicidio voluntario (45%), robo a mano armada (29%), participación en un movimiento insurreccional (12%) y extorsión (9%). En 2017, las autoridades indicaron que las jurisdicciones militares pronunciaron la mayoría de las condenas por homicidio intencional premeditado (“assassinat” según la denominación francesa), rebelión, crimen contra la humanidad y crimen de guerra.

Ejecuciones¶

El país mantiene una moratoria de hecho desde las últimas ejecuciones en enero de 2003.

Personas condenadas a muerte en espera de su ejecución¶

Las organizaciones de la sociedad civil estimaban que, hasta 2019, entre 250 y 300 personas estaban detenidas a la espera de su ejecución. En 2019, tras su visita a unas quince prisiones del país, Carole Berrih y Liévin Ngondji señalaron haber identificado a 510 personas condenadas a muerte. Sin embargo, esta cifra podría ser más alta, ya que el país cuenta con más de 80 centros penitenciarios.

Al menos cinco de las personas condenadas a la pena capital eran menores al momento de los hechos reprochados, cuatro entre 2011 y 2018 y un niño soldado en 2002. La fecha de nacimiento no siempre figura en los expedientes.

Unas veinte personas eran de nacionalidad burundesa, ugandesa, tanzana, ruandesa, eritrea y belga.

Este mismo informe indica que el 44 % de las personas interrogadas en el marco de la misión de investigación fueron condenadas a muerte en el curso de los últimos cinco años. De entre ellas, el 23 % ha pasado entre 6 y 10 años en prisión, el 17 % entre 11 y 15 años, y el 16 % más de 16 años.

Amnistía Internacional informó que al menos 48 personas estaban a la espera de su ejecución en 2019 y 67 en 2020. Estas cifras no son exhaustivas y comprenden solo los casos que han llegado a su conocimiento, por lo que es posible que no reflejen la realidad.

Indultos y conmutaciones¶

El presidente de la República tiene la potestad de conceder indultos. Desde 2009, se ha hecho uso de este derecho en diversas ocasiones. Algunas personas indultadas han afirmado que la administración penitenciaria les exigió una suma de de dinero para aplicar efectivamente la decisión; varias han revelado que otros reclusos habrían sido liberados en su lugar. Una de ellas declaró: “Liberaron a otra persona en mi lugar. Las autoridades desviaron mi posibilidad en beneficio de una persona de los M23 (movimiento rebelde activo del este de la República Democrática del Congo, ndlr.) A menudo sucede esto.”

En junio de 2020, el presidente firmó una ordenanza para conmutar la pena capital por cadena perpetua (servitude penale). Las personas condenadas por crímenes contra la humanidad, contra la seguridad del Estado, por violencia sexual, desviación de fondos públicos, corrupción, homicidio voluntario con premeditación, robo a mano armada, asociación ilícita y tenencia de armas de guerra no pueden beneficiarse de esta medida. A finales de 2020, Amnistía Internacional confirmó la conmutación de la pena de dos personas.

La Constitución prevé la posibilidad de obtener asistencia jurídica en todas las etapas del proceso penal. Sin embargo, la presencia de un abogado solo es obligatoria durante las audiencias y el juicio, y las personas imputadas no suelen tener asistencia letrada en las etapas previas. Las personas pasibles de pena de muerte raramente recurren a un abogado durante la custodia policial y la investigación, ya sea por falta de recursos económicos, de contactos o por desconocimiento de sus derechos. Ciertas personas afirmaron que las fuerzas del orden se negaron a autorizar la asistencia letrada que habían solicitado. La asistencia jurídica durante las audiencias se considera de baja calidad debido a la falta de experiencia de algunos abogados de oficio. Varias personas condenadas a muerte denunciaron la falta de independencia entre sus abogados y el tribunal o la parte civil; otras indicaron que el abogado de oficio les había pedido dinero: “El abogado se presentó a la primera audiencia y cuando se dio cuenta de que no le podía pagar, se fue.” Un porcentaje elevado de personas acusadas de delitos capitales comparecen sin abogado. Es el caso del 34 % de las personas interrogadas en el marco de la misión de investigación de la organización ECPM en 2019.

La legislación prevé el acceso a un intérprete durante las audiencias y el juicio. En la práctica, su presencia se deja a consideración de las autoridades. Las personas condenadas manifestaron que el idioma hablado o la calidad de la interpretación no les permitía comprender las audiencias. Otras han señalado que por falta de intérprete, su abogado, los secretarios del tribunal o incluso los demandantes debieron explicarles el proceso.

