La pena de muerte sigue vigente en la actualidad.

No ha habido ninguna ejecución desde 1997.

En 2015 se pronunciaron más de 91 condenas a muerte, 89 de ellas por terrorismo. Solo una mujer fue condenada. Amnistía Internacional informa que, en 2016, “los tribunales militares de la ciudad de Maroua, en el norte del país, pronunciaron al menos 160 sentencias de pena de muerte” ¹ por infracciones relacionadas con el terrorismo.

La pena de muerte puede pronunciarse en los siguientes casos:

• Amenaza para la seguridad nacional.
• Asesinato o complicidad de asesinato.
• Robo con agravantes.
• Ataque terrorista (desde la puesta en vigor de la Ley Antiterrorista ² de 2014).

El Código Penal contempla la cadena perpetua.

Los condenados pueden solicitar un cambio de la cadena perpetua por una pena más corta. La reducción de la pena se aplica en contadas ocasiones, ya que la mayoría de los detenidos no cuentan con medios económicos. Los procedimientos son largos y costosos. Algunos detenidos privilegiados recurren a la corrupción para acelerar el proceso de sus expedientes

El Ministerio de Justicia indica que en 2015 se registraron 184 muertes, 36 como consecuencia de enfermedades no detectadas y el resto “causadas por síndrome infeccioso, anemia, insuficiencia cardiaca e infecciones pulmonares, entre otras” ¹.

No se ha puesto en tela de juicio a la administración penitenciaria por dichas muertes.

Las muertes se deben, la mayoría de las veces, a las malas condiciones de detención (superpoblación, falta de asistencia médica, propagación de enfermedades y malnutrición.

La prisión central de Maroua, en la región del extremo norte del país, cuenta con una tasa de ocupación muy elevada, que ascendía a un 230% en 2015. Los casos de fallecimiento son frecuentes.

En diciembre de 2014, más de 200 personas fueron detenidas en los pueblos de Magdémé y de Doublé durante una operación masiva de arrestos. Algunas de ellas fueron recluidas en celdas improvisadas debido a la falta de espacio.

Las condiciones extremas de vida en la prisión de Tcholliré provocan numerosas muertes. Célestin Yandal (enlace en francés) presidente del Colectivo de Jóvenes de Touboro y antiguo detenido en dicha prisión, da su testimonio: “Las prisiones camerunesas, principalmente las de Garoua y Tcholliré, son auténticos morideros […] ¿Cómo es posible que en prisiones construidas para acoger menos de 1000 detenidos acojan hoy en día a miles de ellos? En Tcholliré, donde me encontraba desde abril de 2015, al menos cinco detenidos perdían la vida cada semana por culpa de las malas condiciones de vida. Antes de mi salida, el 21 de septiembre de 2015, murió otro detenido”.

Al menos 29 personas fueron torturadas en un lugar de detención secreto entre el 2014 y el 2015.

Al menos seis personas murieron a causa de la tortura (enlace en español) .

La administración penitenciaria no ha declarado o identificado ningún caso de suicidio, como tal. Las personas de riesgo no se benefician de escolta.

La tortura y el trato cruel, inhumano o denigrante están prohibidos por la Constitución de Camerún.

En 1996 Camerún firmó la “Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Denigrantes”.

Los malos tratos están sancionados con medidas disciplinarias. Pero en la práctica, se sanciona a muy pocos miembros del personal.

El personal penitenciario recurre a la tortura física (enlace en inglés). Amnistía Internacional subraya, en su informe de 2015, que los vigilantes de prisión ejercen de forma regular la violencia a través de un trato inhumano y denigrante hacia los prisioneros.

Los abusos sexuales (enlace en inglés) son frecuentes, tanto por parte de los vigilantes como entre los detenidos.

Aristus Beba (enlace en inglés) está detenido en la prisión central de Yaundé desde hace cinco años. En octubre de 2015, declaró que había sido objeto de palizas, que fue forzado a limpiar las letrinas y que le robaron sus raciones de comida.

