Las personas en prisión provisional deberían estar, en teoría, en celdas individuales y los condenados en celdas colectivas. En la práctica todos los prisioneros están en celdas colectivas.

Los detenidos se alojan en dormitorios, también en los centros de nueva construcción. A veces duermen dos o tres prisioneros por metro cuadrado.

La asignación de espacio en el dormitorio depende de la antigüedad de los prisioneros. Los prisioneros de larga duración tienen acceso a algunas literas, con TV y radio. Los prisioneros llaman a este modo de detención “el hotel”. Esta asignación también depende de las relaciones entre los prisioneros y las capacidades financieras de cada uno. Cada prisionero debe pagar al prisionero encargado del dormitorio una especie de “renta” variable según la ubicación.

En la prisión de Parakou, los prisioneros deben pagar  una renta de 3500 F (5,32 €). Incluye el alojamiento, la estera, el vaciado de las latas del inodoro y el barrido de las celdas o dormitorios. Los prisioneros de la prisión de Abomey pagan un suplemento por dormir fuera o permanecer fuera de las celdas hasta que se cierren las puertas.

Los “prisioneros privilegiados” duermen pegados a las paredes. Pueden levantarse por la noche y moverse libremente por un estrecho corredor. La mayoría de los prisioneros duermen en el centro del dormitorio. Se llaman “acostados inmovilizados” porque duermen con la cabeza frente a los pies del compañero. No pueden moverse por la noche. Los “ inmovilizados en cuclillas“ duermen en la entrada de los dormitorios. No pueden estirar las extremidades ni partes del cuerpo por la falta de espacio necesario y, por lo tanto, duermen en cuclillas. Estos prisioneros pueden permanecer asignados en estos lugares de los dormitorios por períodos de hasta 12 meses. El calor puede ser muy fuerte, teniendo en cuenta las condiciones de confinamiento. Los ventiladores del aire que se utilizan a menudo son insuficientes. Los prisioneros a menudo se desmayan, o incluso mueren por asfixia, lo que ocurre especialmente en situaciones de corte de energía.

La Prisión Civil de Cotonú tiene 14 dormitorios en el área destinada a los prisioneros masculinos (conocida como “general”) y una cantidad no especificada de dormitorios en la zona destinada a mujeres y niños. Algunos dormitorios del área general se asignan a los prisioneros más ricos (conocidos como la “Casa Blanca” o el “Rotario”).

En teoría, cada prisionero tiene derecho a dos comidas al día.

Se encargan de la comida proveedores de servicios seleccionados por concurso. Algunos de estos proveedores deben suspender sus servicios debido a la falta de pago por parte del Estado.

Los prisioneros se quejan de comidas de mala calidad e insuficientes. Las dos comidas diarias se distribuyen al mismo tiempo, entre las 15 y las 16 horas. Los proveedores, el personal penitenciario y algunos prisioneros seleccionados son responsables de la distribución de alimentos a los prisioneros.

El tráfico de alimentos y bebidas está estrictamente prohibido. Un sistema de compra de alimentos es administrado por la jerarquía de prisioneros. Los comerciantes de los mercados locales van a las prisiones para vender sus alimentos o comidas precocinadas. Los precios de estos alimentos y comidas a menudo son más elevadas que los precios de los mismos alimentos y comidas fuera de las prisiones.

La comida de los prisioneros que están bajo la custodia policial no está prevista por el Estado. Las familias, la policía o los gendarmes son los que les suelen proporcionar los alimentos.

El apoyo familiar permite a los prisioneros completar su ración de alimentos. Algunos detenidos también obtienen alimentos adicionales a través de las diversas “regalías” que reciben de otros prisioneros, como la renta. Los sistemas de solidaridad se establecen en un dormitorio o en un área de la prisión con el fin de proporcionar un complemento alimenticio a todos sus miembros, incluidos aquellos que no tengan ningún tipo de apoyo familiar.

La ubicación de la prisión juega un papel vital en el acceso a la comida. La prisión de Akpro-Missérété se encuentra a las afueras de la ciudad, lo que impide que los prisioneros puedan complementar sus raciones diarias de alimentos por medio de comerciantes externos.

Las fuentes de agua se encuentran fuera de la mayoría de los edificios de la prisión. Los prisioneros solo tienen acceso al agua durante el día. Los prisioneros de la prisión de Abomey protestaron, en abril de 2016, debido a la escasez de fuentes de agua (agua potable, agua de baño, etc).

Las condiciones de detención favorecen la aparición y proliferación de enfermedades infecciosas: malaria, enfermedades pulmonares y dermatitis.

No se ha puesto en marcha ningún mecanismo frente al riesgo importante de epidemias. Las habitaciones de aislamiento médico se utilizan independientemente de la patología que sufran los prisioneros enfermos. En la prisión de Porto-Novo hay pacientes psiquiátricos.

Los baños a menudo son letrinas impermeables. Son comunes y están instalados en el patio central de la prisión. No hay lugares reservados para lavarse las manos. El Ministerio de Justicia, Legislación y Derechos Humanos no paga a los responsables del vaciado de las letrinas. Por lo tanto, son los prisioneros quienes tienen que encargarse de ello. Esto aumenta los riesgos de contaminación fecal-oral dentro de la prisión.

