El número de visitas que los presos pueden recibir por mes, la duración y el tipo (de contacto o no) dependen del nivel de seguridad de la prisión y del “grupo de delincuentes” al que están asignados.

Los reclusos se someten a un registro después de cada visita. Los visitantes se registran antes y después.

Todas las visitas son monitoreadas y deben realizarse a la vista y al alcance del oído de un guardia.

Para las visitas “sin contacto”, un vidrio separa a los reclusos de sus familiares.

Los visitantes pueden traer materiales de lectura a los reclusos y pueden comprar alimentos en el área de visita.

Las madres deben ser encarceladas cerca de sus familias para mantener los vínculos, pero no siempre es el caso. Las visitas conyugales existen en el papel pero son extremadamente raras en la práctica. En general, las mujeres no reciben tantas visitas como los hombres.

Para obtener más información sobre el sistema de visitas en las cárceles de Sudáfrica, lea nuestro testimonio, escrito por Derrick Thulani, fundador de la organización sin fines de lucro Zonk’izizwe Odds Development (ZOD).

Los reclusos pueden enviar y recibir un número ilimitado de cartas, pero los funcionarios controlan su contenido.

El acceso a las llamadas telefónicas depende de los privilegios que pueden obtener los penados según su categoría. Durante la semana, los reclusos tienen que hacer una solicitud verbal o escrita para hacer una llamada, que puede ser concedida o denegada. Durante el fin de semana, todos pueden hacer llamadas.

Las autoridades penitenciarias tienen permitido controlar las conversaciones telefónicas.

Los reclusos en las salas de segregación no pueden ver a sus familias ni comunicarse con ellas

Todos los reclusos son elegibles para la libertad condicional, incluso si están sentenciados a cadena perpetua (ver la sección “Cadena perpetua”.

Durante el período 2016/2017, más del 99% de los reclusos que beneficiaron de esta medida (51 161) respetaron su libertad condicional¹.

El Departamento de Servicios Correccionales (DCS) trabaja en la implementación del uso del régimen de vigilancia electrónica: 1454 personas fueron controladas electrónicamente durante el período 2016/2017² (870 durante 2015/2016)³.

El Departamento de Servicios Correccionales no informa adecuadamente a los reclusos de sus derechos. Por ejemplo, a los que están en confinamiento solitario no se les informa sobre su derecho a referir su caso al inspector penitenciario. Tampoco se les informa que los funcionarios de la prisión no pueden impedirles que se pongan en contacto con el inspector penitenciario.

Tanto la Ley de servicios penitenciarios 47 (CSA) como la Ley de procedimiento penal 48 no siempre están en consonancia con las normas mínimas para las instituciones correccionales establecidas en las Reglas Nelson Mandela o Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.

La Constitución de Sudáfrica. La Sección 35 (3) (g) de la Declaración de Derechos establece que toda persona acusada tiene derecho a tener un representante legal. Legal Assistance South Africa (Asistencia Jurídica Sudáfrica) proporciona asistencia jurídica financiada por el Estado. Para determinar si la persona califica para este servicio, se realiza una verificación de recursos. Por ejemplo, las personas solteras deben ganar menos de 5500 rands y los hogares menos de 6000 rands. Algunas infracciones de tráfico no son elegibles para la defensa pública (conducir sin licencia, conducir bajo la influencia de drogas o alcohol).

Para obtener más información sobre la defensa legal en Sudáfrica, consulte la guía elaborada por WitsJustice Project, “Lo que debe saber sobre su abogado”.

Sudáfrica ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT) en 1998. El país firmó el Protocolo Facultativo del CAT en 2006, pero aún no lo ha ratificado.

En la actualidad, solo los centros de detención están sujetos a un monitoreo regular e independiente por medio de un sistema de visitas integrado en la Inspección Judicial de Servicios Correccionales (JICS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, su falta de independencia y su mandato limitado se han señalado en el pasado ¹.