La pena de muerte fue abolida en 1995 durante tiempos de paz, y en 1997 durante tiempos de guerra. La última ejecución data de 1989.

Las muertes en prisión por causas naturales no están sujetas a estadísticas detalladas, pero las muertes por causas no naturales sí. De acuerdo con el Departamento de Servicios Correccionales (DSC) annual report 2016/2017: durante el período 2016/2017 se registraron 52 muertes no naturales (62 durante 2015/2016). Entre ellas, 24 suicidios (25 durante 2015/2016) Según la Inspección Judicial de Servicios Correccionales (JICS), se reportaron 573 muertes durante el período 2015/2016¹.

Los internos que muestran signos de riesgo de suicidio deben someterse a un monitoreo de 24 horas. El atleta de fama mundial Oscar Pistorius, por ejemplo, fue sometido a esta medida en 2016. Sin embargo, en el caso de reclusos regulares, solo aquellos que ya han intentado suicidarse son puestos bajo vigilancia especial. El operador británico de prisiones privadas G4S, que dirige la prisión de Mangaung, ha sido acusado de encubrir casos de muerte por tortura, evocando causas naturales o suicidio. El Departamento de Servicios Correccionales (DCS, por sus siglas en inglés) ha admitido que el registro de las muertes bajo custodia del G4S no está a la altura de los estándares y que podría estar encubriendo muertes por tortura. La Inspección Judicial de Servicios Correccionales (JICS, por sus siglas en inglés) señaló en su informe de 2014 que el G4S no siguió los procedimientos operativos establecidos para los suicidios. La tuberculosis (TB) y el VIH/SIDA son causas comunes de muerte en las cárceles sudafricanas. Los reclusos no tienen fácil acceso al tratamiento (ver la sección “salud”). El DCS ha implementado un extenso programa para luchar contra la TB y el VIH / SIDA. Según su informe anual 2016/2017, “* logró una tasa de curación de la tuberculosis del 83 % (1034 / 1250) *” y “* el 98% (24 506 / 25 042) de los reclusos infectados por el VIH y el SIDA reciben terapia antirretroviral *”².

La Ley N°13 de Prevención y Lucha contra la Tortura, de 2013 tipifica la tortura como un delito específico. Anteriormente, los actos de tortura se procesaban como casos de agresión. Este proyecto de ley aún no se ha implementado correctamente; no ha habido un procesamiento completo por tortura desde 2016.

Hay una falta de prevención efectiva. Los funcionarios no están capacitados en la prohibición absoluta de la tortura.

Violencia por parte de la fuerza policial:¶

La Dirección Independiente de Investigaciones Policiales (IPID, por sus siglas en inglés)¹ registró 173 casos de tortura entre 2016 y 2017.

Se observó un aumento general del 19% en comparación con 2015/2016 (145 casos de tortura).

Durante el período 2016/2017, también se registraron: 302 muertes bajo custodia policial (216 durante 2015/2016) 3827 casos de agresión (3509 durante 2015/2016) 112 casos de violación por un agente policial (lo mismo que durante 2015/2016) 20 casos de violación bajo custodia policial (23 durante 2015/2016) La gran mayoría de los casos involucran a los Servicios Policiales de Sudáfrica (SAPS, por sus siglas en inglés).

Durante el 2016/2017, ningún agente policial fue procesado por las denuncias de tortura que se interpusieron los años anteriores. Solo se aplicaron nueve sanciones disciplinarias durante ese período ².

Violencia por parte del personal penitenciario:¶

Las autoridades penitenciarias no llevan a cabo una evaluación exhaustiva y un seguimiento de los reclusos a su llegada o durante su estancia en prisión, lo que favorece un mayor número de incidentes violentos y la mala salud entre la población carcelaria. En 2016, el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación por el número de casos de tortura en las cárceles sudafricanas. Al menos 15 denuncias de tortura dentro de la prisión se reportaron durante 2015/2016 ³.

En 2015, un agente de los Servicios Policiales de Sudáfrica de Ladybrand (SAPS, por sus siglas en inglés) fue condenado por agredir a un recluso discapacitado con un Sjambok (un látigo corto) en todo el cuerpo. Fue suspendido por cinco años y tuvo que pagar 5000 rands (319 €) o cumplir una condena de treinta y seis meses en prisión⁴.

En las instalaciones de la prisión preventiva de Johannesburgo, algunos agentes admitieron transgredir las reglas haciendo uso de la fuerza y golpeando a los presos con el objetivo de disciplinarlos: “Y, para ser sincero, cuando te dan un caso de violación o algo así, de alguna manera los amenazamos con atacar al perpetrador frente a todos, aunque sabemos que no debemos agredir al recluso. Pero lo hacemos, solo para mostrar que no nos gusta que cosas así sucedan “⁵.

El WitsJustice Project reveló, en un informe publicado en 2013, que los custodios y trabajadores del Centro Correccional de Mangaung, operado por G4S, administraron, ilegalmente, medicamentos antipsicóticos a un paciente. La historia tuvo una importante cobertura mediática después de que un video de lo ocurrido se filtrara en Internet, provocando indignación general. Un grupo de 43 reclusos presentó quejas contra G4S por abuso. La compañía ha negado las acusaciones de tortura, incluyendo la electrocución de reclusos. Un exempleado de G4S dijo que el personal de la prisión tuvo que recurrir a los escudos eléctricos para controlar a los reclusos peligrosos, que los superaban en número. Según TheTelegraph, “a pesar de las pruebas de uso ilegal de la fuerza, de incumplimiento del deber de no torturar, de manejo incorrecto de las muertes bajo custodia y muchas otras transgresiones, G4S recibió de nuevo el control de la prisión hace un año.”

Violencia entre internos:¶

La cultura de las pandillas está muy presente en Sudáfrica y, por lo tanto, se refleja en sus prisiones. El abuso sexual es un fenómeno común y está relacionado con las tasas de sobrepoblación y la falta de personal. De acuerdo con una organización sin fines de lucro JustDetention, “Durante las horas de “encierro”, que duran desde la tarde hasta la mañana siguiente, las personas permanecen en celdas comunales con una mínima supervisión del personal, por lo que los reclusos vulnerables quedan a merced de las pandillas. Durante este tiempo, un solo agente está a cargo de varias secciones de la prisión, con acceso limitado a las celdas, incluso en caso de emergencia.”

Los internos se dividen entre ellos en lo que llaman “hombres” y “mujeres”. Los últimos son hombres que no demuestran violencia y que son obligados a sostener relaciones sexuales con los pandilleros y a proporcionarles trabajo doméstico.

Al 31 de marzo de 2017, 1615 preventivos (el 4% de la población carcelaria) permanecieron detenidos por un período superior al máximo legalmente permitido, que es de dos años.

La mitad de los reclusos en prisión preventiva son retenidos durante tres meses o más, y un tercio durante tres a doce meses ¹.

En 2016, una mujer de alrededor de 30 años tuvo que esperar casi tres años para que se llevara a cabo su juicio.