La distribución semanal de jabón y otros artículos necesarios ha sido ineficaz desde 2014.

Se instaló un vertedero de basura en el medio del patio de la prisión de Porto-Novo y Cotonou.

Los cubos de basura se entierran fuera de la prisión.

Los productos de mantenimiento no se reparten desde 2015. Esto contribuye a la proliferación de parásitos, pulgas, insectos y ratas que son quienes contagian las enfermedades parasitarias e infecciosas.

El Ministerio de Justicia, Legislación y Derechos Humanos (MJLDH) es responsable de la gestión y financiación del sistema de salud penitenciario. Esta financiación es insuficiente: la tasa de implementación del presupuesto total asignado a las prisiones en 2015 es del 26,1%. El Ministerio de Salud puede intervenir con la autorización del MOHLTC.

Un médico, el jefe del distrito médico, debe:

• supervisar las prisiones dentro de su jurisdicción,
• visitar las prisiones al menos una vez cada dos semanas,
• proponer medidas correctivas si es necesario.

Cada una de las prisiones tienen una enfermería, sin embargo estas carecen de las necesidades básicas y por lo tanto no cumplen con los estándares internacionales requeridos. Las enfermeras son reclutadas por el MJLDH. Las enfermeras no reciben ninguna formación adecuada a su entorno de trabajo y tareas laborales. Las enfermeras no están incluidas en la formación del Ministerio de Salud. Las enfermeras son asistidas por otros prisioneros que les ayudan a realizar sus tareas.

Los prisioneros deben apuntarse en la secretaria del edificio con uno o dos días de antelación para una consulta médica en la enfermería de la prisión, excepto en casos de extrema urgencia. Los días de consultas médicas se asignan de acuerdo con la “categoría” de los prisioneros. No hay servicio de guardia por la noche. Las enfermeras no atienden a los prisioneros que se encuentran en las celdas disciplinarias.

Solo tres de cada diez enfermerías de las prisiones utilizan el material médico recomendado por el Sistema Nacional de Información y Gestión de la Salud para la recopilación de datos (registros, archivos de pacientes que en muchas ocasiones no existen, informes médicos de los pacientes, etc.). Las enfermeras no están debidamente formadas para su utilización.

La atención médica en las prisiones es normalmente gratuita cuando es accesible. Cuando los detenidos son trasladados al hospital, deben pagar las medicinas prescritas.

El porcentaje de prisioneros que declaran no ejercer su derecho a atención y tratamientos médicos de las prisiones alcanza el 94,3%. Las principales razones son las dificultades de acceso a los servicios de salud y médicos, la falta de disponibilidad de enfermeras, así como la escasez de medicamentos esenciales. A veces, se envían a las prisiones medicinas caducadas.

Dada la dificultad de acceso a atención médica, surge una economía paralela. Se establece una cuota económica para acceder a la primera consulta médica a la enfermería de las prisiones, y se crean organizaciones dentro y fuera de las prisiones para el acceso a medicinas (medicamentos que llevan los familiares, venta interna entre los prisioneros). A veces se utilizan las hierbas medicinales.

En las prisiones no hay ningún psicólogo.

Solo la prisión de Akpro-Missérété tiene un transporte médico que también se utiliza para el traslado de prisioneros.

Las prisiones de Abomey-Calavi, Cotonou, Kandi, Natitingou y Parakou obligan a los nuevos prisioneros a pasar una consulta médica de control.

En 2016 hay dos programas de salud dentro de las prisiones: el Programa Nacional de lucha contra el SIDA y el Programa Nacional de lucha contra la Tuberculosis; sin embargo, no existe una detección sistemática de tuberculosis, virus de la hepatitis B y/o virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), ni a la llegada del prisionero, ni durante el encarcelamiento ni cuando los prisioneros son finalmente liberados. Las ONG acuden cada seis meses a estas diez prisiones para realizar pruebas de VIH como parte del Programa de lucha contra el SIDA.

El trabajo forzado aparece como una pena en el código penal [^ trabajos]. Los convictos cumplen sus condenas en prisión. [^ trabaja]: Artículo 15 del Código Penal de 1954.

La administración penitenciaria autoriza la intervención de ONG para ayudar a la reintegración social de los prisioneros, fundamentalmente:

• Los Centros Don Bosco

• La Hermandad de Prisiones

• Prisioneros sin fronteras

• El Instituto de las Hijas de María Auxiliadora

• Las Hermanas Salesianas de Don Bosco

La Liga de Derechos Humanos de Benín, la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), Amnistía Internacional Benín y la Asociación de Víctimas de la Tortura trabajan para denunciar las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las condiciones de los detenidos y los sometidos a custodia policial. Han puesto en marcha campañas de sensibilización, acciones dentro de los centros de detención y también visitan las prisiones.

El Defensor del Pueblo de la República, creado por la ley del 11 de agosto de 2009, recibe numerosas denuncias de detenidos sobre las condiciones de la prisión y el mal funcionamiento judicial. Visitó todas las prisiones en 2010 y 2012.

En la prisión de Cotonou hay treinta soldados encargados de la seguridad en todo el centro. Apoyan al personal de las prisiones para trasladar a los detenidos (para recibir atención hospitalaria o comparecer ante los tribunales) y también ayudan en el caso de registros exhaustivos.