"Entrar en un aula era como salir de la cárcel"

Los programas de educación en prisión están ganando popularidad a medida que los países buscan formas alternativas de impartir una justicia en un contexto de aumento de la población carcelaria mundial. En Argentina, por ejemplo, el número de personas encarceladas se cuadruplicó entre 1996 y 2022. La mayoría están en prisión preventiva, sin condena. Casi todos proceden de entornos marginalizados, con dificultades para acceder a la educación. El impacto del encarcelamiento es especialmente duro para las mujeres, que suelen ser cabeza de familia, y para las personas transexuales, que se enfrentan a formas de discriminación que se entrecruzan. La situación en Argentina es ilustrativa de lo que ocurre en las cárceles de toda Latinoamérica, y del mundo.

Quienes trabajan en proyectos de educación en cárceles afirman que el aprendizaje es una parte esencial de cualquier estrategia que pretenda avanzar en la justicia social y reducir la violencia. Uno de ellas es Baz Dreisinger, periodista, escritora y fundadora de Incarcerations Nations Network (INN), una organización con presencia en una docena de países de todo el mundo que investiga, difunde y promueve iniciativas innovadoras de reforma penitenciaria y justicia.

Dreisinger lo ha visto todo. Desde programas de literatura y teatro en cárceles de mujeres de Tailandia hasta proyectos de justicia restaurativa entre víctimas del genocidio ruandés y sus agresores, pasando por la educación en centros de reclusión semiabiertos de Australia.

“Hay muchos programas en todo el mundo que me impresionan. Los de Justice Defenders en Kenia y Uganda, que ofrecen carreras de Derecho, por ejemplo, son revolucionarios porque capacitan a las personas encarceladas y a sus comunidades, que también acaban beneficiándose de estas nuevas aptitudes. En Estados Unidos también hay muy buenos ejemplos de programas que se rediseñaron con la idea de la reinserción, de ayudar a los presos a completar sus estudios cuando regresan a sus comunidades y así beneficiarlas también a ellas”, explica Dreisinger.

Dyjuan Tatro, responsable de asuntos gubernamentales de la Bard Prison Initiative, afirma que la educación en prisión en Estados Unidos, uno de los países con mayor índice de encarcelamiento del mundo, ayuda a las personas encarceladas a superar el racismo y la pobreza que las relegaron a las peores escuelas y las encaminaron hacia los peores resultados, incluyendo, en algunos casos, el encarcelamiento. “La educación cambia radicalmente la trayectoria de una vida. Las personas que obtienen un título en prisión no sólo tienen uno de los índices de reincidencia más bajos, sino que, lo que es más importante, obtienen los mejores resultados tras su puesta en libertad”, explica.

Al igual que Cepeda en Argentina, Tatro afirma que poder estudiar mientras estaba en prisión le dio un gran objetivo por el que trabajar. “Las prisiones destruyen el orgullo de una persona. Las cárceles aíslan y marginan a la gente aún más de lo que ya estaban. Entrar en una clase de Bard fue como salir de la cárcel, liberó mi mente y mi alma. Ser estudiante, y no preso, me hacía sentir orgulloso. Sentarme en esas aulas me conectaba con mis compañeros y con el mundo. La universidad es la antítesis de la cárcel.”

Los programas más exitosos son los que tienden a ir más allá de los aspectos puramente académicos. Es lo que Ramiro Gual, investigador y profesor de Derecho en Argentina, que imparte clases en Devoto desde 2016, denomina “construcción de ciudadanía”. “En Argentina, la gestión (de los programas de educación) queda en mano de los alumnos y ahí es donde generan un montón de capacidades, de saberes que les permiten, el día de mañana, armar su propio proyecto, su cooperativa, por ejemplo”, explica Gual.

En Argentina, el CUD y el CUSAM, una universidad que funciona en la Unidad 48 de San Martín, en el Gran Buenos Aires, tienen centros de estudiantes que funcionan de forma independiente, con normas y elecciones de representantes que interceden ante las autoridades cuando los estudiantes tienen pedidos específicos. De este modo, los programas no sólo crean profesionales, sino también ciudadanos capaces de defender sus derechos y los de sus comunidades.

“La educación es una forma de liberación, de transformación,” dice Anayaci Fregozo Centeno, de la Universidad de Guadalajara en México, quien dicta clases en varios centros de detención. Dice que el principal desafío es asegurar que la educación que se ofrece dentro de las cárceles apunte a la emancipación.

“Hay que ofrecer algo que les ayude a tomar decisiones, a exigir derechos, pensar en la educación para construir pensamiento crítico. En México ese es un camino para la paz”.

Recuperar la libertad es un proceso complejo para la mayoría de las personas que pasan por la experiencia del encarcelamiento. Los Estados suelen prestar poco apoyo a quienes necesitan reencontrarse con sus familias y comunidades, o encontrar trabajo, lo que resulta especialmente difícil para las personas con antecedentes penales. En Argentina, existe una agencia gubernamental que, en teoría, debería acompañar el proceso, ayudar a las personas que pasaron un tiempo privadas de libertad a encontrar trabajo y recuperar sus vínculos sociales. En la práctica, la falta de fondos y, en algunos casos, de voluntad política en un contexto de crisis económica, no ayuda.

Cuando, en 2016, Diego Cepeda empezó a considerar sus opciones y lo que vendría después del encierro, vio que los abogados que estudiaban en el CUD tenían más posibilidades de trabajar porque podían hacerlo de manera independiente, a pesar de tener antecedentes penales.

Ser estudiante de Derecho también le ayudó en el pabellón. “Les fui sirviendo a los pibes del pabellón porque llevaba información. En el CUD podía consultar el Código Penal, hacer preguntas sobre sus casos, les servía como asesor”, explica.

