La administración penitenciaria publica sus estadísticas cada tres años.

El número de detenidos se eleva a 27 997 presos en 2016 (enlace en inglés).

La tasa de encarcelamiento es de 115 por cada 100 000 habitantes (para una población de 24 millones de habitantes)

El número de personas detenidas ha aumentado desde 2002 (enlace en inglés). La tasa de encarcelados, al contrario, disminuye desde 2005, ya que el crecimiento demográfico es superior al incremento del número de personas encarceladas.

La tasa de ocupación global fue, en 2016, de un 163.8%. Sin embargo, la tasa varía de una prisión a otra. Algunos centros penitenciarios presentan tasas de ocupación muy elevadas. La prisión de Douala, con una capacidad de acogida para 800 personas, acoge 5000 reclusos, es decir, una tasa de ocupación del 625%. La prisión de Yaundé, en 2016, presentaba una tasa de ocupación del 400%. La prisión central de Maroua alberga, en general, más del 200% de su capacidad de acogida inicial.

Los centros penitenciarios de las regiones anglófonas (noroeste) presentan tasas de ocupación menos elevadas; por lo general, inferiores al 100 % en 2010.

Dentro de una misma prisión, la superpoblación es más o menos densa en función de los diferentes módulos. Los módulos 8 y 9 de la prisión central de Yaundé, por ejemplo, son los que acogen una mayor cantidad de reclusos.

En enero de 2016, el porcentaje de personas en prisión preventiva se elevó al 55.8% principalmente a causa de la lentitud del sistema judicial. Los periodos de prisión preventiva sobrepasan a menudo el plazo legal establecido ¹. Los acusados no están separados de los condenados. La mayoría de la población de numerosos centros de detención, como el de Maroua, está a la espera de juicio.

Los detenidos se distribuyen en las diferentes prisiones y módulos según varios criterios. En la prisión central de Douala, por ejemplo, las personas se separan en función de distintas categorías: menores o mayores de edad, hombres o mujeres, personas de la tercera edad, condenados a muerte, enfermos contagiosos, etc.

Los prisioneros pertenecen en su mayoría a los grupos más desfavorecidos de la sociedad.

El número de mujeres recluidas, según datos del 31 de diciembre de 2015, es de 697 (el 2.5% de la población carcelaria). Un 61% de ellas están a la espera de juicio ¹.

La ley prevé la separación efectiva entre hombres y mujeres. Pero en la práctica, se producen diferentes tipos de transacciones sexuales y violentas. Solo dos establecimientos están exclusivamente destinados a las mujeres.

Las detenidas tienen dificultades para mantener los vínculos familiares. En general, reciben menos visitas que los hombres.

Las reclusas son, en su mayoría, madres de familia: el 80% de ellas tiene al menos un hijo. La gran mayoría están solteras. A pesar de su reclusión, las mujeres siguen siendo una fuente de ingresos para sus hogares. Una gran parte de ellas realiza objetos destinados a la venta. Los beneficios de este comercio les permiten enviar dinero a sus familias.

Las mujeres no disfrutan de un régimen de detención adecuado a sus necesidades específicas. Gaelle, recluida (enlace en francés) en la prisión central de Douala en 2016, cuenta que durante el periodo menstrual utilizaba papel higiénico a modo de compresa. Tenía que cambiarse al menos seis veces al día.

Las autoridades carcelarias no suelen cubrir las necesidades nutricionales específicas de las mujeres embarazadas y de las mujeres en periodo de lactancia. A veces, los recién nacidos vienen al mundo en prisión en condiciones de higiene precarias. El personal penitenciario no siempre dispone de los conocimientos médicos necesarios.

Los lactantes pueden quedarse con sus madres hasta los 18 meses. Tienen derecho a atención médica y acceso a agua y alimentos. Una asociación creada para mantener los lazos familiares entre los padres encarcelados y sus hijos los llevan, una vez al mes, al hospital para que se les proporcionen los cuidados médicos básicos.

Madres e hijos deben, como consecuencia de la superpoblación, compartir celda con otros adultos, a veces incluso de género masculino. Los niños son más vulnerables ante los malos tratos.

La Justicia de los menores depende del Ministerio de Asuntos Sociales.

La edad de responsabilidad penal está fijada en 12 años. La mayoría penal se alcanza a los 18 años. La detención de niños menores de doce años es frecuente. Se han señalado casos de detención de menores que contaban con solo cinco años. (ver sección “Detención arbitraria”.

