En Canadá hay 14 sistemas correccionales distintos: uno federal y trece provinciales o territoriales. El más importante es el Sistema Correccional de Canadá (SCC) que se encuentra bajo la jurisdicción federal. Allí se encarcela a las personas condenadas a penas de prisión superiores a dos años, incluyendo la cadena perpetua.

Los otros sistemas correccionales dependen de jurisdiccionales provinciales (diez) o territoriales (tres). Estos establecimientos están destinados a las personas en espera de juicio, las personas condenadas a penas inferiores a dos años, así como a otras personas detenidas por faltas migratorias, por ejemplo.

Si bien el Código Penal es el mismo para todos, los sistemas correccionales conocen de una gran disparidad, debido a que los costes y los recursos disponibles para los prisioneros no son los mismos. El SCC dispone de un presupuesto bastante más elevado que el resto de los sistemas correccionales. Incluso, existen personas que solicitan una pena más elevada para ser encarcelados en un establecimiento federal antes que en uno provincial o territorial.

Los establecimientos penitenciarios se dividen en dos grandes grupos : • Las prisiones provinciales o territoriales donde se encarcela a las personas detenidas a la espera de un juicio (preventivos) y a las personas condenadas a penas de prisión inferiores a dos años. Los preventivos son separados de los penados. • Los centros penitenciarios, bajo la responsabilidad del Gobierno federal y gestionados por el SCC, se clasifican según los grados de seguridad: mínima, media o máxima, incluso súper máxima. Algunos centros acogen diversos niveles de seguridad.

Existen también centros de detención para inmigrantes. No obstante, algunos inmigrantes pueden ser situados en una prisión provincial.

Los centros correccionales comunitarios (CCC) y centros de rehabilitación apoyan la reinserción social de los delincuentes indígenas dentro de su colectivo. Si bien su nivel de seguridad es mucho menos elevado, los CCC se consideran centros penitenciarios, ya que las personas allí recluidas se encuentran bajo la responsabilidad de agentes penitenciarios.

Las casas de transición o centros residenciales comunitarios (CRC) son instituciones privadas. Los controles físicos dentro de los mismos son mínimos.