La población carcelaria turca ha aumentado significativamente desde 2005, pasando de 53 296 reclusos a 229 790, en 2017. Para afianzar su política de seguridad, las autoridades prevén construir más de 200 nuevas prisiones durante los próximos cinco años.

Tras una tentativa de golpe de Estado, el 15 de julio de 2016, un clima de represión se instaló en el país; ciudadanos, abogados, periodistas, médicos, políticos, jueces e intelectuales han sido objeto de intimidaciones, arrestos masivos y malos tratos. Miles de presos políticos se encuentran en las cárceles turcas, acusados de terrorismo y de apoyar al movimiento Gülen o al partido de trabajadores de Kurdistán (PKK).

Las condiciones de reclusión y el respeto de los derechos varían de una prisión a otra, y se degradan debido a la creciente sobrepoblación.

Las prisiones de máxima seguridad de categoría F se basan en un principio de aislamiento estricto y extremo, por lo que reciben el nombre de «tumbas». Las organizaciones de la sociedad civil ya no cuentan con la autorización para intervenir en los establecimientos penitenciarios.