Todavía está en vigor la pena de muerte. No ha tenido lugar ninguna ejecución desde 1991, pero se sigue condenando a muerte: se produjeron 11 condenas en 2015 y dos en mayo de 2017. La ley antiterrorista de 2015 (en francés) introduce la pena de muerte como sanción en caso de ataque terrorista que conlleve la muerte de una o más personas.

El Código Penal de Túnez considera la cadena perpetua. Los crímenes graves como el asesinato son susceptibles de recibir esta condena. Los menores de edad no pueden ser condenados a cadena perpetua.

Casi todos los condenados a muerte que se encontraban presos en 2011, cuando tuvo lugar la revolución, vieron su pena conmutada por la de cadena perpetua.

La administración penitenciaria no publica cifras relativas a las muertes en prisión.

Las organizaciones que defienden los derechos humanos vigilan los casos de muertes sospechosas en la cárcel. Las investigaciones casi nunca obtienen resultados.

En caso de muerte violenta o por negligencia, casi nunca se acusa a la administración.

Cuando se presentan denuncias, se ponen impedimentos a los denunciantes o a sus familias. Por ejemplo, el juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de la ciudad de Túnez no permitió consultar el informe de la autopsia ni constituirse en parte civil a la familia de Sofien Dridi, muerto en circunstancias sospechosas en la cárcel de Mornaguia en septiembre de 2015.

La tortura se prohibió en 1999 al añadir el artículo 101bis al Código Penal. El artículo 103 del Código Penal considera los tratos crueles, inhumanos y degradantes como “violencia” y “maltrato”. La nueva Constitución de 2014 prohíbe formalmente la “tortura física o psicológica”.

La definición de tortura que ofrece el Código Penal tunecino no es la misma que la de los textos internacionales.

Solo se tienen en cuenta la intención de obtener confesiones o información y la discriminación racial para calificar un acto como tortura. No se consideran tortura los actos llevados a cabo con la intención de castigar, perpetrados sin objetivo alguno o basándose en cualquier otro tipo de discriminación. Esto obliga a las víctimas a poner denuncias por “violencia”.

Las penas en las que se incurre por amenazas, intimidación o daños morales son más cortas que aquellas por maltrato físico.

Según la ley, únicamente se puede considerar a los funcionarios y el personal asimilado como autores de actos de tortura o de maltrato, lo que excluye al resto de personas reclusas.

A estos límites legales se añaden límites prácticos, que llevan a la generalización de un régimen de impunidad para los agentes de las fuerzas del orden que cometan torturas y maltrato.

El sistema judicial es defectuoso, como demuestran la lentitud de los procedimientos judiciales, el ejercicio de presiones sobre los jueces y el entorpecimiento de las investigaciones por parte de la policía judicial. Los mecanismos de reclamación disponibles en las cárceles tunecinas se ponen en práctica con poca frecuencia ¹. Cuando las instrucciones llegan al juzgado, casi nunca se condenan los hechos.

Los exámenes forenses son un elemento fundamental de los expedientes relativos a casos de maltrato y de tortura. Sin embargo, se llevan a cabo en malas condiciones (por ejemplo, por médicos sin formación en la documentación de la tortura) o se realizan cuando ya es demasiado tarde para encontrar pruebas ². A veces los informes policiales ocultan la ausencia de informes médicos.

A menudo, las víctimas se enfrentan a presiones capaces de persuadirlas para que no denuncien. Las represalias pueden ser múltiples en la cárcel: traslado a una cárcel alejada del domicilio familiar, puesta en una celda de aislamiento, prohibición de recibir visitar, rechazo de traslado al hospital en caso de problemas de salud graves, golpes, etc. Se acusa a Wael C. de más de diez casos de desacato al funcionario tras haber puesto una denuncia por tortura contra un funcionario de prisiones en abril de 2011. Se le ha trasladado en numerosas ocasiones e impedido recibir atención médica en el hospital. También se ha agredido a su familia durante las visitas ³.

Las personas acusadas de terrorismo son particularmente vulnerables a los actos de tortura y de maltrato. Según un informe (en francés) publicado por Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura (ACAT) y Freedom Without Border: “recientemente se han multiplicado las denuncias de tortura por parte de reclusos que fueron detenidos en el marco de la lucha antiterrorista y sometidos a maltrato durante la custodia policial”. En cuestiones de terrorismo, la detención preventiva puede durar hasta 15 días. Se puede prohibir la visita de abogados durante un máximo de 48 horas.