La mayoría de los condenados a muerte reveló que se les exige una suma de dinero a cambio de una sentencia favorable. Una persona condenada en 2017 afirmó que el tribunal le exigía 3000 dólares americanos para reducir la severidad de su pena. El origen étnico influencia igualmente las decisiones del tribunal; un condenado a muerte hutu declaró: “Los jueces comenzaron a sesgar el proceso por motivos tribales diciendo que nosotros, los hutus, éramos asesinos. Yo me quedé callado, pero el hecho de ser hutu perjudicó mi caso. En cambio, las personas con las que supuestamente habíamos cometidos los delitos, quedaron en libertad”.

Los tribunales militares pronuncian con frecuencia la pena de muerte contra personas civiles, en violación a las normas internacionales y regionales relativas al derecho a un juicio justo. Este es el caso del 35 % de las personas interrogadas en el marco de la misión de investigación de la organización ECPM. Algunas condenas a muerte se han impuesto tras un proceso penal expeditivo y otras, sin ningún proceso. Una persona declaró haber sido condenada a muerte 48 horas después de su arresto en el año 2019.

“Nunca comparecí ante un juez. Los militares me arrestaron y me enviaron directamente a prisión. Un día me trajeron unos papeles para firmar y luego me dijeron que estaba condenado a muerte.”

— Una persona condenada a muerte en 2018 por un tribunal militar.¶

Si bien el acceso automático a las vías de recurso para los condenados a muerte es legalmente obligatorio, en la práctica, este es limitado. Los acusados suelen desconocer este derecho, se les exigen sumas de dinero ilegalmente para iniciar los trámites o se les traslada poco después de pronunciar su condena. Algunas personas afirmaron que a pesar de haber iniciado el procedimiento y haber pagado la suma exigida, nunca recibieron una convocación, ya que se les había trasladado a una prisión muy alejada. Ciertas personas manifestaron que pese a haber obtenido una conmutación de su pena en diez o veinte años de prisión, vía apelación, jamás recibieron los documentos oficiales y todavía se les considera como condenados a muerte.

Mujeres¶

Las condiciones de reclusión de las mujeres condenadas a muerte son similares a las de los hombres; no se les suministra ropa de cama apropiada y sus celdas están sobrepobladas. Una mujer recluida en la prisión de Ndolo declaró: “En mi celda, supuestamente individual, somos tres adultos y mi bebé. Tenemos que dormir en colchones en el suelo y sin sábanas.”

Extranjeros¶

A menudo, las personas extranjeras condenadas a muerte tienen dificultades para acceder a un abogado o a un intérprete. Una persona de nacionalidad tanzana declaró que se le había asignado un intérprete que hablaba swahili congolés, que es diferente al swahili tanzano. Las autoridades consulares no suelen brindar apoyo a las personas condenadas a muerte. La mayoría, a excepción de las personas de nacionalidad tanzana, afirma no haber tenido ningún contacto con los representantes consulares de su país.

En la mayoría de las prisiones, las personas condenadas a muerte comparten las celdas con el resto de la población carcelaria. Debido a la sobrepoblación y a la escasez de recursos, la gestión de las prisiones se confía a los reclusos, que mantienen una organización social jerarquizada de carácter informal denominada “capita”. Estos reclusos, que ejercen un notable control sobre los demás, aseguran el mantenimiento del orden, el acceso a ciertos recursos, y la asignación de las celdas y de los sitios para dormir. Los miembros del grupo del capita de la prisión de Angenga, donde se encuentran detenidos más de la mitad de los condenados a muerte, llevan uniformes y tienen mayor libertad para desplazarse dentro de las instalaciones. La gran mayoría de los condenados a muerte no forma parte de dicho grupo.

En la mayor parte de los casos, las personas condenadas a muerte permanecen en régimen de reclusión ordinario.

Alojamiento. Las sobrepoblación carcelaria es un problema endémico. Algunas celdas de la prisión de Goma albergan a más de 200 personas. Las prisiones de Osio y de Luzumu, menos sobrepobladas, alojan a una o dos personas por celda.
Los lugares para dormir se asignan en función de los recursos financieros, del rango en la jerarquía y de la notoriedad de la persona detenida en la prisión. De este modo, la mayoría de las personas condenadas a muerte se ven obligadas a dormir fuera de las celdas.

