En Bélgica existen 37 establecimientos penitenciarios: 29 para hombres (uno en Tilburg, Países Bajos, a quien el Estado belga arrienda la infraestructura), un centro exclusivo para mujeres, siete que albergan a hombres y a mujeres en edificios separados, seis centros para menores y dos establecimientos de defensa social (EDS).

Los establecimientos para adultos se dividen en dos categorías:

• las cárceles para los preventivos
• las prisiones para los condenados. Sin embargo, numerosos establecimientos acogen a las dos categorías de reclusos.

Existen tres tipos de régimen, generalmente repartidos en diferentes pabellones dentro de un mismo establecimiento:

• el régimen abierto (los reclusos circulan libremente en la prisión)
• el régimen cerrado (los reclusos están en celdas, salvo en caso de visita, trabajo, actividad, etc.)
• el régimen semiabierto. El régimen abierto, que debería ser la regla, a menudo resulta ser un favor concedido al recluso, que se le puede retirar en cualquier momento.   
  Algunos establecimientos datan de 1910 y por lo general están en muy mal estado. Con regularidad, se reciben denuncias sobre el estado de las instalaciones de Forest y de Amberes. En diciembre de 2015, la prisión de Forest cerró un pabellón por razones de insalubridad.

Los antiguos establecimientos penitenciarios están, en su mayoría, ubicados en el centro de las ciudades. Los más recientes, construidos en los años 90, se sitúan ya sea en la periferia de las ciudades o en la zona rural. Su acceso es más difícil para el personal, los visitantes, las familias y los abogados.    
En 2014, tres nuevos establecimientos abrieron sus puertas en Leuze-en-Hainaut, Beveren y Marche-en-Famenne y se iniciaron dos proyectos para la construcción de nuevas instalaciones (Termonde - 444 plazas - y Haren - 1200 plazas). Todos estos establecimientos se gestionan en asociación público privada: la construcción, la manutención de los edificios, la restauración y la lavandería son de gestión privada. Las asociaciones, los parlamentarios y el Tribunal de Cuentas denuncian reiteradamente la falta de transparencia con respecto a los contratos y al costo real de las nuevas prisiones.

El personal penitenciario (guardias, trabajadores sociales, personal sanitario), que se redujo entre el 2014 y el 2015, es insuficiente. Además, el gobierno ha anunciado una reducción presupuestaria del 10% que no ayuda a mejorar la situación.

Todo el personal depende del Servicio Público Federal de Justicia, incluido el personal médico. Este último solicita, desde hace varios años, una transferencia de competencia al Servicio Público Federal de Salud. Por el momento, el proyecto está siendo estudiado.    
No existe un servicio mínimo en caso de huelga. De ser necesario, se solicitan los servicios de la policía para resguardar la seguridad de los reclusos. Sin embargo, el cuerpo de policía no posee ninguna formación sobre el sistema carcelario y se han informado numerosos casos de violencia física y verbal.

La administración penitenciaria no emplea directamente a profesores, formadores o monitores de actividades culturales. Estas áreas se confían enteramente a las asociaciones.