Los actos de tortura o de maltrato tienen lugar con mayor frecuencia durante la custodia policial. Según el informe (en francés) de 2016 de los centros SANAD, unos centros de asistencia jurídica y social a las víctimas de tortura y maltrato que han ayudado a 171 víctimas entre 2013 y 2016, se imputan más del 80% de los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a las fuerzas de policía y guardia nacional. Solo se acusa a los vigilantes de seguridad de centros penitenciarios en un 15% de los casos. Al mismo tiempo, están cada vez más protegidos contra posibles procedimientos judiciales.

Las personas que ingresan en la cárcel a veces son víctimas de “palizas de bienvenida” por parte de otras personas reclusas y/o funcionarios de prisiones. La violencia también puede ser verbal o psicológica. Un antiguo recluso, tras el sufrimiento continuado de golpes en la cárcel, perdió la vista por culpa de las condiciones insalubres de la prisión y la falta de atención médica que facilitaron la inflamación. Fue golpeado contra las paredes en repetidas ocasiones y, sobre todo, la víspera de su liberación como “rito de salida”.

El hacinamiento constituye otra forma de maltrato. Puede conllevar privación del sueño, exposición a enfermedades contagiosas (por ejemplo, la sarna) y mucha violencia. Las instalaciones sanitarias son claramente insuficientes.

La salud mental de las personas reclusas no es objeto de una atención adecuada. Los presos y miembros del personal penitenciario manifiestan graves problemas ligados a trastornos psiquiátricos, tales como suicidios, automutilaciones y agresiones. Según un estudio llevado a cabo en 2012 por la ONG Ensemble contre la peine de mort (Juntos contra la Pena de Muerte. ECPM, por sus siglas en francés), los tratamientos se limitan a distribuir psicotrópicos.

Las autoridades recurren en exceso a la reclusión preventiva. En 2014, el 58% de la población carcelaria se encontraba en espera de juicio (en francés).

Desde junio de 2016, la duración legal máxima de la detención policial es de 24 horas para los delitos y 48 horas para los crímenes. Este período se puede renovar una vez. La duración es mayor en caso de terrorismo, hasta 15 días. La práctica más común tras una detención policial es la comparecencia inmediata. Entonces, el abogado de la defensa solicita un aplazamiento de la audiencia. Después, se pone al acusado en prisión preventiva en un centro de detención. Estos centros se encuentran bajo la autoridad de la policía y, por tanto, del Ministerio del Interior. Los centros de detención sufren cada vez más quejas por hacinamiento, condiciones de detención indignas, insalubridad, falta de atención médica y maltrato.

Se puede estar en prisión preventiva por un tiempo máximo, fijado por la ley, de seis meses. A esto se pueden añadir tres meses en un centro correccional u ocho meses en uno criminal. En el caso de los procedimientos criminales, los plazos de instrucción son extremadamente largos y exceden la duración legal que se puede estar en prisión preventiva. Algunas personas pueden llegar a esperar su juicio durante dos o tres años, incluso más. Los presos preventivos presentan denuncias con regularidad y organizan huelgas de hambre para solicitar la comparecencia ante un juez.

En la actualidad, las organizaciones que defienden los derechos humanos no han visto ningún caso de detención secreta. No obstante, se denuncia esta práctica por hechos pasados, particularmente cuando tuvo lugar el caso del Cheikh Charles Nicolle, hospital donde supuestamente se vio a un antiguo preso político mediático, declarado desaparecido. Al día de hoy, la investigación que se abrió en 2012 sobre la situación de este recluso y la existencia de cárceles secretas no ha dado resultado. Tras su visita a Túnez en 2010, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha antiterrorista afirmó que las personas sospechosas de terrorismo eran objeto de detenciones secretas con regularidad. Durante su visita en 2011, declaró que ya no tenían lugar detenciones no reconocidas. En mayo de 2017, en el marco de un caso de corrupción, siete personas (en francés) se encuentran bajo arresto domiciliario en un lugar desconocido, sin acceso a sus abogados ni a sus familiares.