La sobrepoblación es un problema mayor en el sistema penitenciario húngaro; la tasa de ocupación se sitúa alrededor del 134%. En la Institución Penitenciaria del Condado de Hajdú-Bihar, se registró una ocupación del 189% a inicios del 2015. El 65% de los internos eran preventivos.

Las altas tasas de encarcelamiento se atribuyen en parte a un nuevo Código Penal (Act C/2012), que entró en vigor en Julio del 2013. El código introdujo penas más severas, como la reclusión para una serie de delitos menores y la “ley de los tres golpes”, que obliga a los jueces a imponer cadena perpetua a las personas que tienen dos o más condenas por delitos mayores. El código también conlleva el incremento del número de sentencias a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional; el número de reclusos sentenciados a esta pena ha aumentado de 19 a 46 desde el 2011.

La sobrepoblación es aún más problemática para los reclusos que no trabajan, ya que tienen que pasar hasta 23 horas encerrados en sus celdas.

Las políticas establecidas en el Código Penal van en contra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lo relativo al hacinamiento, caso Varga y otros c. Hungría 2015 (violencia y maltrato). Para resolver el problema de la sobrepoblación, el actual gobierno favorece la construcción de más prisiones y no la aplicación de más penas no privativas de la libertad.

Las mujeres están separadas de los hombres en todos los establecimientos. Un gran número de mujeres son recluidas en Kalocsa, condado de Heves, un centro exclusivamente femenino. Pálhalma National, Szombathely, Budapest y Tiszalök tienen módulos separados para las reclusas. Las mujeres también pueden ser recluidas en cualquiera de las 14 cárceles para preventivos.

El hospital de la prisión central alberga a internos que necesitan ser hospitalizados, entre ellos, mujeres embarazadas y bebes recién nacidos. Las condiciones en el hospital son inadecuadas (ver enfermos y personas con minusvalías). 

Las mujeres que han dado a luz durante su reclusión son transferidas a la prisión del condado Bács-Kiskun. La legislación penitenciaria exige que el bebé permanezca con su madre hasta que cumpla un año de edad.

En el 2013, como parte de las modificaciones del nuevo Código penal, la edad mínima de responsabilidad penal pasó de 14 a 12 años. Las penas de prisión deberían ser el último recurso para los menores autores de infracciones. Sin embargo, en la práctica, los delitos menores o las multas pendientes pueden sancionarse con penas de prisión, que se deben cumplir en un centro para menores. Solo los jóvenes mayores de 16 años de edad pueden obtener penas de servicio comunitario. No existen otras medidas alternativas para los menores.

En el año 2014, el Comité Húngaro de Helsinki (CHH) presentó una solicitud al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a nombre de un menor que permaneció en prisión preventiva durante casi un año, por el supuesto robo de una camiseta. Esto sucedió a pesar de que el acusado no tenía antecedentes penales, no había cometido un delito violento, y había regresado la camiseta a la víctima. El caso recibió amplia cobertura mediática y el acusado fue puesto en libertad. Durante el mismo periodo, en Miskolc, un menor de 15 años permaneció encarcelado por 392 días, tras haber sido acusado por uno de sus compañeros de clase de robar por la fuerza un paquete de cigarrillos en el patio del colegio.

En Hungría, los menores infractores permanecen en reformatorios (a cargo del servicio de protección de la infancia) o en prisiones juveniles (a cargo de la administración penitenciaria); los reformatorios tienen mejores condiciones que las prisiones, como por ejemplo, más personal, mayor acceso a la educación y un régimen menos estricto. En caso de que no se encuentre plaza en un reformatorio o de que no haya reformatorio en su provincia, el menor en prisión preventiva es enviado a una prisión juvenil. En realidad, se trata de módulos “exclusivos para menores” dentro de las prisiones para adultos.

Las niñas y las mujeres menores de edad pueden permanecer en el “Reformatorio y hogar especial para menores” de Rákospalota. Se prevé construir un módulo para “madres e hijos” dentro de estas instalaciones, en el que las madres menores de edad y sus hijos tendrán mejores condiciones.

En el 2015, en una de las prisiones juveniles más grandes se presentó un caso grave de pioderma, una enfermedad infecciosa de la piel.

Los menores reclusos de Tököl pueden esperar hasta seis meses entre cada visita familiar debido a la sobrepoblación. El CHH, un grupo de derechos humanos, defiende el derecho de los menores a mantener los vínculos familiares.

Los extranjeros representan menos del 4% de la población carcelaria y no son separados del resto de los internos. Entre ellos, el 32% son rumanos, el 11% serbios y el 8% vietnamitas.

Las duras políticas gubernamentales implementadas en septiembre del 2015 resultaron en el cierre de las fronteras, por lo que cruzar la frontera “irregularmente” se convirtió en un delito. Debido a la falta de plazas en los centros de internamiento de extranjeros, los 471 demandantes de asilo fueron puestos en prisión el 24 de septiembre del 2015.

El Comité Contra la Tortura (CCT) del Consejo de Europa realizó una visita, entre el 21 y el 27 de octubre, para investigar el trato y las condiciones de detención de los migrantes y los demandantes de asilo, encarcelados a raíz de las nuevas políticas gubernamentales.

La información relativa a la etnicidad no se puede obtener legalmente en Hungría. Poco se conoce sobre la discriminación, segregación o estigmatización de las minorías dentro de las prisiones.

Pese a la falta de información oficial, una investigación del CHH comprobó que el pueblo gitano goza de menos privilegios especiales. A esta minoría se le suele encerrar en celdas sobrepobladas, denegar el traslado de celdas y castigar con el aislamiento.

No se han reportado casos de maltratos debido a la identidad de género, y la homosexualidad no constituye un delito en Hungría.

No se conoce ningún caso de presos de conciencia en Hungría.

Usar símbolos de odio, negar las malas acciones de los nazis y comunistas o profanar los símbolos patrios húngaros se consideran como delitos sujetos a penas de prisión.

Hay 506 reclusos mayores de 60 años de edad. Entre ellos, 455 hombres y 51 mujeres, lo que representa alrededor del 2% de la población carcelaria.

Se considera que los reclusos de edad avanzada tienen necesidades específicas. Para ello, se han establecido programas y protocolos especiales.

Hay tres establecimientos específicos para las personas enfermas y con minusvalías:el hospital central de la prisión en Tököl, la unidad de tratamiento médico en Szeged y la Institución Mental y Psiquiátrica Forense (IMEI).

Desde el 2012, siete establecimientos penitenciarios han renovado algunos de sus edificios para facilitar el acceso a las personas con minusvalías. Los 133 reclusos discapacitados son alojados en celdas totalmente accesibles. Además, en el 2008, se construyeron dos establecimientos penitenciarios acondicionados para recibir personas con discapacidades. La unidad de tratamiento médico de la institución penitenciaria de Szeged, exclusiva para reclusos con problemas de salud, puede recibir hasta 80 personas en instalaciones de fácil acceso.

En 2010, el defensor del pueblo húngaro visitó el hospital central de la prisión en Tököl y lo consideró inadecuado para brindar asistencia sanitaria; los baños, muebles, calefacción y alcantarillado están en mal estado, algunas áreas del hospital no se han renovado desde hace más de 50 años, y ciertas salas permanecen cerradas. Además, hay una escasez de personal médico y de instalaciones modernas.

El CHH ha expresado su preocupación con respecto a los fuertes medicamentos antipsicóticos que el IMEI administra a los reclusos, ya que tienen efectos secundarios pesados y causan sedación. Se acusa a esta institución de usar estos tratamientos para calmar a los internos y no para ayudar a curarlos.