Si bien la delincuencia no se ha incrementado, la población carcelaria no ha dejado de aumentar entre 1980 y 2014, pasando de 5677 a 11 769 reclusos. Al 31 de diciembre de 2015, se contaban 11 040 reclusos. Esta baja, no constante, se debe esencialmente a la apertura de un hospital público privado para reclusos “psiquiátricos”¹ (que cuenta con cerca de 200 plazas), así como al incremento del número de personas en régimen de vigilancia electrónica. En 2001, 142 personas llevaban un brazalete electrónico, en el 2015, esta cifra asciende a 1981.

   
La población carcelaria está compuesta por un 58.5% de penados, un 31.2% de preventivos y un 10% de reclusos psiquiátricos; el elevado porcentaje de preventivos cuestiona el principio de presunción de inocencia.

Las mujeres, que representan en promedio un 4% de la población carcelaria, son recibidas en ocho prisiones, seis IPPJ (menores) y dos EDS, así como en varios pabellones especiales dentro de las prisiones para hombres.

Esta población se eleva a 443 en 2012, 502 en 2014, 462 en 2015 y 569 en marzo de 2016. Las menores y las reclusas psiquiátricas no están incluidas en estas cifras. El aumento del número de mujeres reclusas justificó la apertura de una nueva sección en Flandes. La separación entre hombres y mujeres es estricta, los internos sólo se cruzan en raras ocasiones.
La diversidad del personal se instala progresivamente.    
El régimen penitenciario de las mujeres es, en la práctica, menos estricto que el de los hombres. A excepción de la prisión de mujeres de Berkendael en Bruselas. Sin embargo, es frecuente que las reclusas sean discriminadas en cuanto a las posibilidades de acceso al trabajo, a los pasatiempos, a las actividades y a la reclusión en régimen semiabierto. Por ejemplo, el establecimiento de Marneffe, que propone programas en medio abierto, no recibe mujeres.
  

Maternidad en prisión¶

Por lo general, las mujeres embarazadas son encarceladas y muy pocas veces se toma en consideración su estado. No es extraño, por ejemplo, que una reclusa embarazada tenga que compartir una celda con una fumadora. Las reclusas tampoco benefician sistemáticamente de un examen ginecológico, salvo en la prisión de Forest.

A los seis meses de embarazo, todas las reclusas son trasladadas a la prisión de Brujas, que posee un equipo médico más adaptado. Las reclusas dan a luz en un hospital civil. Desde el 2005, se permite quitarles las esposas durante el trabajo de parto. Claude Lelievre, antiguo delegado general de los Derechos del Niño, intervino en este aspecto.

Ningún familiar puede estar presente durante el parto. Al padre se le avisa por teléfono o por correo.

Después del nacimiento, las reclusas regresan rápidamente a sus celdas y no benefician sistemáticamente de un control postparto; por lo general, son enviadas al hospital en caso de urgencia. Para comparecer, las madres lactantes son trasladadas al Palacio de Justicia sin sus hijos.

Los niños que nacen en reclusión pueden permanecer con su madre hasta los tres años de edad. En la realidad, la mayoría tiene menos de un año. Al alcanzar la edad límite, el niño es recibido por un miembro de su familia o ubicado en una institución o familia de acogida.

Las prisiones de Berkendael, Lantin y Brujas disponen de celdas especialmente previstas para recibir a los recién nacidos y a sus madres. Cuando estas celdas están ocupadas, el niño y la madre “de más” ocupan una celda normal que puede ser compartida con otras reclusas. La administración penitenciaria y algunas asociaciones facilitan ropa y juguetes a los niños. Si bien los establecimientos de Namur y de Mons ya han albergado a recién nacidos, estos no disponen de un lugar específico para ellos.
Le Relais Enfant - Parents (asociación independiente de la administración penitenciaria que tiene por objeto ayudar a mantener la relación entre los niños y sus padres encarcelados) hacía el seguimiento de siete niños que vivían en reclusión, en 2014, y de tres, a principios de 2016 (únicamente en Lantin).

Las madres que dan a luz en reclusión no tienen muy clara la manera de obtener los derechos sociales, como la bonificación de nacimiento o los subsidios familiares. El acceso a la información es difícil y el reparto de las competencias entre el Estado federal y las entidades federadas es confuso.

Los menores en reclusión comprenden: los menores declarados “imputables” (a quienes se aplica el código penal), los menores bajo la competencia del servicio de protección de la juventud y los menores extranjeros no acompañados (MENA).

