Algunos gobiernos locales suministran agua potable en las prisiones, pero la mayoría se tiene que contentar con el agua contaminada del grifo.
La Comisión de Derechos Humanos informó, en abril de 2014, sobre la ausencia de agua potable en las celdas. Unas cuantas familias pueden desplazarse para llevar comida y agua a sus familiares. Sin embargo, los que no cuentan con ayuda externa tienen que tomar agua de los sanitarios.

La Comisión de Derechos Humanos publicó, en diciembre de 2015, un comunicado sobre el derecho a una alimentación adecuada de las personas privadas de libertad por la Policía Nacional de Filipinas. Conformemente a la ley, el periodo de detención preventiva no debe sobrepasar un máximo de 36 horas. La policía no dispone del presupuesto necesario para suplir las necesidades de los detenidos, sobre todo en lo que respecta a la alimentación.

Las personas detenidas en las comisarías permanecen allí por varios días e, incluso, meses. Excepcionalmente se llevan a cabo misiones de solidaridad. En la comisaría de Caloocan del Norte, los agentes de policía incluyen a las personas detenidas dentro del presupuesto de gastos alimentarios del personal. En otro puesto de policía, se creó un fondo común, en el que las personas detenidas y sus allegados aportan dinero, que luego se divide para alimentar a todas las personas privadas de libertad.