Según datos del 31 de diciembre de 2015, el número de menores detenidos se eleva a 823. El 82.4% de ellos están a la espera de juicio. La duración media del plazo de prisión preventiva es de 199.2 días y puede prolongarse hasta dos años (enlace en francés).

Por lo general, los menores y los adultos se encuentran separados conforme a lo dispuesto en el Código Penal. Algunos centros penitenciarios están dedicados exclusivamente a la acogida de menores. Igualmente, pueden estar detenidos en módulos habilitados para la acogida de menores en el interior de un centro para adultos. Los menores tienen trato con los adultos, principalmente en los pasillos. Los casos de abusos físicos, sexuales o de tráfico se ven facilitados por esta falta de separación.

El Código de Procedimiento Penal no contempla ninguna medida alternativa a la privación de libertad para los menores en situación de conflicto con la ley. Tampoco se benefician de un seguimiento una vez liberados. El régimen de detención reservado a los menores es similar al de los adultos. Se les retira del sistema escolar (enlace en francés). En algunas prisiones intervienen participantes externos que imparten formación académica para paliar las consecuencias de su retirada del sistema escolar. En la prisión central de Yaundé, algunas ONG organizan salidas y proponen un seguimiento social o administrativo.

Los extranjeros representaban el 3.1% de la población carcelaria en 2014. Su número ascendió a 1511 según datos del 31 de diciembre de 2015 (el 5.4%). En su mayoría son originarios de países vecinos (por ejemplo, El Chad o la República Centroafricana). En consecuencia, se encuentran a menudo alejados de sus familias. En la región del extremo norte, los extranjeros pueden ser confundidos con combatientes de Boko Haram.

El Código Penal sanciona las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con penas que oscilan entre los seis meses y los cinco años de prisión, y con multas de entre 20 000 y 200 000 francos CFA (es decir, entre 30 y 300 euros) ¹. La transexualidad y la intersexualidad no tienen reconocimiento legal y son igualmente reprimidas.

Un hombre fue condenado, en septiembre de 2014, por homosexualidad; los motivos alegados (enlace en francés) fueron su profesión, peluquero de caballeros, y su inclinación por el Baileys, una “bebida para chicas”.

Las amenazas contra personas identificadas como miembros de la comunidad LGBTI se han multiplicado desde 2010 (enlace en francés).

Los defensores de los derechos de la comunidad LGBTI son víctimas de trabas que obstaculizan su acción, de chantaje y de persecuciones que pueden saldarse con un arresto arbitrario, o incluso, con una muerte violenta.

Los periodistas son arrestados con regularidad en nombre de la lucha contra Boko Haram.

Simón Ateba, un periodista camerunés, fue detenido el 28 de agosto de 2015 en un campo de refugiados de Minawao (enlace en francés), en el norte del país. Fue retenido durante cuatro días por los gendarmes. El periodista, que había acudido a investigar las condiciones de vida de los refugiados nigerianos, fue acusado de espionaje en favor del grupo de Boko Haram.

Ahmed Abba, un corresponsal de Radio Francia Internacional, fue detenido en Maroua el 30 de julio de 2015 (enlace en francés). Estuvo detenido e incomunicado durante más de tres meses (enlace en francés). El Tribunal Militar de Yaundé lo condenó a diez años de prisión por encubrimiento y por blanquear el producto de un acto terrorista.

La operación “Épervier” (“Gavilán” en español) se organiza desde 2006 para luchar contra los casos de corrupción. Gracias a la misma, se encarcela a numerosos dirigentes y políticos. Algunos de ellos denuncian una instrumentalización de la lucha contra la corrupción para mantenerlos alejados de las elecciones, principalmente de las presidenciales.

Las personas mayores no son objeto de ningún tipo de régimen de detención particular.

A veces se les separa del resto de la población carcelaria o se les confina en un espacio específico en medio de un pabellón superpoblado.

Los discapacitados mentales se encuentran, en general, separados del resto de los detenidos. No siempre están recluidos en establecimientos específicos, por falta de espacio. En la prisión central de Yaundé, un antiguo lavadero se ha convertido en pabellón de acogida para personas consideradas “locas”.

Los centros penitenciarios no cuentan con las infraestructuras adecuadas para acoger a discapacitados físicos.