Al 1 de enero de 2022, las prisiones francesas, que cuentan con una capacidad de 60 749 plazas, albergaban a un total de 69 448 personas. La tasa de ocupación de las cárceles (maisons d’arrêt), en las que se aloja a la mayoría de los reclusos, superaba el 143 %. La Inspectora General de los Lugares de Privación de Libertad (CGLPL) alertó al ministro de Justicia sobre “el agotamiento físico y moral” de la población carcelaria, causado por mantenimiento de los dispositivos de separación durante las visitas, la falta de actividades socioculturales, el reducido o inexistente acceso al deporte y el cierre de las bibliotecas.
La CGLPL consideró que los esfuerzos para reducir la población carcelaria que se realizaron en 2020, al inicio de la crisis sanitaria, no son más que un lejano recuerdo. La inspectora puso de relieve el considerable aumento de la población carcelaria, que sobrepasó las 7000 personas en un año.
En febrero, el Consejo de Estado observó que las reparaciones y las medidas, ordenadas dos años antes, para mejorar la vida cotidiana de las personas privadas de libertad en la prisión de Numea no se llevaron a cabo. Las ventanas de las instalaciones no se remplazaron, y los menores no disponían de suministros de agua adecuados ni de productos antimosquitos o mosquiteros.
En marzo, la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos (CNCDH) publicó una opinión sobre la efectividad de los derechos fundamentales en prisión. La institución señaló las repetidas alertas acerca de la situación de las prisiones francesas y formuló 20 recomendaciones. Además, afirmó que “la inercia para resolver estas fallas cuestiona la voluntad política de las autoridades francesas”.
En junio, la sección francesa del Observatorio Internacional de Prisiones y Amnistía Internacional expresaron la misma opinión. Las dos organizaciones señalaron que Francia no había aplicado las mejoras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ordenó dos años antes.
Del 30 de mayo al 10 de junio, el equipo de la CGLPL visitó la prisión de Bordeaux-Gradignan. En este establecimiento, que presentaba una tasa de ocupación del 199 %, la mitad de la población reclusa eran personas en espera de juicio. Algunos módulos tenían hasta un 235 % de sobrepoblación. Durante la visita, se declaró un incendio que provocó la muerte de un hombre. La CGLPL formuló varias recomendaciones urgentes debido a las numerosas fallas observadas: atención médica insuficiente, insalubridad, presencia de plagas, falta de seguridad, salidas al patio insuficientes y falta de actividades. La inspectora afirmó que “el alojamiento de seres humanos en ese lugar debería prohibirse”.
En julio y agosto, las fuertes olas de calor que se registraron en el país empeoraron la situación de las prisiones. La administración penitenciaria puso en marcha el “plan canícula”, que enseñaba a los reclusos las precauciones que debían tomar, y les daba la posibilidad de comprar ventiladores, sombreros y shorts en el economato. Además, les otorgaba un mayor acceso a las duchas, que, por lo general, se limita a tres por semana. Esta iniciativa, sin embargo, se vio obstaculizada por el problema de la sobrepoblación. En la prisión de Nanterre, por ejemplo, cuatro personas compartían una celda de 15 m².
En septiembre, más de 600 personas de los ámbitos judicial, asociativo y político, que trabajan o intervienen en prisión, enviaron una carta abierta a la primera ministra para solicitar que se aprobara el acceso a internet para las personas privadas de libertad. Los interesados recordaron que las instituciones y las autoridades administrativas independientes estaban a favor de esta iniciativa.
En octubre, seis guardias condenados a una pena suspendida y a la prohibición de ejercer su profesión por haber golpeado a un recluso de la prisión de Moulins Yzeure (Allier) en 2014, fueron destituidos de sus funciones. El personal en cuestión permaneció en su puesto durante todo el proceso judicial debido a la presión que ejercieron sus organismos sindicales. Tras apelar la decisión en primera instancia, el Tribunal de Apelación pronunció una pena más severa. Un nuevo recurso se presentó ante el Tribunal de Casación, que lo desestimó en 2022.
A finales del mismo mes, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda que prolongó por cinco años la posibilidad de derogar la norma del alojamiento individual de las personas privadas de libertad. La ley de 1875 que prevé esta disposición nunca se ha aplicado en las prisiones del país y no se hará antes de 2027.
Al 1 de diciembre, las prisiones del país contaban con 72 836 reclusos, la cifra más alta jamás registrada.
El Parlamento aprobó el presupuesto de la administración penitenciaria, del cual 680 millones de euros se destinarán para ampliar la capacidad de las prisiones. Estos fondos se añaden a la deuda inmobiliaria estimada en cinco mil millones de euros. En los últimos 30 años, las autoridades francesas han creado 36 000 nuevas plazas. Sin embargo, hasta ahora, esta política de ampliación no ha logrado reducir la sobrepoblación de las prisiones.