En la prisión de Buluwo, el número de personas en cada celda se fija según el “rango” en la jerarquía de la prisión. Aquellas que tienen un papel importante ocupan celdas “individuales” en grupos de cuatro. Los demás viven en grupos de once en cada celda. En algunos centros penitenciarios, las personas deben pagar para acceder a una celda, de lo contrario, deben dormir fuera. También tienen que pagar para tener un colchón o tienen que procurárselo desde el exterior. La mayoría de ellos duermen sobre esteras, cartones, sacos rellenos de hojas o inclusive en el suelo.
La prisión de Luzumu, que se restauró y se reabrió en 2019, es la única prisión en la que las personas condenadas a muerte afirman tener buenas condiciones para dormir. Cada recluso dispone de una cama y de un colchón en buen estado.

Higiene. El número de instalaciones sanitarias es insuficiente. En la prisión de Buluwo, hay seis sanitarios funcionales para 600 reclusos y, en la prisión de Goma, tres para 500. La mayoría de ellos hacen sus necesidades en los conductos de agua, las duchas o en cubos plásticos. Muchos centros penitenciarios presentan dificultades de aprovisionamiento de agua; los reclusos utilizan agua de lluvia o sacan agua de los ríos. Las personas privadas de libertad en la prisión de Angenga disponen de dos litros de agua por día para bañarse, lavar su ropa y cocinar. Algunos de ellos compran agua a los lugareños. Una persona declaró haber esperado tres semanas para poder bañarse.
En la prisión de Luzumu, el acceso al agua, a los sanitarios y a las duchas se considera suficiente.

Alimentación. La administración penitenciaria suministra a las personas privadas de libertad una comida diaria. La mayoría de los reclusos pasa hambre, a excepción de los de Luzumu y algunos de la prisión militar de Ndolo. La comida se compone de fufu (bolas de masa a base de harinas o tubérculos hervidos y triturados), hojas de mandioca, alubias o maíz, y no contiene carne ni pescado. Algunos reclusos obtienen comida suplementaria mediante las visitas. Aquellos cuyos allegados viven en las proximidades de la prisión gozan de una mejor calidad de vida.

Actividades y trabajo. La mayoría de los reclusos sale de sus celdas durante el día. En la prisión de Ndolo, solo se les autoriza a salir por dos horas diarias.
El acceso a las actividades es sumamente limitado; las bibliotescas no funcionan y los campos de fútbol no se utilizan por temor a las fugas. Sin embargo, unas cuantas prisiones proponen actividades: los reclusos de la prisión de Kasapa, por ejemplo, tienen acceso a algunas formaciones profesionales, y los de la prisión de Osio hacen artesanías, jardinería y participan en un coro.
En la prisión de Angenga, el derecho para desplazarse por las instalaciones y acceder a las actividades se otorga en funcion del origen étnico de las personas y no de sus penas. Algunos de ellos realizan pequeños trabajos y actividades deporitvas o pasatiempos. Los miembros de ciertas tribus del este del país afirman ser objeto de discriminacion. Unas cuantas personas condenadas a muerte, recluidas en esta prisión, gozan de un régimen de semilibertad, que les autriza a dormir fuera de la prisión y cultivar un campo cercano. Los criterios para acceder al régimen no son claros, pero los beneficiarios tienen la obligación de trabajar gratuitamente para el personal penitenciario.

Disciplina. El régimen disciplinario es restrictivo y arbitrario, y se impone desde el momento del ingreso. Algunas personas condenadas a muerte afirmaron haber tenido que realizar tareas de limpieza y haber sido aisladas por varios días en una celda. “Al llegar, nos obligaron a pasar 56 días en la celda “privada” (celda de aislamiento disciplinario, ndlr), porque eramos nuevos.” Varias personas revelaron haber sido maltratadas.
Las medidas de seguridad aplicadas a los condenados a muerte en la prisión de Makala se suavizaron tras la misión de investigación de la aociación ECPM en 2005. Estas personas solían permanecer sistemáticamente en régimen aislamiento, encapuchadas y esposadas hasta por periodos de un año. El informe señaló que ademas eran objeto de insultos, agresiones verbales y restricciones para desplazarse al interior del centro. La nueva misión de investigación del año 2019 indicó “una leve mejoría”. En Makala, las condiciones de reclusión de estas personas son similares a las de los demás reclusos.