En ocasiones, los reclusos permanecen encadenados en celdas de aislamiento durante días, o incluso meses, en unas condiciones inhumanas y denigrantes. Hay treinta y tres prisioneros encadenados desde su traslado, en 2015, en Maroua, en el extremo norte del país.

Hamadou Nassourou fue víctima, en abril de 2015, de tratos crueles y denigrantes por parte de los vigilantes de la prisión de Maroua, en donde se encontraba a la espera de que la Audiencia Provincial se pronunciara sobre el recurso que había interpuesto. Fue encadenada y encerrada en un calabozo, y le raparon la cabeza a modo de tortura psicológica.

La tortura y los malos tratos se ejercen en lugares de detención secretos¹. Según Amnistía (enlace en francés): “Después de una sesión de tortura, me arrojaron a una celda con otras 40 o 50 personas. Había manchas de sangre en las paredes, ya que las personas torturadas volvían a sus celdas completamente exhaustas y arrastrándose por las paredes”.

Veintinueve personas fueron torturadas con palos, látigos y machetes entre noviembre de 2014 y octubre de 2015. Los actos de tortura se cometen, en la mayoría de los casos, en lugares de detención ilegales, principalmente en las bases militares del “Batallón de Intervención Rápida” (BIR) ² de Maroua y Mora.

Un recluso de la prisión de Salak declara haber visto, ante Amnistía Internacional, cómo torturaban a su hijo durante diez días y cómo golpeaban a otros dos reclusos hasta la muerte. “Un hombre vestido con el uniforme de la BIR nos interrogó a todos, uno a uno, en la misma sala. Otros dos hombres vestidos de civil se encargaban de propinar palizas e infligir otro tipo de torturas. Ese día dos presos fueron golpeados tan severamente que murieron frente a nosotros. Los hombres vestidos de civil los patearon, los abofetearon con violencia y los golpearon con palos” ³

El Código Penal prohíbe los arrestos sin auto de prisión.

Las detenciones arbitrarias son corrientes en las comisarías, principalmente en las grandes ciudades del país.

En ocasiones, se efectúan arrestos arbitrarios con fines de extorsión. En los llamados “arrestos del viernes” (enlace en inglés) los agentes de las fuerzas del orden exigen a las personas detenidas una suma de dinero a cambio de su liberación antes del lunes. En ciertos casos el arresto puede prolongarse.

Más del 50% de la población penitenciaria está a la espera de juicio. La ley prevé un plazo máximo de prisión preventiva de 18 meses. En la práctica, este puede prolongarse hasta 10 años como consecuencia del mal funcionamiento de la Justicia.

Los casos de arrestos arbitrarios se han multiplicado en el marco de la lucha contra el grupo armado Boko Haram, sobre todo en el norte del país. Amnistía Internacional indica que el año 2015 se cerró con un balance de más de 20 000 arrestos arbitrarios y 17 casos de desaparición forzada.

Se han registrado varios casos de detención secreta (enlace en francés).

Al menos 20 emplazamientos secretos han sido registrados (enlace en francés) por Amnistía Internacional, principalmente los pertenecientes al BIR en Slak, cerca de Maroua; dos centros de los servicios de inteligencia de Camerún, la Dirección General de Investigación Exterior (DGRE), en Yaundé; una residencia privada y una escuela en Fotokol.

Los menores también pueden ser objeto de arrestos arbitrarios. El 20 de diciembre de 2014, 84 niños fueron detenidos tras una redada de las fuerzas del orden en las escuelas coránicas de la ciudad de Guirvidig. Entre ellos, 47 tenían menos de 10 años, otros contaban apenas con cinco y solo tres tenían más de 15 años. Estuvieron detenidos los seis meses siguientes en un centro de detención para menores en Maroua (región del extremo norte). Cuarenta y tres hombres – entre los cuales se encontraban numerosos profesores – también fueron arrestados en la misma redada. Las autoridades afirman que las escuelas en cuestión sirven de tapadera para los “campos de entrenamiento de Boko Haram”.