Al estudiar derecho, pudo manejar mejor su propio proceso legal y ayudar a otras personas privadas de libertad con reclamos individuales y colectivos. Hoy, entre sus clientes hay personas actualmente alojadas en Devoto. Lo eligen porque entiende, por experiencia, lo que necesitan.

Cepeda se graduó en 2021, cuando las medidas de aislamiento de la pandemia aún estaban vigentes en las cárceles argentinas. Fue liberado unos meses después.

Silvana Ortiz, que fue liberada de la Unidad 46 de San Martín hace un año y medio, dice que, para las mujeres, que en su mayoría son jefas de hogar, los desafíos que vienen después de salir de prisión pueden ser aún mayores. “Cuando salí busqué trabajo por todos lados, pero no había nada. En el patronato me habían dicho que me iban a ayudar, pero no salía nada. Hay muchos casos de mujeres que por esto mismo después de salir en libertad dicen que estaban mejor en la cárcel que fuera”, dice.

Las cosas cambiaron cuando alguien le recomendó que se acercara a Esquina Libertad, una cooperativa de impresión y producción audiovisual integrada por internos y ex internos y sus familiares. Coope, como la llaman todos, se formó en 2010 en respuesta a una necesidad que habían detectado varios familiares de personas privadas de su libertad durante conversaciones que mantuvieron mientras hacían fila afuera de la cárcel de Devoto. Hoy emplea a unas 500 personas y colabora estrechamente con proyectos educativos en media docena de cárceles, entre ellas Devoto y San Martín, donde funciona el CUSAM.

Unas 185 personas privadas de libertad estudian actualmente en el CUD de Buenos Aires. Más de 800 cursan otros estudios en Devoto. El CUD no tiene cupo límite. El único requisito es haber terminado el bachillerato. Paradójicamente, la demanda no desborda la capacidad del espacio. El compromiso y la dinámica del lugar no son para todos.

Conseguir alumnos no es el único reto al que se enfrentan los programas educativos en el contexto de encierro. En Argentina, por ejemplo, la falta de recursos es un gran obstáculo, ya que los programas en general no tienen presupuestos propios. Su financiación depende de lo que cada facultad pueda dedicarles y, en gran medida, del compromiso personal del profesorado.

Gual afirma que cuando se recortan los presupuestos, el principal impacto se observa en las condiciones de vida en las prisiones. “Si las condiciones de vida en las cárceles empeoran, ¿quién va a estar en condiciones de proyectar en su futuro hacer la secundaria, terminarla y entrar en un programa universitario?”, explica. Las preguntas sobre el futuro son una constante en las conversaciones con profesores, alumnos y presos liberados. Gual afirma que, a pesar de todo, optan seguir construyendo para el futuro.

Dreisinger afirma que la lista de retos a los que se enfrentan los programas de educación en las prisiones comienza con la dicotomía entre dos instituciones que tienen propósitos opuestos: “Están las universidades, que promueven la libertad, y las prisiones, que existen para el confinamiento y los proyectos que intentan trabajar con una población que, en la mayoría de los casos, ha sobrevivido a grandes traumas.

Además, está lo que ocurre en el exterior, después de que las personas recuperan su libertad. “La cuestión de la reinserción es uno de los principales retos a los que se enfrentan la mayoría de los programas educativos. Se está haciendo un trabajo muy bueno dentro de las cárceles, pero en la mayoría de los casos no se hace lo suficiente para mantener el contacto con los estudiantes cuando salen y se enfrentan a los mayores retos”, afirma Dreisinger.

La crisis también afecta a quienes se recibieron. Cepeda, quien se recibió de abogado penalista en el CUD, por ejemplo, ya tiene clientes, pero encontrar trabajo no siempre es fácil. “La experiencia en la cárcel, y en el después, es abismalmente diferente entre quienes tienen acceso al estudio y los que no. Un título no te hace más o mejor que nadie, pero te cambia la vida”, dice, mientras se prepara para volver a Devoto a visitar a sus representados, quien lo llaman porque saben que habla desde la experiencia vivida.

Ricardo Alfonso Cepeda Orozco, doctorando en gestión educativa de la Universidad de Guadalajara en México, afirma que la experiencia de las personas que han cursado estudios en contextos de reclusión es clave para animar a otras a estudiar. “Tengo un amigo que estuvo en prisión casi toda su vida, salió y entró en la universidad. Ahora está casi terminando su doctorado y va a las prisiones en California y da clases de poesía, literatura y arte y a través de esa experiencia ayuda a cambiar la vida de otros jóvenes porque ellos son personas de su misma comunidad que lo ven teniendo éxito y varios de esos chicos ya están en la universidad o están haciendo otras cosas”.

“A medida que he visto programas educativos de mayor calidad para personas encarceladas y ex encarceladas, veo cómo personas que han sido incriminadas en lo peor de lo peor lideran la transformación social de su comunidad y, con razón, culpan a los problemas sociales que perpetuaron el encarcelamiento masivo y una creciente Estado policial violento”. Los programas educativos luchan por mantener su espacio mientras las políticas punitivas ganan popularidad en casi todo el mundo. Quienes están detrás de los programas saben que la propuesta no siempre es popular, pero que la gente tiene que entender el beneficio que aporta.

“La gente tiene la fantasía de que cuando alguien sale de la cárcel después de 15 años viviendo en condiciones terribles y tiene antecedentes penales por otros 10 años que después de todo eso de alguna manera podrá encontrar un trabajo de oficina bien remunerado en una zona agradable de la ciudad”, dice Matías Bruno, profesor del CUSAM. “Pero eso no es lo que pasa. En CUSAM proponemos un enfoque diferente. La educación, finalmente, es la mejor política de seguridad porque le da a la gente las herramientas necesarias para alejarse del delito.”