Los familiares de las personas condenadas a muerte, que viven cerca de la prisión, pueden visitar regularmente a sus seres queridos, a cambio de un pago . En Goma, la suma asciende a 1000 francos congoleses (alrededor de 0,51 dólares estadounidenses) y se paga en el puesto de policía, a los guardias penitenciarios o a los integrantes del “capita” de la prisión. Algunos reclusos afirman que las mujeres que los visitan son objeto de acoso por parte del personal de la prisión; una violencia sexual que condiciona el acceso a las visitas.

La mayoría de las personas condenadas a muerte recibe muy pocas visitas debido a que se encuentran recluidas en prisiones demasiado alejadas. Algunas personas afirmaron no haber recibido ninguna visita desde su ingreso. La prisión de Angenga, que se sitúa a 25 kilómetros de Lisala, la ciudad más próxima, y aproximadamente a unos 500 kilómetros de la capital, aloja a casi la mitad de los condenados a muerte, la mayoría originarios de otras provincias.

Muchos de los traslados de reclusos no se consignan en ningún registro y no siempre se informa a las familias del lugar de encarcelamiento de sus allegados.

Las difíciles, y duraderas, condiciones de reclusión provocan enfermedades, como la malnutrición, la turberculosis, el VIH, la sarna, etc. Si bien las personas privadas tienen acceso a los dispensarios de las prisiones, estos no cuentan con el equipamiento médico necesario ni los medicamentos suficientes, a excepción de aquel de la prisión de Luzumu. En algunos dispensarios no hay ni termómetros ni tensiómetros y los únicos medicamentos disponibles son el paracetamos y los tratamientos contra el paludismo y la tuberculosis. Aquellos que no pueden pagar los gastos médicos o que no reciben visitas regulares de sus familias reciben paracetamol cualquiera sea su patología y no pueden acceder a los hospitales. Se han registrado varios decesos de reclusos por falta de tratamientos médicos.

“El hecho de saber que vamos a pasar toda nuestra vida en prisión, hasta la muerte, provoca daños terribles, pero la administración no los tiene en cuenta. La vida no tiene sentido y la persona humana se convierte en un animal sin valor.”

— Una persona condenada a muerte.¶

Pese a que varias personas condenadas a muerte presentan problemas mentales, no se les brinda ningun seguimiento específico. Una gran mayoría afirma padecer una permanente angustia psicológica y sufrir de anorexia, insomnio, estrés, etc. Estas personas indican tener miedo de la ejecución a pesar de la moratoria. Una de ellas explica: “Nos mostraron donde se ejecuta a los condenados a muerte. Vivo con miedo, todos los días.”

• Carole Berrih y Liévin Ngondji, Vers une mort en silence, conditions de détention des condamnés à mort en République démocratique du Congo, rapport ECPM, 2019. (en francés)
• Observatorio Congolés de las Prisiones, RDC : manque d’accès aux soins, 2019. (en francés)
• Prison Insider, République démocratique du Congo : comment lutter contre la malnutrition et les maladies dans les prisons ?, 2021. (en francés)
• Prison Insider, África : Coronavirus, la fiebre en prisión / 2021 — República Democrática del Congo, 2021.
• Prison Insider, [África : Coronavirus, la fiebre en prisión / 2021 — República Democrática del Congo] (https://www.prison-insider.com/es/articles/afrique-coronavirus-la-fievre-des-prisons), marzo a diciembre de 2020.
• Prison Insider, República Democrática del Congo : falta de cuidados en la prisión de Makala, 2019.
• Prison Insider, República Democrática del Congo : malos tratos y humillaciones públicas, 2019. (en francés)
• Prison Insider, República Democrática del Congo : “en prisión se aprende marcha atrás”, 2019.
• RFI, RDC : le personnel de la prison de Bukavu dénonce les conditions de détention, 2019. (en francés)
• ECPM, Conditions de détention des condamnés à mort en RDC : 5 min avec le juge congolais George Kishabongo, 2020. (en francés)
• ECPM, Paroles d’abolitionnistes - Liévin Ngondji, 2019. (en francés)
• ECPM, CPJ, The Advocates for Human Rights, Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, La peine de mort en République démocratique du Congo. Rapport alternatif conjoint pour la 33e session du Groupe de travail sur l’EPU, 2018. (en francés)
• ECPM, La peine de mort dans la région des Grands Lacs : Burundi, République démocratique du Congo, Rwanda, 2008. (en francés)
• DW, https://www.prison-insider.com/articles/rdc-les-prisons-considerees-comme-des-mouroirs, 2020. (en francés)
• Le Figaro, RDC : à Kinshasa, onze morts dans l’enfer de la prison de Makala, 2020. (en francés)