YB. El programa más importante en el sector de la Justicia y las prisiones es el Programa de Apoyo a la Reforma de la Justicia (PARJ), financiado por la Unión Europea, que proporciona al Estado tunecino un apoyo presupuestario para la mejora del sistema judicial, el envío de expertos y el establecimiento de un hermanamiento institucional destinado a mejorar las condiciones de las cárceles, la eficacia de la administración penitenciaria y la seguridad de las prisiones. Presta especial atención a la elaboración de alternativas al encarcelamiento. La UE no es la única que interviene: Estados Unidos, a través del organismo gubernamental de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) también implementa programas cuyos detalles e importes no son públicos.
La administración penitenciaria tunecina busca recursos a través de multitud de proveedores de fondos y acepta la intervención de organismos de cooperación internacional, ONG y agentes de la sociedad civil. La visión que se tiene de la intervención internacional evoluciona: ahora se considera un apoyo positivo, especialmente cuando se trata de actuar a favor de grupos vulnerables (mujeres, menores, presos enfermos) y no de grupos sensibles como los presos calificados de peligrosos. Por ejemplo, Penal Reform Internacional ha implementado un programa para reorganizar la guardería de la cárcel de mujeres. Estas acciones tienen más probabilidades de abrirse a la sociedad civil y al escrutinio externo.
No obstante, la multiplicidad de intervenciones ha dado lugar a cierta cacofonía.
Por ejemplo, Europa y Estados Unidos han intervenido en la parte que corresponde a la libertad condicional, pero con enfoques significativamente divergentes: mientras que la Unión Europea ha hecho hincapié en las penas alternativas, Estados Unidos ha insistido en la clasificación de los presos según su nivel de peligrosidad. Mientras que la Unión Europea insiste en la reinserción y organiza viajes penitenciarios en los servicios de inserción y de libertad condicional para mostrar que se hace cargo de los presos en régimen abierto, Estados Unidos, por su parte, sigue desarrollando métodos para aumentar la seguridad en lo que a detección de riesgos se refiere o estableciendo protocolos de intervención en caso de motines.
Esta divergencia de enfoques no sólo se debe a los diferentes criterios de los expertos extranjeros: también existe dentro de la propia administración “beneficiaria”.
La “Dirección General de Prisiones y Rehabilitación” de Túnez solicita, a su vez, mucha formación en materia de seguridad, en particular debido a la preocupación por el riesgo terrorista, mientras que los enfoques en materia de reinserción o de seguimiento en régimen abierto aún resultan algo abstractos.
Se han creado oficinas de libertad condicional, pero, en realidad, todavía no tienen población penitenciaria a la que hacer un seguimiento, ya que las reformas legislativas aún no han sido aprobadas. Las penas en régimen abierto todavía no se han concretado de modo que puedan proporcionar alternativas a la prisión. La escala de las penas y la severidad de las sanciones siguen siendo tabú y, aparte de algunos pequeños pasos en relación con el consumo de drogas, ninguna “revolución” ha hecho que las prisiones tunecinas se tambaleen.
