Türkiye presenta la tasa de encarcelamiento y la población carcelaria más elevadas de todos los países miembro del Consejo de Europa. Durante las últimas dos décadas, se ha observado un significativo aumento del número de personas privadas de libertad. En el año 2000, el país contaba con unos 58 000 reclusos, y, hoy en día, con más de 300 000. Esta situación se traduce en altos índices de sobrepoblación y en una escasez de personal de seguridad, socio educativo y sanitario. Hace algunos años, el Gobierno emprendió un intensivo plan de modernización del sistema penitenciario. Cada año, se construyen nuevas prisiones para remplazar las más antiguas. La mayoría de las recientes instalaciones, se usan para instaurar regímenes de máxima seguridad, en los que se somete a los reclusos a diferentes niveles de privación social y sensorial.

Desde el intento de golpe de Estado de 2016, y la subsiguiente declaración del estado de emergencia, la ley antiterrorista, introducida en 1991, se ha usado para encarcelar a críticos del régimen, opositores políticos, activistas, periodistas, abogados y defensores kurdos. Se estima que esta categoría de reclusos representa más del 10 % de la población carcelaria del país. La falta de transparencia de la administración penitenciaria dificulta cada vez más el acceso a la información y la comunicación con las personas privadas de libertad. Las organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación con respecto a la independencia del Mecanismo Nacional de Prevención (Human Rights and Equality Institution of Türkiye), que no cuenta con la autonomía financiera y operativa que exige el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT).

La sociedad civil, los organismos de control, los medios de comunicación y las organizaciones internacionales han documentado muchos casos de tortura y malos tratos. Estas prácticas, sistémicas y generalizadas, incluyen violencia física y psicológica.

Los derechos fundamentales, tales como los define la legislación nacional, no se respetan y a menudo se consideran privilegios que se retiran a los reclusos que no obedecen. Las autoridades penitenciarias pueden privar a las personas de ciertos derechos como el acceso a un abogado o la posibilidad de apelar. Las sanciones arbitrarias son pan de cada día y aquellos que las denuncian son objeto de represalias.

Las condiciones materiales y de higiene son deficientes en varios establecimientos. Los problemas más frecuentes son la falta de ventilación y de luz natural, la regulación de la temperatura, el agua potable y la calidad de la comida. Algunas prisiones están infestadas de ratas e insectos.

Los gastos semanales de los reclusos se restringen de manera estricta, lo que les impide cubrir el coste de sus necesidades básicas. Los reclusos tienen que pagar por los productos de higiene, de limpieza, la electricidad (salvo por la iluminación) y la comida extra, cuando las porciones que se les sirve son insuficientes. No se brinda ninguna ayuda financiera a las personas indigentes en prisión.

El acceso a la atención sanitaria varía en función de las prisiones y en algunas de ellas es bastante limitado. Las organizaciones de la sociedad civil denuncian la escasez de personal sanitario y de medicamentos, los largos plazos de espera, la falta de confidencialidad y la deficiencia de la atención tanto en salud física como mental. Algunas consultas duran solo un minuto.

El acceso a la información dentro de las prisiones se controla de manera rigurosa y todas las formas de literatura (libros, periódicos, revistas) y de difusión (radio, televisión, etc.) requieren una autorización previa. Las fuentes de información que critican el régimen son indisponibles. Las autoridades leen todas las cartas y escuchan las llamadas telefónicas. Estas formas de comunicación, así como las visitas, pueden restringirse de manera arbitraria.

Algunos grupos de reclusos son objeto de discriminación. A las mujeres, por ejemplo, se les ofrecen menos actividades que a los hombres, se les prohíben las visitas conyugales, y se les restringe el acceso a la atención sanitaria específica. Muchos de los reclusos LGBTQI+ son víctimas de abuso por parte de sus compañeros o del personal, y a menudo se les aísla del resto de la población en unidades o celdas específicas. Las personas de edad avanzada o que no pueden valerse por sí mismas no reciben la ayuda necesaria. El trato que se brinda en prisión a los kurdos y los miembros de la comunidad romaní reflejan la discriminación de la que son objeto en la sociedad.

Las condiciones de reclusión son más severas para las personas condenadas a la cadena perpetua agravada, pues se les somete a un aislamiento social, se les impide trabajar y se les restringe el contacto con el mundo exterior y el acceso a las actividades. Algunos ven su condena como una forma de tortura perpetua.