En marzo de 2023, la cifra de personas privadas de libertad en Sudáfrica se elevaba a 157 056, la más alta del continente. Si bien las condiciones de reclusión varían en todo el país, de manera general, los establecimientos carecen de infraestructuras adecuadas y presentan deficiencias en materia de higiene y de calidad de los alimentos.
La sobrepoblación es uno de los problemas más alarmantes de las cárceles y otros centros penitenciarios ubicados en las zonas urbanas. Al menos diez instituciones observan una tasa de ocupación superior al 200 %. Esta situación se debe a los retrasos de los tribunales, a la carga administrativa, a las sentencias mínimas, al limitado acceso a los programas obligatorios de liberación anticipada, y a la larga duración de la prisión preventiva, que puede ser de varios años. A ello se suman las dificultades financieras de muchos de los reclusos, que no logran pagar su fianza o la multa que se les impone para recuperar su libertad. Por otra parte, un número cada vez más alto de reclusos preventivos se mantienen por largos periodos en las celdas de las comisarías.
La pena de muerte se abolió en 1997. Sin embargo, desde entonces, para la mayoría de los delitos que se castigaban con la pena capital, se aplica la cadena perpetua, que observó un aumento del 4000 % entre 1995 y 2022.
En 2020, la administración penitenciaria puso en práctica nuevas medidas para el alojamiento de las personas LGBTQI+. Las organizaciones de la sociedad civil siguen trabajando para que se atiendan las necesidades específicas de este colectivo.
En 2011, la administración penitenciaria instauró nuevas políticas para luchar contra el abuso sexual. No obstante, este problema, que afecta sobre todo a los grupos más vulnerables, no cesa de agravarse. La delincuencia organizada, la violencia de las pandillas y la corrupción se han consolidado en algunas prisiones, una situación que se exacerba debido a la sobrepoblación y a la falta de personal penitenciario.
La Comisión Sudafricana de Derechos Humanos (South African Human Rigths Commission, SAHRC) es la entidad encargada de coordinar el MNP, que consta de cuatro instituciones. Una de ellas es la Inspección Judicial de los Servicios Correccionales (Judicial Inspectorate for Correctional Services, JICS), responsable de monitorear las condiciones de reclusión en las cárceles. El Ministerio de Justicia y la administración penitenciaria aseguran la supervisión y la financiación de la JICS, que lucha desde su creación, en 1998, por obtener su independencia, y presiona para que se tramite una legislación que resuelva los problemas estructurales derivados de este funcionamiento.
El régimen de aislamiento solitario se prohibió en 2008 y se remplazó por la “separación” (segregation). Sin embargo, en la práctica, no existe ninguna diferencia entre estas dos medidas. El aislamiento prolongado es un tema que despierta gran preocupación, ya que, en dos de las prisiones de máxima seguridad del país, este puede durar varios años.
Las personas declaradas inimputables por enfermedad mental o discapacidad intelectual se conocen como ‘pacientes del Estado’. Debido a la falta de plazas en las instituciones psiquiátricas, estas personas suelen pasar periodos indefinidos en prisión, a pesar de que los guardias no tienen los conocimientos necesarios para atenderlas.
La atención sanitaria presenta varios problemas sistémicos, como largos periodos de espera, acceso reducido a los especialistas, tratamientos inadecuados, falta de recursos, y escasez de personal médico. No obstante, en los últimos años, se ha observado un considerable progreso en lo que respecta la prevención y el acceso a tratamientos contra el VIH y la tuberculosis.
