Emplear en menor medida la prisión preventiva, reducir los plazos de la Justicia y, sin duda, reforzar los medios de control de la duración de la prisión preventiva.
Poner la Sanidad Penitenciaria bajo la tutela del Ministerio de Sanidad y establecer una cobertura médica con una red de médicos generalistas y especialistas.
Reforzar el seguimiento escolar de menores y jóvenes.
Democratizar el debate sobre el encarcelamiento y hacerlo llegar al público.
Formar y sensibilizar al personal penitenciario en Derechos Humanos.
