El 14 de julio de 1976, el Parlamento abolió la pena de muerte para la población civil, con 130 votos a favor y 124 en contra. El número de condenas a muerte ascendió a 1481 entre 1867 (año de la Constitución canadiense) y 1962; el número de ejecuciones fue de 710. La última ejecución data de 1962.

La probabilidad de ejecución, por un mismo crimen, ascendía al 21% en el caso de una persona blanca y al 96% en el caso de una persona indígena. En Quebec, los francófonos eran condenados a la pena capital con más frecuencia que los anglófonos.

El 30 de junio de 1987, la Cámara de los Comunes de Ottawa se pronunció sobre un proyecto de ley destinado a restablecer la pena de muerte. Este fue rechazado por 148 votos a favor y 127 votos en contra.

El 10 de diciembre de 1998 se abolió la pena de muerte para los crímenes militares.

Entre 2004 y 2014, se registraron 519 muertes de reclusos en la Administración federal (Servicio Correccional del Canadá (SCC)), mientras que 380 se produjeron bajo la responsabilidad de las administraciones provinciales y territoriales.

Entre estas muertes, los casos de suicidio se elevaron a 88 en los establecimientos penitenciarios administrados por el SCC y a 93 en las prisiones provinciales; el número de homicidios fue de 23 en los establecimientos del SCC y de 5 en las prisiones provinciales. La tasa de suicidios y homicidios es mucho más elevada en el entorno penitenciario que en la población general (especialmente en el SCC). El vínculo entre las condiciones de reclusión y la tasa de suicidio es claro: cuanto peores son las condiciones, mayor es la tasa de suicidio.

Las otras muertes se produjeron por causas naturales, accidentes, intervenciones legales (muertes causadas por un agente en el marco de sus funciones) y circunstancias inexplicables.

En 2015/2016, el número de muertes naturales ascendió a 63 en los centros penitenciarios del SCC. El envejecimiento de la población explica, en parte, esta cifra.

Las agresiones sexuales se incrementan como consecuencia del hacinamiento carcelario. Es difícil determinar el número.

En 2015/2016 se registraron 1143 incidentes en los que los agentes del servicio correccional (SCC) recurrieron a la fuerza. Durante las intervenciones, se usaron diferentes agentes inflamatorios, entre ellos, aerosoles de pimienta. Estos últimos se utilizaron en más de la mitad de los 157 casos de autolesiones de reclusos.

El recurso excesivo al aislamiento está en el punto de mira desde los años setenta. Es en ese periodo que, por primera vez, un recurso judicial dio lugar a una sentencia que concluyó que “las condiciones de reclusión en aislamiento constituyen una pena cruel e inusual que contraviene el art. 2 de la Carta canadiense de derechos” (McCann v. The Quenn).

Desde 1981, el SCC reconoció el vínculo entre el régimen de aislamiento y el suicido: “Las tasas de suicidio son mucho más altas en las celdas de aislamiento que en las celdas normales”.

El investigador correccional señaló, en 2014, que “un número desproporcionado de reclusos se quita la vida en las celdas de aislamiento en comparación a las celdas reservadas a la población carcelaria general*” ¹. Asimismo, señaló, en un informe publicado en 2015, que la duración media de la permanencia en aislamiento en los años 2014-2015 fue de 27 días ². Durante el encarcelamiento, más del 26% de los hombres ha estado en régimen de aislamiento, al menos una vez, contra más del 46% de las mujeres .

El SCC no se priva de recurrir al régimen de aislamiento a pesar de conocer sus efectos nefastos sobre los reclusos.

En agosto de 2016, había 370 personas en régimen de aislamiento. La media de los años anteriores era de 700 a 800 al día. Durante 2015/2016, 247 prisioneros pasaron120 días o más en aislamiento; el año anterior este periodo era de 498 días. Al15 de mayo de 2017, había 404 personas aisladas, es decir, el 2.8% de la población carcelaria, entre ellas, 224 habían pasado más de 16 días en aislamiento, y otras 22 personas, más de 100 días.

Estas cifras ponen de manifiesto el recurso un poco menos sistemático al aislamiento. Un portavoz del SCC declaró que “Todos los establecimientos respetan la ley y las políticas relativas al aislamiento preventivo y se aseguran de que se evalúen todas las soluciones alternativas viables”.

El 9 de agosto de 2016, un juez de Alberta dictó una resolución (2016 ABQB 440), en la que hizo referencia a las Reglas Nelson Mandela, que el Gobierno de Canadá aún no ha adoptado. Tras constatar que el SCC no respetaba la normativa —uno de los reclusos había pasado más de 822 días en aislamiento en dos periodos, uno de 383 días y otro de 291—, el juez ordenó al SCC “poner fin, inmediatamente, al aislamiento de tres reclusos”.

Cierta prudencia empieza a manifestarse en los sistemas correccionales. Ello se debe a la interposición de recursos por varios prisioneros. En enero de 2015, la British Columbia Civil Liberties Association y la Sociedad John Howard de Canadá interpusieron, conjuntamente, un recurso para hacer que el SCC respete de las normas de las Naciones Unidas en materia de régimen de aislamiento penitenciario³.

Durante 2014/2015, 12 919 reclusos de las prisiones provinciales de Quebec recibieron sanciones disciplinarias, entre ellos, 2 740 permanecieron en régimen de aislamiento penitenciario por un total de 9380 días.

Cada día, unos 575 reclusos de las prisiones provinciales de Ontario son puestos bajo el régimen de aislamiento, lo que representa el 7% de la población carcelaria. El indígena Adam Capy pasó 1591 días consecutivos “*en una celda con una placa de plexiglás en frente y bajo luces deslumbrantes que impedían diferenciar entre la noche y el día *”⁴. Desde 1985, se formuló una demanda colectiva contra los servicios correccionales en relación a miles de personas encarceladas.

No se registró ningún caso de detención arbitraria o secreta.