Los menores declarados “imputables” son jóvenes de 16 años o más para quienes el juez de menores estima conveniente aplicar la legislación de mayores. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas considera que la imputabilidad de los menores es una medida contraria a los derechos del niño. Un anteproyecto de decreto del ministre francophone de l’aide à la jeunesse (ministro francófono de ayuda a la juventud) propone limitar el recurso a esta medida. Por el momento, no hay ningún avance en este aspecto; desde junio de 2010, los menores imputables son recluidos en un módulo especial en el centro de Saint Hubert (13 reclusos máximo).

El Tribunal de la Juventud ubica a los demás reclusos en los establecimientos especiales para menores de Wauthier-Braine, Braine-le-Château, Fraipont, Tongeren o Everberg. Al cumplir la mayoría de edad, los internos deben, en principio, permanecer en este establecimiento.

Por mucho tiempo, estos menores estaban en la imposibilidad de continuar con sus estudios, ya que se les imponía un régimen carcelario normal, es decir, encerrados en sus celdas y sin proyecto pedagógico alguno. Además, el recurso a las sanciones disciplinarias era mucho más frecuente que en las otras prisiones. La competencia sobre los lugares de reclusión para menores fue transferida de nivel Federal a nivel de las comunidades lingüísticas en 2015. La comunidad francesa propuso un proyecto pedagógico que aún no se ha puesto en marcha.
Los MENA son encarcelados una vez que se les realiza una prueba ósea que los declara mayores. La fiabilidad de estas pruebas es muy criticada.

En Bélgica, la obligación de separar a los menores de los mayores se respeta sólo desde el 2011.

Los extranjeros representan casi la mitad de la población reclusa. Las nacionalidades más representativas son: los marroquíes (10.5%), argelinos (6.6%), rumanos (3.4%), neerlandeses (2.2%) y franceses (2.1%).

Los reclusos extranjeros pueden beneficiar de un intérprete ante la policía y los jueces, pero rara vez dentro de la prisión. Se señalan numerosos incumplimientos durante las entrevistas con el servicio psicosocial.

La Corte Suprema prohíbe pronunciar una pena de encarcelamiento fundada únicamente sobre la estancia ilegal. Sin embargo, en Bélgica, esta infracción se castiga con tres meses de encarcelamiento, seis en caso de reincidencia. Una ley de 5 de febrero de 2016 estipula que los extranjeros en situación irregular sólo pueden ser liberados para remitirse a la Oficina de Extranjería a efectos de su expulsión.

Las autoridades pueden prohibir, por diez años, la estancia en el territorio belga a un extranjero titular de un permiso de residencia válido que cumple una condena por actos contrarios al orden público. Se aplica entonces la doble pena (o deportación).

No se suele separar a las minorías étnicas o religiosas de los otros reclusos, a excepción de los reclusos “radicalizados”.

En Bélgica, las opiniones políticas no constituyen un motivo de encarcelamiento. Una ley de febrero de 2013, castiga penalmente la incitación a delitos terroristas. Sin embargo, su área de aplicación es vasta y puede propiciar irregularidades.

No hay módulos o establecimientos específicos para las personas de edad. Esta población carcelaria puede obtener la libertad anticipada únicamente por motivos de salud.

Ciertos establecimientos cuentan con un centro médico quirúrgico en el que se efectúan exámenes e intervenciones. Los reclusos que no pueden recibir tratamiento adecuado en estos centros son trasladados a los hospitales civiles. A estos efectos, deben aplicarse medidas de seguridad que a menudo retrasan el acceso a los tratamientos.

En ocasiones, los reclusos enfermos (ej: hepatitis C) son excluidos de su trabajo en prisión aunque no haya un verdadero riesgo de contaminación.    
Los reclusos psiquiátricos[^2] deben, en principio, permanecer en uno de los tres establecimientos especializados de defensa social (EDS) de Valonia. En la realidad, estas personas esperan, entre dos y cuatro años, en los anexos psiquiátricos de las prisiones a que una plaza se libere, sin recibir el tratamiento adecuado. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha denunciado esta situación.
En Flandes se construyeron dos centros de psiquiatría legal en asociación público privada; uno en Gand (abierto en 2014) y uno en Amberes (apertura prevista a finales de 2016).
[^2]: Personas que cometen una infracción, pero que son reconocidas irresponsables de sus actos por la justicia.